Cientos de ganaderos exigen 375 millones de euros a las empresas del cártel de la leche por daños

Todo esto, como punto de partida, pues tanto la cifra de demandantes como la del dinero en juego podría aumentar en las próximas semanas. Juan Camacho, letrado del despacho BGI Law –el que representa a los afectados–, explica a ABC que ninguna demanda ha sido presentada, así que los afectados aún tienen tiempo de adherirse. Ya han conseguido 900 ganaderos, pero los denunciantes potenciales son muchos; tantos como productores de leche hay en España.

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Todo empezó en 2019, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso sendas multas por un valor total de 80 millones de euros a los ocho fabricantes lácteos de los que se acreditó su participación en el cártel, en distintos momentos entre los años 2003 y 2013. Se les acusó de pactar los precios a pagar a los productores por la leche, ajustándolos a la baja.

Las empresas recurrieron las multas a la Audiencia Nacional, una jugada que les supuso una victoria a medias. La sala de lo contencioso-administrativo estimó parcialmente los recursos presentados por Central Lechera Asturiana, Danone, Puleva la y Asociación de Empresas Lácteas de Galicia por entender que algunos de los hechos investigados habían prescrito –lo que rebajará sustancialmente la cuantía inicial de las multas impuestas por la CNMC, pero sin embargo confirmó la existencia del cártel, cuestión central de las demandas.

Con la sentencia de la Audiencia Nacional en la mano, los 900 demandantes representados por el bufete BGI Law pretenden reclamar tres céntimos por litro –lo que se estima que se les dejó de abonar como consecuencia del pacto ilegal– por un total de 12.000 millones de litros de leche vendidos durante el período en que el cártel estuvo operativo. Según las estimaciones de los letrados, una explotación ganadera de unas 100 vacas podría recuperar unos 315.000 euros, que es lo que se estima que dejaron de percibir por culpa del cártel. A esto habría que añadir los intereses, que, teniendo en cuenta que el acuerdo anticompetitivo se prologó por 13 años, en algunos casos podrían hacer que las indemnizaciones se duplicaran.

No es la primera acción colectiva que se inicia por este caso. Hay otras que ya suman 7.000 afectados. Dada la cantidad de afectados, Camacho incide en la importancia de que las denuncias se canalicen a través de acciones colectivas. Según su experiencia, lo más importante es contar con un buen análisis pericial sobre la indemnización a percibir «La pericial es determinante en una reclamación de daños», destaca el abogado, recordando que se trata de un procedimiento donde el objeto no es determinar el daño sino cuantificar la indemnización a percibir.

«Los ganaderos se han quejado siempre de los precios y ahora tienen la oportunidad de ajustar cuentas y de demostrar que no se puede jugar con el futuro de un sector tan importante como es la ganadería», asegura Camacho, en relación a un caso que pone de manifiesto el desajuste existente en la cadena alimentaria.

Los expertos coinciden en que la fuerza negociadora de los agricultores está limitada por su tamaño, pues la industria está mucho más concentrada que los productores, la mayoría de los cuales son autónomos.

De hecho, y según denuncia el sindicato Coag, este año en el caso particular de la leche de cabra se ha pagado por debajo del precio de coste en muchos lugares de España, lo que ha desencadenado una situación que ha llevado a que más 5.340 explotaciones de caprino estén en riesgo de desaparición.