Bruselas exige al Gobierno medidas «creíbles» para reducir los altos niveles de déficit y deuda de España

La Comisión da por hecho que España retirará las medidas discrecionales aprobadas para amortiguar el golpe de la inflación, «como la reducción del IVA del gas y la electricidad, las subvenciones al sector primario y del transporte o los subsidios a los hogares para rebajar la factura del gas», para tratar de aproximar el déficit al objetivo del 3% del PIB en 2024, aunque las estimaciones de los funcionarios de Bruselas es que aún en ese caso ese objetivo no se alcanzará y el déficit quedaría en el 3,2%.

Esa previsión puede plantear las primeras fricciones con la Comisión del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, ya que el presidente se comprometió en el discurso de investidura a mantener algunas medidas con un coste presupuestario significativo como la rebaja del IVA de los alimentos o las ayudas para rebajar el precio de los abonos de transporte.

En líneas generales, la Comisión ha realizado en su evaluación del plan presupuestario español una valoración positiva de la hoja de ruta marcada por el Gobierno porque incluyen la retirada de esas ayudas. Bruselas espera que la no prórroga de esas medidas libere recursos que permitan reducir el gasto público y por tanto el déficit de 2024.

Las previsiones de la Comisión Europea estiman que el déficit español cerrará 2024 en el 3,2%, por encima del límite del 3% que permite evitar el procedimiento de déficit excesivo, y que se ensancharía hasta el 3,4% en 2025 en ausencia de medidas adicionales de ajuste. Bruselas calcula asimismo que la deuda pública se situará en el 106,5%, también por encima del 60% que marcan las reglas fiscales europeas, lo que a juicio de los funcionarios de la Comisión configura un panorama «muy difícil».

Ante esta situación, la Comisión insiste al Gobierno de España en la necesidad de formular «una estrategia fiscal creíble» a medio plazo. El informe adelanta que en primavera la Comisión abrirá un expediente a los países cuyo déficit se sitúe por encima del 3%, entre los que se cuenta España que tiene previsto cerrar este ejercicio con un desequilibrio de entre el 3,9% y el 4,1%, y que tomará las medidas necesarias sobre el procedimiento sancionador. Una amenaza poco intimidante, si se tiene en cuenta que la Comisión estará en sus últimos días de mandato.

Las previsiones de la Comisión apuntan a que en ausencia de un plan de consolidación fiscal de medio plazo el déficit español se estabilizará por encima del 3% del PIB, que es la frontera de la que las normas fiscales europeas exigen bajar para evitar caer en el marco de supervisión reforzada de las cuentas pública, y que la deuda no bajará del 106% del PIB.

El informe de sostenibilidad de las cuentas públicas que Bruselas también difundió ayer sitúa a España en el grupo de seis economías europeas con un nivel de deuda por encima del 100% (con Grecia, Italia, Portugal, Francia y Bélgica), pero como la cuarta economía más expuesta a una eventual nueva subida de los tipos de interés y por consiguiente como una de las que están en una situación de riesgo alto por la vulnerabilidad de sus cuentas.

La Comisión considera no obstante que el plan presupuestario está en línea con las recomendaciones europeas, ya que se ajuste al límite máximo de evolución del gasto primario establecido por la Comisión, cosa que no sucede en el caso de todos los países. Finlandia, Francia, Croacia y Bélgica son los que, de entrada, han enviado presupuestos que se calcula que van a estar fuera de los límites y a los que la Comisión les acabará pidiendo acciones concretas para corregirlo. En el caso de Italia, Letonia, Holanda, Alemania, Malta, Portugal, Luxemburgo y Eslovaquia, la Comisión ya les ha pedido algunas correcciones parciales.

La semana pasada, en la presentación de las previsiones de otoño, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, reconoció ser consciente de la tensa situación política en España. "Respecto a la polarización -dijo- tengo que decir que esto no es completamente nuevo en la reciente dinámica en España. Lo hemos visto también en Bruselas, en el Parlamento Europeo, y respetamos el hecho de que hay diferentes tradiciones sobre este punto de vista".

La Comisión entiende que la situación española permanecerá bajo las mismas coordenadas salvo que el Gobierno de Pedro Sánchez acepte llevar a cabo rotundos recortes de gasto. Por ello y a pesar de que reconoce que el plan presupuestario que ha enviado el Gobierno "está en línea con la recomendación europea", Gentiloni ha insistido en recordar que "la situación fiscal subyacente es difícil y claramente será necesario establecer una estrategia fiscal creible a medio plazo".

En el informe publicado ayer, la Comisión recuerda que en verano, el Consejo ya recomendaba a España que más allá de 2024, España debería seguir aplicando una estrategia fiscal a medio plazo de "ajuste gradual y consolidación sostenible, combinada con inversiones y reformas conducentes a un mayor crecimiento sostenible, para lograr una posición fiscal prudente a medio plazo", pero el plan presupuestario que le han enviado no incluye proyecciones presupuestarias más allá de 2024.

Ese déficit ya ha sido puesto de manifiesto a nivel doméstico por instituciones por el Banco de España o la Autoridad Fiscal que llevan más de dos años reclamando una ruta de consolidación fiscal que calme a los inversores.