El comercio, ante el 23J: «El tope de precios sería devastador»

A lo largo de cerca de 40 páginas, que han sido consultadas por ABC, los empresarios del comercio se centran en una treintena de medidas que van desde la «mejora de la calidad institucional», como la reducción de cargas administrativas y burocracia, hasta la consideración del sector comercial «como estratégico», en base a puntos como las ayudas para la modernización del comercio.

«La situación que el sector comercio atraviesa en nuestro país actualmente es, cuando menos, difícil, con tasas de inflación históricas, fuertes subidas en los precios de la energía, transportes, combustibles, materias primas, materiales y alquileres, costes laborales, costes ambientales, costes tributarios, costes burocráticos y de cargas administrativas, y todo ello con márgenes de beneficio ajustados», sitúa el informe en antecedentes, insistiendo en que, hoy, «esta realidad se encuentra supeditada a decisiones normativas y a factores tales como la situación de Ucrania, la escasez de gas, o las sequías entre otros, y no se prevé que la situación mejore ni a corto ni a medio plazo».

En este contexto, los empresarios del comercio utilizan uno de los títulos del informe para pedir medidas «sensatas» para la inflación. Ahí, la comisión de la CEOE aprovecha el texto para defenderse de los ataques recibidos en los últimos meses, que han situado en ocasiones a las empresas de distribución como «responsables» del incremento de los precios de los alimentos.

«El comercio no se está viendo beneficiado de esta espiral de precios a la que asistimos. Somos víctimas de esta situación, ya que los márgenes se reducen porque los costes suben en mayor medida que los precios a los que vendemos, con la consecuente erosión de márgenes que eso supone para el sector», explica el informe, que continúa: «Compartimos la preocupación de la clase política por el efecto en los ciudadanos de las subidas de precios, especialmente en alimentación (donde está el gran foco), y por ello estamos haciendo un gran esfuerzo para hacer de dique de contención, y aplaudimos las medidas sensatas y eficaces impulsadas desde la Administración, como la bajada de IVA de alimentos básicos». La rebaja de este impuesto, que fue confirmada el martes, quedará en los próximos seis meses aplicada a los mismos alimentos que hasta ahora, pese a la petición de los empresarios sobre ampliarla a la carne y productos pesqueros.

Sobre las propuestas de Podemos y de la vicepresidenta Yolanda Díaz de topar los precios de los alimentos, la comisión de comercio de la patronal denuncia que «desde la responsabilidad demostrada como sector, vemos necesario advertir de la gravedad e impacto que podrían tener determinadas iniciativas que en algunos casos se han puesto encima de la mesa, y que sólo pueden ser fruto de un profundo desconocimiento de la realidad del mercado, como la imposición topes a los precios, que tendría un efecto devastador, reduciendo la disponibilidad de bienes, fomentando el mercado negro e incrementando el precio de estos, así como pérdidas económicas de los negocios y todas los eslabones de la cadena de producción, que se traducen en una alteración negativa de la estructura competitiva del mercado en sus diferentes formatos, en pérdidas de puestos de trabajo y en el cierre de empresas», alertan.

Los empresarios consideran, sin embargo, «sí sería conveniente apoyar otro tipo de iniciativas como las alianzas de compra, que han demostrado ejercer un rol clave en la lucha contra la inflación, permitiendo a mayoristas y minoristas negociar mejores precios que se trasladan al consumidor final», insisten.

La Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de la patronal nació en abril de 2019, «ante la necesidad de la patronal de tener una visión de los grandes retos a los que se enfrenta el sector del comercio en España y poder así contribuir a fortalecer el mismo». Está formada por 260 miembros que representan a más de 150 asociaciones territoriales, sectoriales y empresas.

Entre las propuestas de los comerciantes destaca la solicitud al Gobierno de que se replantee la moratoria al impuesto al plástico de un solo uso, cuyo impacto, apuntan, supone un coste de 690 millones de euros para toda la cadena. Piden su moratoria «hasta que otros países de la UE apliquen impuestos similares, dadas las negativas consecuencias económicas que ocasiona, la enorme inseguridad jurídica y los mayores costes».

 Además, la comisión de comercio de la CEOE pone el foco a las trabas que «restan la libertad de establecimiento», como son, explican, las licencias de apertura o los requisitos ambientales, de movilidad, de urbanismo, etc. «Hay empresas que han declarado tener que esperar hasta dos años para recibir licencia de apertura», recoge el informe.

Preocupa también la simplificación normativa. De hecho, los empresarios denuncian que un comercio en España se enfrenta a unas 3.000 normas, y que cada día se suman 2,7 normas nuevas al comercio. «Debemos contar con una regulación clara y simple, fácil de interpretar, que siga el principio de legislar menos, legislar mejor», apostillan.

Además del comercio, también el sector hostelero ha concretado sus propuestas de cara a la próxima legislatura, en materia de política económica y fiscalidad.

El comité ejecutivo de la patronal sectorial, Hostelería de España, pone sobre la mesa medidas como una «fiscalidad reducida», que a su juicio favorecerá el consumo en bares y beneficiará la creación de empleo, o la lucha contra la economía sumergida, «que supone una competencia desleal grave la para la industria de hostelería», insisten. Al margen de esto, consideran indispensable mejorar la imagen de la Formación Profesional para mejorar el empleo joven.