La burocracia, el muro insalvable para aumentar plantilla en las empresas pese a la ley Crea y Crece
Los expertos valoran que la normativa exima a la vivienda habitual y los bienes de equipo de la responsabilidad patrimonial
ATA denuncia que la morosidad de la Administración con los autónomos propaga el endeudamiento en el colectivo
Moncloa aumenta la burocracia para acceder a fondos europeos y excluye a las pymes con pagos pendientes
La ley Crea y Crece recientemente aprobada en el Congreso estaba llamada a dar un impulso definitivo al tejido productivo español, caracterizado por su elevado volumen de pequeñas y medianas empresas y por un cantidad casi anecdótica de compañías de gran tamaño en términos de plantilla. Sin embargo, empresarios y expertos coinciden en advertir que la medida puede quedar justo a la mitad del objetivo.
Si bien la mayoría de los afectados por la nueva ley coinciden en enumerar los aspectos positivos de la regulación: simplifica y abarata el proceso de creación de una sociedad, limita la responsabilidad patrimonial del empresario y fomenta la lucha contra la morosidad con la implantación de la facturación electrónica obligatoria para pymes y autónomos.
Sin embargo, la nueva regulación deja con mal sabor de boca a muchos expertos del sector. Así quedo plasmado en las intervenciones de los ponentes en la jornada celebrada este lunes por el Consejo General de Economistas (CGE) sobre 'Novedades de la Ley Crea y Crece'. «Se avanza en la creación pero no se avanza en el crecimiento, en ganar tamaño», apuntaba durante la inauguración del acto el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
«Existen trabas al crecimiento empresarial, trabas a la creación de empleo. y barreras de territoriales«, critica el representante de los trabajadores por cuenta propia señalando que »en España hay muchas empresas de nueve trabajadores y pocas de diez, muchas de 49 trabajadores y un salto enorme hacia abajo en las de 50 trabajadores«.
Cabe recordar en este punto que es una reivindicación de pymes y autónomos desde el nacimiento de la ley que la normativa no regula los frenos al crecimiento de las empresas, al menos para su plantilla, como por ejemplo la obligatoriedad de impulsar un comité de empresa a partir de los 50 trabajadores o la imposición de tener potentes gabinetes jurídicos para atender la labores administrativas. Por ejemplo, al ser considerada una sociedad como gran empresa se la obliga a la presentación mensual de los modelos tributario, como la liquidación del IVA.
Evitar la 'muerte civil' de los empresarios
Por su parte, la decana presidenta del Colegio de Registradores de España. María Emilia Adán, señalaba la importancia del reconocimiento de la figura del emprendedor de responsabilidad limitada. «Ya ha dado sus frutos y se están negando embargos de vivienda habitual. Se evita su 'muerte civil'», celebra la experta en la materia como uno de los avances más notables que incorpora la ley Crea y Crece.
Cabe recordar que la figura de emprendedor de responsabilidad limitada se refiera a aquella persona física que ejerce una actividad económica o profesional por cuenta propia, personal y directa, y sobre la que se aplican ahora unas excepciones a la hora de responder con su patrimonio o el de terceros ante deudas y embargos.
Así, desde la entrada en vigor de la ley hace escasos meses, no responderá el empresario ante sus acreedores ni con la vivienda habitual si esta no supera los 300.000 euros de valor ni tampoco por los bienes de equipo siempre y cuando estos se encuentren debidamente notificados en el registro de bienes muebles.
Más allá, el secretario técnico de EC-CGE, Jorge Capeáns, apunta como aspectos relevantes para los empresarios que se acogen a este nuevo paraguas de emprendimiento, que aunque se reduce el capital social mínimo para el alta de la sociedad de 3.000 euros a un euro «hay que aportar un 20% de beneficios en la reserva legal hasta llegar a esos 3.000 euros».
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Y explica que uno de los requisitos es la implantación de la facturación electrónica, cuyo no uso estará multado con hasta 10.000 euros, como vía para combatir la morosidad. «Respecto al periodo medio de pago todas las sociedades mercantiles deben informar en sus memorias. Se amplía ahora la información que hay que dar y esto tiene importancia por la ley de subvenciones ya que las que superen 30.000 euros de subvención tienen que cumplir con periodo de pago», advierte Capeáns.
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