La CEOE responde a las amenazas de Yolanda Díaz de imponer las 37,5 horas: «Que vaya al Parlamento»

Mañana está previsto que el Ministerio de Trabajo presente un plan de ayudas directas para empresas de menos de cinco trabajadores, un plan, que según ha adelantado la propia Yolanda Díaz, será el último. De no ser aceptado por la organización empresarial legislará y, además, no habrá ayudas para las empresas. Este es un modo de proceder recurrente en el Gobierno. Si las empresas aprueban las reformas que se presentan y se hacen la foto, hay ayudas para desarrollar las normas, de lo contrario, las ayudas son menores o, sencillamente, no existen.

Ocurrió con el mecanismo de equidad en la reforma de pensiones, cuando el rechazo de la patronal a la subida de cotizaciones provocó que el exministro Escrivá cargará más porcentaje de subida de cuotas a las empresas del previsto inicialmente. Ahora Díaz amaga con hacer lo mismo, suprimiendo esa red de apoyo a las micropymes si CEOE no pasa por el aro.

En sus horas más bajas, tanto en el Gobierno como en su propio partido Sumar, y con caída estrepitosa de su popularidad, como ha reflejado en el CIS de Tezanos, la reducción de jornada hasta las 37,5 horas es una tabla a la que agarrarse, su medida estrella en esta legislatura. Pero el rechazo de la patronal ha trastocado sus planes.

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Susana Alcelay

Un 'café para todos' que la organización que dirige Antonio Garamendi rechaza de plano por entender que la jornada es materia exclusiva de la negociación colectiva y que, por lo tanto, supone una injerencia en los convenios. Avisan de que la implantación de la semana laboral que defiende Trabajo abriría en canal todos los convenios, tanto si han cumplido su vigencia como si no para imponer las nuevas reglas, un caos que obligaría a abrir 4.000 mesas de negociación. La patronal pide que se respete la vigencia de los convenios, que se tengan en cuenta los sectores y, en definitiva, pide un tiempo de adaptación. En ningún caso una medida de aplicación inminente y por ley como se pretende.

El propio Garamendi reclamó hace unos días que cesara el intervencionismo político. «La política decide que ahora baja la jornada, es decir intervencionismo», dijo. Pidió «un respeto real a la negociación colectiva» y a los sindicatos que «estén en su sitio», además de explicar defienden a las pymes «que son las que no entienden en ningún caso esta medida, porque son las que realmente están en el día a día».

Las empresas, por tanto, no firmarán el acuerdo en los actuales términos y han invitado a Díaz ir con su modificación normativa al Parlamento si tiene claro que prosperará. Pero ocurre que la vicepresidenta segunda aún no tiene amarrados los apoyos, parte del PSOE no comparte ahora el pacto al que llegó con Sumar, y los nacionalistas vascos y catalanes no se han manifestado de forma clara. El PNV desconcertaba a los agentes sociales hace unos días tras anunciar su inesperado apoyo a la rebaja de jornada para rectificar poco después tras el revuelo generado, sobre todo en la patronal, y puntualizar que apoyaría esa rebaja de la semana laboral si iba precedida de un pacto con empresarios y sindicatos. No es la primera vez el partido de Andoni Ortuzar insiste en que la rebaja de la semana laboral no tendría gran repercusión en el País Vasco porque la mayoría de los convenios colectivos ya recogen las 37,5 horas a la semana.

En cualquier caso las formaciones catalanas y vascas mantienen un estrecha relación con el sector empresarial, lo que ha hecho que la ministra de Trabajo también transite por este camino para intentar garantizar los apoyos parlamentarios. Como ya informó ABC, en un reciente viaje a Barcelona, la vicepresidenta se reunió con las patronales Fomento y la independentista Pimec para que intercedieran ante Junts, cuyos votos vuelven a ser determinantes, para que apoyará sus planes. De Cataluña se fue con un no rotundo y con fuertes críticas a sus planteamientos, también de Pimec, muy cercana a Junts, que habría comunicado a Fomento su negativa a los planes del Gobierno. El movimiento de rechazo incluiría a Podemos, que ya ha calificado la iniciativa de poco ambiciosa, y a ERC, formación que ha avisado de que no apoyará la reforma de Yolanda Díaz si no limita el trabajo nocturno y los turnos rotatorios.

El escenario de inestabilidad vuelve a repetirse. No sería el primer caso en que la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición ha frustrado algunas iniciativas, y ha logrado bloquear en cierta manera su agenda legislativa. Ocurrió el pasado enero cuando Unidas Podemos tumbó en el Parlamento la reforma del desempleo.

El acuerdo a tres bandas, por tanto, está hoy muy lejos. En un claro ultimátum, Trabajo se presentará mañana en la mesa de negociación con un nuevo plan bajo el brazo en lo que parece que será la «última oferta» que hará el Gobierno a los agentes sociales. A partir de ahí el recorte horario se aprobará «con o sin acuerdo»; el departamento que dirige Yolanda Díaz no demorará más el cambio legislativo y aprobará una nueva reforma del Estatuto sin consenso con los agentes sociales.

Las empresas están alertando del impacto en sus negocios de recortar por ley la jornada. Cepyme calcula que la rebaja hasta 37,5 horas afectará, en mayor o menor medida, a tres de cada cuatro asalariados (unos 13,5 millones de trabajadores) y cifra en unos 42.400 millones los costes directos e indirectos para atender esa exigencia legal en 2025.