Una reforma legal de Yolanda Díaz obligará a pagar más impuestos a unos 100.000 parados

El origen del desaguisado está en el real decreto de reforma del subsidio por desempleo aprobado no sin dificultades -Podemos tumbó la primera intentona- por el Ministerio de Trabajo el pasado mayo y, en concreto, en la disposición que reforma el artículo 299 de la Ley de Seguridad Social, el que regula las obligaciones de trabajadores, solicitantes y beneficiarios por desempleo, para establecer una nueva: «presentar anualmente la declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas».

El cambio, que ha pasado desapercibido durante meses, fue puesto en el foco esta semana por el diario Expansión, e implica principalmente que todos los perceptores de una prestación o un subsidio por desempleo tendrán que presentar la declaración de la renta para continuar percibiendo esa ayuda. Esto se deja muy claro en la norma, que presenta esta cautela regulatoria como una herramienta para un mejor control del requisito de rentas a cumplir para ingresar las prestaciones y subsidios por desempleo, de forma que la información que se proporciona en principio a través de una declaración responsable se contrastará después con la de la declaración tributaria. La norma también fija que el no cumplimiento de esta norma supondrá la suspensión automática de la prestación.

«Es lo mismo que sucede con otras prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital. Se introduce la obligación de presentar la declaración, pero esto no significa que los parados tengan que pagar si no llegan al mínimo exento«, se justifican desde el Ministerio de Trabajo. Algo similar dijo la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, el jueves en la presentación de sus propuestas fiscales para los Presupuestos. »Es una mera obligación documental«. Pero no es exactamente así.

Años y años de retoques y parches han convertido al IRPF en un tributo de funcionamiento complejo y en algunos casos directamente anómalo. El inspector de Hacienda Francisco de la Torre y el economista y consultor de organismos como el Banco Mundial Carlos Victoria demostraron hace poco más de un año en un informe para Esade que, en el caso concreto de las rentas bajas, la distancia entre no tener la obligación de declarar y tener que presentar la declaración de la renta se puede contar en cientos de euros.

El informe, que analizaba el impacto fiscal de la inflación en las rentas más bajas y la situación creada tras la rebaja de IRPF del Gobierno a las rentas inferiores a 21.000 euros, advertía de que la subida de 14.000 a 15.000 euros del umbral por debajo del cual no hay obligación de retener se traduciría en un menor número de declarantes ya que «si presentasen la declaración, no teniendo la obligación de hacerlo, tendrían que pagar varios cientos de euros«.

¿Por qué? Por lo que denominan como la doble tarifa del Impuesto sobre la Renta. Un contribuyente que gane 15.000 euros en un ejercicio no tiene obligación de declarar y no se le retiene, y por tanto paga cero euros por IRPF. Pero si gana esa misma cantidad, pero ha tenido dos pagadores y tiene que presentar la declaración se le aplica la tarifa correspondiente y tendrá que abonar al Fisco unos 387 euros, según los parámetros vigentes para la Campaña de Renta del ejercicio 2022. «Y esto», explica Francisco de la Torre, «ocurre del mismo modo hasta los 22.000 euros», donde está establecido el umbral que permite no presentar la declaración de la renta si no has tenido dos pagadores.

Los autores del informe avanzan una posible solución: la introducción de una deducción fiscal de nuevo cuño que cierre la diferencia entre la cuota resultando por la aplicación de la tarifa correspondiente de IRPF y la retención que correspondería, de forma que se garantice que dos contribuyentes con un mismo nivel de renta paguen lo mismo en impuestos con independencia de que tenga la obligación de presentar la declaración o no.

Ocurre que muchos beneficiarios ocasionales de prestaciones por desempleo ya tenían la obligación de declarar ahora porque aunque no llegaran a ingresar los 22.000 euros anuales que obligan a hacer cuentas con Hacienda sí o sí, recibieron durante sus meses de inactividad más de 1.500 euros en subsidios por desempleo, el segundo pagador, lo que según la legislación tributaria ya les obligaba a presentar la declaración de la renta.

Sin embargo, según las estadísticas oficiales de la Agencia Tributaria, a la altura de 2022 había en torno a un millón de personas, entre desempleados para los que la prestación o el subsidio fue su única fuente de renta en el año (890.000), asalariados de rentas bajas que ingresaron menos de 1.500 euros ese año por el paro y pensionistas que también cobraron una renta inferior a esa cuantía por desempleo, que no tenían hasta ahora obligación de declarar y a los que este reajuste les obligará a hacer la Renta de 2024.

No todos ellos caerán en esta trampa fiscal tendida de forma involuntaria por el Ministerio de Trabajo. La aplicación de la reducción por rendimientos del trabajo, de 7.302 euros en 2024; y el juego de los mínimos por contribuyente o familia (de 5.550 euros en adelante) evitarán el palo fiscal a los que declaren rentas por debajo de 13.000 euros. Una aproximación realizada a partir de esos mismos datos oficiales sitúa el universo de potenciales afectados en torno a los 100.000, que en gran medida tendrán que asumir una factura de «varios cientos de euros» por IRPF.

Yolanda Díaz reclamaba este jueves la necesidad de que todas las personas que perciben una renta hagan la declaración de IRPF, y no solo por tener control de esas rentas desde la administración tributaria sino también para facilitar la aplicación de ayudas sociales, como ya sucede en otros países.

No es un planteamiento novedoso. Desde el Ministerio de Hacienda también se tiene este objetivo en el punto de mira, si bien fuentes del departamento aseguran a ABC que «queremos hacerlo, pero cuando lo hagamos lo haremos bien«. En los últimos años, el Gobierno ha extendido esa obligación a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, a todos los trabajadores por rendimientos de actividades económica y ahora a los desempleados. La ofensiva ha servido para cerrar en parte la brecha entre los más de 29 millones de personas que declaran rentas en España (ver gráfico) y los apenas 23 millones que presentan la declaración de la renta.