Comunidades energéticas, la suma de fuerzas que democratiza la transición verde

Hace apenas unos días, el Miteco publicó la propuesta del Real Decreto para regular las comunidades energéticas. Se trata de una trasposición de la normativa europea de hace cuatro años que es por la que se rige actualmente la constitución de estas entidades. «En ella se establece la necesidad de tener una personalidad jurídica y tener un funcionamiento democrático, que no esté controlado por una empresa para eliminar especulación financiera. Puede haber excedentes pero deben ser compensados», afirma Rafael Larreina, presidente de la Red de Comunidades Energéticas, una cooperativa que agrupa 121 proyectos que benefician a cerca de 20.00 personas y cuentan con 6.400 kW de potencia instalada. Desde esta cooperativa no están conformes con el borrador del decreto porque «recoge la mentalidad de las grandes empresas».

Fenie, por su parte, asegura que el borrador define de forma vaga los parámetros para regular la comunidad eléctrica. «Miteco se ha precipitado porque la regulación establece los requisitos», apunta Jesús Román. Tal y como recuerda esta federación empresarial, el texto publicado a pesar de contener en el preámbulo, de forma explícita, que se ha de evitar la creación de figuras instrumentales por parte de sociedades incumbentes, «con la redacción actual del borrador, no se pone ningún obstáculo real a que esta situación se pueda dar», apunta Fenie. Este borrador está produciendo mucho rechazo en el sector una vez que «no se aprovecha el potencial, no define lo que se va a poder hacer según las categorías por distancias. Hay poca claridad», indica José María Yusta, director de la cátedra de comunidades energéticas en la Universidad de Zaragoza.

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A pesar de todo, esta modalidad no para de crecer. Un ejemplo es Sapiens Energía, una cooperativa valenciana pionera en diseño, ejecución y gestión de comunidades energéticas locales que cuenta con diferentes instalaciones de autoconsumo compartido en su región. «Además, a través de servicios de asesoría, ayudamos a municipios que quieran replicar nuestro modelo y las entidades que creamos son independientes», explica Juan Sacri, presidente de Sapiens Energía. Fundada por once socios, «el objetivo es que la energía esté en manos de las personas. Creamos una herramienta, que es la cooperativa, para que la gente que quiera pueda sumarse a una transición energética justa y de forma sencilla. Somos una entidad sin ánimo de lucro que no busca repartir dividendos», añade el responsable. Ya cuentan con 10 comunidades energéticas propias que suman 560 kW y han ayudado a crear otras 68. «Nos gusta trabajar mucho con los ayuntamientos. Son la primera línea de contacto para la ciudadanía. Es un referente en cuanto a generación de confianza y lo vemos como un elemento dinamizador», reconoce Sacri.

Para llevar a cabo un proyecto de esta índole realizan jornadas de dinamización social para explicar sus beneficios y contar casos de éxito. «Luego necesitamos tener una ubicación de autoconsumo compartido porque es la figura que la ley nos permite. Pero una comunidad energética va mucho más allá», reconoce. Realizan un estudio personalizado para ver qué parte de la instalación pueden asignar a cada interesado, en función de sus necesidades, y les informan del valor que deben pagar. «Normalmente recuperan la inversión en cuatro años y se ahorran al menos unos 250 euros por kW pero el año pasado el ahorro fue mucho mayor», explica el presidente de la cooperativa. Los interesados se hacen socios de Sapiens Energía y adquieren el usufructo de la parte de esa instalación durante 25 años.

Si bien la primera motivación de los socios es la económica, «también es importante la parte medioambiental y el hecho de participar en un proyecto colectivo», subraya. Normalmente tardan entre 4 y 6 meses para que estas instalaciones estén operativas y al ser inferiores a los 100kW se acogen a la compensación económica con su distribuidora. «Con este tamaño no tiene sentido darse de alta como vendedor para vender los excedentes porque añade una complicación a una entidad que no está profesionalizada», apunta Sacri. Por cada instalación de 100Kw participan entre 30 y 40 socios que invierten unos 2400 euros por 3kW con los que consiguen unos ahorros de entre 600 y 700 euros anuales.

En la compañía Senda trabajan en el desarrollo y en la estrategia de transición energética para empresas, pymes, ayuntamientos y asociaciones ciudadanos y se han especializado en comunidades energéticas. Como especialistas «nos encargamos de desarrollar todo el proyecto de principio a fin y es algo muy nuevo, integrador», indica Federico Mirenzi, responsable comercial de la firma. Llevan a cabo un estudio del potencial energético completo, se desarrolla el modelo jurídico y el económico para saber la inversión y la financiación. «Nosotros estamos abiertos a varios modelos, pero fomentamos el de autofinanciación para que los interesados no tengan que poner dinero. Postulamos los proyectos para las ayudas y se encuentra una financiación para terceros», explica Mirenzi. En una segunda fase, se materializa todo lo decidido en la primera y por último, «la gestión del ciclo de vida». Como señalan desde Senda, «creamos la comunidad para que pueda crecer a largo plazo» y así ser más autosuficiente.

Normalmente diseñan instalaciones con más de 100 kW para que puedan hacer uso de esos excedentes y «al ser una comunidad de energética van a poder participar en mercados locales de energía». Senda es la gestora del proyecto, pero no forma parte de él como socio y se crea un órgano de gobierno que toma las decisiones. «Se trata de agrupar una gran cantidad de gente, unas 700 familias, que entre ellas puedan generar y compartir la energía», resalta el responsable comercial. Son ejemplos de cómo la democratización de la energía ya ve la luz.