Calviño abre la puerta a que el Estado pague los laudos de las renovables en contra del criterio de Ribera

Esta postura choca frontalmente con la que mantiene desde hace años la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que se opone rotundamente a abonar los laudos dictados por diversas cortes de arbitraje internacionales y que suman ya 1.200 millones de euros, cantidad a la que habría que sumar unos 250 millones por intereses y costas. Su principal argumento es que el pago de las indemnizaciones podría considerarse ayudas de estado.

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Javier González Navarro

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Las citadas fuentes han explicado a ABC que «el discurso de Asuntos Económicos es muy distinto al habitual de la Abogacía del Estado, que sigue en sus trece de no pagar a pesar de acumular numerosas derrotas en los arbitrajes". Y recuerdan que cualquier acercamiento a Teresa Ribera »ha sido imposible".

Desde el Ministerio de Asuntos Económicos han reconocido a este periódico los contactos con algunos de los inversores afectados, "pero eso no se debe de interpretar como un cambio de criterio, ya que el Gobierno mantiene una posición única en este asunto".

La postura receptiva de Asuntos Económicos responde a varios motivos. Por un lado, la imagen de España se está viendo muy dañada por ser el país con más laudos impagados del mundo, superando incluso en los últimos meses a Venezuela. Imagen que se va a poner a prueba de forma inmediata al acceder nuestro país a la presidencia del Consejo de la UE.

Además, hay que subrayar que Pedro Sánchez anunció la semana pasada como una de las prioridades de la presidencia del Consejo el avanzar en la transición ecológica y la adaptación medioambiental, lo que permitirá ahorrar hasta 133.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles de aquí a 2030, al tiempo que hará más competitivas a nuestras empresas creando, en el camino, cerca de un millón de empleos sólo en esta década.

Asimismo, el Tesoro Público está preocupado porque la deuda soberana española ha entrado técnicamente en 'default', por primera vez desde 1936, porque uno de los inversores afectados ha intervenido cuatro emisiones realizadas por el Estado por valor de 910 millones de euros, según adelantó este periódico.

Fuentes jurídicas añaden que una vez que los laudos están derivando en la solicitud de embargos de bienes del Estado en el extranjero, como la sede del Instituto Cervantes en Londres, de sus cuentas, de activos de Navantia en Australia y de la indemnización del Prestige, entre otros, la nueva situación legal escapa a las competencias directas de Teresa Ribera.

No obstante, esta ministra y vicepresidenta tercera del Gobierno, ha contado hasta ahora con el total apoyo del presidente Pedro Sánchez, a quien enseñó en su día lo poco que sabe de energía. Prueba de ello, es que la ha situado en el número 2 en la lista del PSOE de Madrid.