Bruselas reafirma su aviso a España: «Hay que garantizar la sostenibilidad de las pensiones»

El asunto es que esta vez el mensaje se lanza después de que los técnicos de la Comisión hayan mantenido una prolongada reunión con los responsables del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para conocer el estado de situación de la reforma de las pensiones, los resultados de las medidas ya aprobadas, los planes del Gobierno para las que están pendientes y las estimaciones sobre los que éstas pueden aportar.

El balance del encuentro que realizó el pasado martes el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, redujo las discrepancias con Bruselas a cuestiones «técnicas» y sugirió que no significarían un gran problema a la hora de superar la evaluación definitiva de la reforma.

Fuentes de otros actores que también se han reunido con los técnicos de Bruselas estos días elevan el calado de la discrepancia. No solo porque afecta al mecanismo estrella ideado por Escrivá para resolver las amenazas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), sino porque hace referencia a la esencia misma del mecanismo.

El ministro de Seguridad Social ha intentado evitar a toda costa que el mecanismo establezca un sistema automático de ajuste cuando los ingresos por cotizaciones sean inferiores al gasto en pensiones contributivas, algo que lleva ocurriendo desde hace tres lustros y que está previsto que se mantenga durante un puñado de años más, porque esto requeriría casi con total seguridad o ampliar el número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, con la correspondiente merma de la nómina que traería consigo, o retrasar la edad legal de jubilación.

Tal y como adelantó ABC, la Comisión Europea quiere sin embargo todo lo contrario. Un mecanismo similar al Factor de Sostenibilidad de la reforma de pensiones de 2013 que Escrivá se empeñó en liquidar y que aseguraba a Bruselas que el sistema de pensiones español se ajustaría de forma automática según se fueran poniendo de manifiesto factores que pudieran generar inestabilidad financiera, bien por un desequilibrio en sus cuentas bien por otros factores como un incremento de la esperanza de vida.

Los técnicos de la Comisión se van de España casi con las mismas dudas con las que llegaron y que ya pusieron de manifiesto en su informe favorable a la primera fase de la reforma de las pensiones. Entonces valoraron que las medidas adoptadas en España garantizaban la suficiencia de las prestaciones, uno de los objetivos pactados entre Bruselas y Madrid en el Plan de Recuperación, pero admitieron sus dudas respecto a la sostenibilidad.

Fuentes de la Comisión admitían ayer que no habían podido realizar una evaluación completa de la reforma de las pensiones y que esta no sería posible hasta que no se aprobaran de forma definitiva las medidas pendientes. «No hemos visto las medidas, no hemos visto las cifras y no hemos visto las proyecciones, por lo que no podremos hacer una evaluación completa hasta que lo hayamos visto todo».

Y en ese todo la Comisión incluye la ampliación total o parcial del periodo cotizado que se tiene en cuenta para calcular la pensión, asunto en el que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ya ha descartado públicamente extenderlo a 35 años y valora varias opciones que «en ningún caso reducirán las prestaciones», según José Luis Escrivá; la elevación del techo salarial máximo sobre el que aplica la cotización social, lo que se ha dado en llamar el 'destope de las bases máximas'; y, atención, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

Bruselas no da por acabado ese partido, por mucho que Seguridad Social ya diera por cerrada su estructura con una subida de cotizaciones del 0,6% (0,5 puntos a cargo de la empresa y 0,1 puntos a cargo del trabajador) para generar una nueva hucha de las pensiones y una evaluación de resultados en el año 2032 en el que se valoraría la posibilidad de adoptar otras medidas de ajuste, principalmente desde el lado del ingreso pero también abriendo la puerta a eventuales recortes de gasto.

Desde Seguridad Social ya se ha deslizado que si Bruselas condiciona su valoración de la reforma de las pensiones a este punto no se opondrá a introducir cambios en el mecanismo.

A falta de ajustes de calado por el lado del gasto que tranquilizaran a los funcionarios de la Comisión Europea, poco seguros de la estrategia gubernamental de llevar el equilibrio financiero al sistema de pensiones a golpe de subir las cotizaciones sociales, el Gobierno se ha volcado en glosar los beneficios que para el empleo va a tener su reforma laboral y el efecto balsámico que ese efecto tendrá sobre las cuentas de la Seguridad Social, vía mejora de los ingresos por cotizaciones.

Fuentes de la Comisión reconocen que si la reforma laboral se traduce en una mejora de los niveles de empleo y de la calidad del mismo, como promete el Gobierno, este será un parámetro importante a tener en cuenta a la hora de valorar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones. Pero también advierten que otro parámetro importante será testar el impacto que las probables subidas de cotizaciones tienen sobre el mercado de trabajo, ya que, argumentan, elevan los costes laborales de las empresas y afectan a los incentivos en el mercado de trabajo.

«El gasto en pensiones en España sigue siendo importante y tenemos que asegurarnos de que no sube exponencialmente», señalaban ayer desde la Comisión. «Obviamente si las medidas que se toman no generan avances en materia de sostenibilidad, hablaremos con el Gobierno de España para asegurarnos de que la reforma contribuye a ese objetivo acordado con la Comisión».