El campo esquiva la reforma laboral y podrá recurrir a los contratos temporales

El cambio ha llegado vía una enmienda presentada por el Partido Popular –con el apoyo de Junts– a la Ley del Desperdicio Alimentario. Tras el 'ok' en fase de comisión, el pasado 19 de diciembre los socialistas trataron de frenar la medida en el pleno de la cámara baja mediante un voto particular, pero los votos en contra de los populares, Vox y Junts –y la abstención del PNV– salvaron el cambio. Una vez validado en el Congreso, el proyecto de ley tiene que pasar al Senado, donde con toda seguridad quedará definitivamente aprobado porque allí el PP tiene mayoría.

Esta fue una de las tantas enmiendas que matizaron la ley del desperdicio alimentario, el proyecto 'estrella' del Ministerio de Agricultura esta legislatura. Algunas referían 'stricto sensu' a la sostenibilidad alimentaria, como la exención a los pequeños comercios de tener que donar los desechos o la eliminación del IVA para las donaciones de alimentos. Otras no, como esta modificación del Estatuto de los Trabajadores.

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No es la primera vez que la votación de una ley se usa para aprobar reformas que nada tienen que ver con el contenido de la misma, cosa que se ha convertido en uso habitual en el parlamentarismo español. En este caso, la enmienda se justificaba «para evitar que la falta de mano de obra para recoger la producción aumente el desperdicio».

No importa el color del gato si caza ratones. Por la puerta de atrás, el campo se ha anotado una pequeña victoria, y últimamente no las recibía. Envejecimiento, concentración de tierras, precios, burocracia, tratados de libre comercio –léase, Mercosur–... A estos problemas, añádase el de los costes laborales, que se han acrecentado con la subida del salario mínimo y la reforma laboral.

Aprobada en 2021 por el departamento que dirige Yolanda Díaz, la mencionada reforma eliminó el contrato por obra y servicio –el que más usaban los agricultores– y redujo notablemente los casos en los que se pueden formalizar contratos de duración determinada, tanto que prácticamente desaparecieron. De hecho, ese era el objetivo de la reforma.

El trabajo eventual quedó reducido a las situaciones de interinidad o a lo que se conoce como 'circunstancias de la producción'. En este último grupo solo entran aquellos casos en los que se dé un aumento ocasional e imprevisible de la producción en una empresa, caso en que se autorizan contratos de seis meses, o aquellos en los que se dé un aumento de la producción «ocasional, previsible y de duración reducida y claramente determinada», en cuyo caso se permiten contratos no-consecutivos de un máximo de 90 días.

En teoría parecería que los dueños de las explotaciones podrían recurrir a este último modelo para salvar el empleo temporal –durante un tiempo hubo dudas–, pero no fue así porque las campañas agrícolas nunca son previsibles. Durante los tres años que la norma ha estado en vigor los agricultores se han visto obligados a tener a los jornaleros en régimen fijo o fijo discontinuo, a pesar de que solo los necesitan durante un tiempo breve.

Según explica a ABC Juanjo Álvarez, portavoz de la organización agraria Asaja, esto multiplicó los costes de producción y generó un sinfín de contratiempos. El modelo de fijo discontinuo, asegura Álvarez, es incompatible con las campañas –sobre todo en la fruta–, que por naturaleza son estacionales e imprevisibles. Muchos productores se ven obligados a recontratar porque, de una recolecta a otra, el personal muchas veces es ilocalizable. Esto ha generado una acumulación de contratos fijos en las empresas «que solo sirve para que el Gobierno maquille las cifras del empleo temporal», denuncia Álvarez.

Pues bien, la enmienda aprobada ahora en el pleno modifica el Estatuto de los Trabajadores para que las empresas puedan «formalizar contratos por circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada, incluidas las campañas agrícolas», se lee en el texto.

El redactado es claro, pero, como ya se ha mencionado, tras la última reforma laboral durante mucho tiempo hubo confusión entre los agricultores, que no sabían si las campañas entraban en la categoría que justifica el empleo de alguien 'por circunstancias de la producción'. Fue la Inspección de Trabajo la que acabó resolviendo en favor del modelo de fijos, y no se puede descartar que el Gobierno trate de reinterpretar el redactado de la norma esta vez. Asaja da por sentado que el cambio está cerrado, pero desde COAG piden que Trabajo aclare las dudas que pudieran surgir.

De hecho, desde esta organización agraria llevan tiempo exigiendo que se establezca una mesa de interlocución permanente entre el sector y el Ministerio de Trabajo, una que habría evitado confusiones como las que se dieron en 2021. «No puede ser que nos enteremos de las cosas por el BOE», explica a ABC Andrés Góngora, portavoz de esa organización.

A partir de ahí, hay cierta división entre los representantes agrarios. COAG se muestra favorable al mantenimiento de los contratos fijos discontinuos, mientras Asaja está frontalmente en contra. Para esta organización, la próxima batalla será conseguir que los contratos temporales se extiendan a 120 días. También, la oposición a la reducción de la jornada laboral que pactaron hace unos días los sindicatos y el departamento que dirige Yolanda Díaz, que según Juan José Álvarez, responsable laboral de Asaja, «es una subida encubierta de los costes».