Los butaneros, a la espera de la nueva propuesta del Gobierno antes de ir a la huelga indefinida

El calendario de movilizaciones se agotó sin que hubiera acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica, así que el pasado martes la junta directiva de la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (Fedglp) acordó proponer la huelga indefinida en una Asamblea Extraordinaria que convocarán a finales de febrero. Esto equivaldría a detener el reparto de butano en nuestro país -exceptuando servicios mínimos-, pues Fedglp representa a los distribuidores de Repsol, que tiene una cuota de mercado de más del 80%, y además cuenta con el apoyo de las empresas que trabajan con la antigua Cepsa.

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Según han explicado a ABC fuentes de Fedglp, el sector se ha visto obligado a tomar esta medida, dura, pero la única que ven viable para salvar un negocio que por ahora aseguran que es deficitario.

Así las cosas, la pelota está en el tejado de Transición Ecológica, que en estos momentos espera la publicación de un informe de la CNMC para proponer una nueva modificación -o no hacerlo y mantener la que ya propusieron en noviembre- de la Orden IET/389/2015, que es la que en nuestro país establece lo que los distribuidores perciben por bombona.

Para contextualizar el caso, hay que explicar que a pesar de que el precio de la bombona de 12,5 kg (la clásica) esté regulado, nada tienen que ver las tarifas que perciben los distribuidores con las que pagan los consumidores. Es decir, que la retribución que reciben las agencias distribuidoras es independiente de las modificaciones bimensuales del precio de la botella, pues están subcontratadas por las operadoras. Y para los que teman que todo esto redunde en un aumento de precios para el consumidor, desde Fedglp recuerdan que con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 11/22 de protección de los consumidores ante la crisis energética, el Gobierno congeló el precio máximo de venta de la botella en 19,55 euros, de modo que la actualización que pide el sector mantendría el mercado español como el más económico de Europa, aseguran desde Fedglp.

Exactamente, la patronal exige una retribución de 4,80 euros por bombona en lugar de la media de tres euros que se abonan actualmente. Y para llegar a ese mínimo exigen que se reforme la Orden IET/389/2015, que tal y como está redactada prevé una actualización automática anual que en 2024 quedó en un incremento de 0,01 euros por botella, poco menos que una cantidad irrisoria.

Coincidiendo con el arranque del primer calendario de paros, en noviembre de 2024 el Ministerio, que según fuentes consultadas por ABC reconoce que dicha orden necesitaba de una revisión, publicó un borrador para la reforma de la Orden ministerial de marras, que llevaba diez años congelada.

Según el Ministerio, el borrador mejoraba una propuesta previa de la CNMC, incorporando costes como personal, conservación, mantenimiento o arrendamientos, que el regulador originalmente no contempló. También, otros elementos reclamados por el sector, como un aumento hasta las 72 horas del plazo máximo de entrega de las botellas -útil en zonas rurales-, la revisión de los costes de comercialización del año anterior para que se puedan actualizar cuanto antes y las empresas se puedan adaptar, y la propuesta de que la CNMC revise la fórmula de cálculo del precio de las bombonas de 12,5 litros cada seis años, empezando en 2026.

Con todo, el aumento propuesto en ese borrador quedaba en un 4,5%, pasando de 15,93 euros por unidad a 16,65 euros. Es decir, el incremento propuesto por el Ministerio sería de 72 céntimos por bombona. Una vez descontada la parte que corresponde a los operadores -léase, las petroleras, que son las que subcontratan los servicios de distribución-, para los distribuidores quedaba en un aumento de 0,30 euros por unidad, lejos de los 1,80 euros que piden. Bien es cierto, como ya se ha dicho, que el precio que perciben los distribuidores depende del acuerdo al que hayan llegado con las operadoras, pero lógicamente dependerá de la tarifa que fije el Ministerio.

Así las cosas, la patronal de la distribución no aceptó la modificación y tanto esta como las operadoras presentaron alegaciones. La CNMC, por su parte, redactó un informe técnico con recomendaciones que no son de obligado cumplimiento por parte del Ministerio. Se espera que el Ministerio haga pública su propuesta una vez tenga el informe de la CNMC, y si a la patronal no le gusta, propondrá la huelga a las empresas representadas en la asamblea. Según confirman las fuentes consultadas, en ese caso el voto sería favorable.