La CNMC investiga a la distribuidora eléctrica de Naturgy por posibles prácticas anticompetitivas
La compañía habría dado un trato preferente y discriminatorio a las incidencias y reclamaciones presentadas por ciertas comercializadoras entre 2021 y 2022
Naturgy asegura que UFD «cumple escrupulosamente» con la regulación y señala que colaborará «en lo que sea necesario» en la fase de instrucción
La Fiscalía se querella contra Naturgy por un «incremento abusivo de los precios» durante la pandemia
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación a la distribuidora eléctrica de Naturgy, UFD, por posibles prácticas anticompetitivas. En concreto, la CNMC ha comunicado que la investigación se centrará en UFD Distribución Electricidad, S.A., y sus matrices Holding Negocios Electricidad, S.A. y Naturgy Energy Group, S.A. (Grupo Naturgy) por supuestas conductas contrarias al artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC).
Según sospechan desde Competencia, la compañía habría dado un trato preferente y discriminatorio a las incidencias y reclamaciones presentadas por ciertas comercializadoras entre 2021 y 2022, en detrimento de terceras comercializadoras independientes. Así, UFD podría haber falseado la libre competencia en el mercado del suministro minorista de energía eléctrica y haber incumplido la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
Preguntados por el expediente, fuentes de Naturgy aseguran que UFD «cumple escrupulosamente» con la regulación y aplica «los mismos procedimientos en la relación que mantiene de forma continua y diaria con decenas de comercializadoras en el marco de su actividad como distribuidora eléctrica, sin aplicar ningún trato de favor ni beneficiar a ninguna en particular».
La compañía ha señalado que se pone a disposición de la CNMC para colaborar en lo que sea necesario durante la fase de instrucción.
La investigación se inició a partir de una serie de denuncias contra UFD por prácticas contrarias a la LDC, y de la información reservada que llevó a cabo la Dirección de Competencia (apartado 2 del artículo 49 de la LDC). Ante la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas, la CNMC inspeccionó dos sedes del Grupo Naturgy.
La incoación de este expediente, ha indicado Competencia, no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución. Las citadas prácticas podrían considerarse una infracción muy grave de la ley de competencia, con multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.
Entre el 24 y el 28 de abril y entre el 19 y 23 de junio de 2023, la CNMC inspeccionó las sedes de «varias empresas relevantes» del sector eléctrico, a raíz de múltiples denuncias recibidas sobre la presunta existencia de prácticas anticompetitivas en los mercados anteriores. Entonces, el regulador dio a conocer que estaba investigando la existencia de estas prácticas en los mercados de instalación de equipos y prestación de servicios de medida eléctrica; de comercialización de energía eléctrica, y de prestación de servicios energéticos y de instalación y operación de autoconsumo en España.
Querella de la Fiscalía
No es este el único conflicto que la gasista enfrenta ahora. Hace poco más de diez días, la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó una querella contra la empresa Naturgy Generación al considerar que cometió un delito con el «incremento abusivo de los precios de producción energética en la central térmica de ciclo combinado de Sabón 3 desde marzo de 2019 a diciembre de 2020, coincidiendo con la situación de crisis económica y social derivada de los efectos del COVID-19».
Entonces, el Ministerio público explicó que las diligencias practicadas habían revelado que la compañía «abusó de su posición dominante en el mercado eléctrico de ajustes técnicos, adoptando, de modo consciente y deliberado, una estrategia de ofertas a precios no equitativos y muy por encima de los resultantes de entornos de mayor competencia, obteniendo un beneficio injustificado de 43,2 millones de euros, que generó un sobrecoste para las entidades comercializadoras y, en último término, para los consumidores».
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