Bruselas penaliza la racanería de España con el gasto en defensa
Su dispositivo fiscal para eximir la inversión militar del cómputo de los excesos de déficit premia a los países que mayor esfuerzo han hecho desde 2021
Puente propone que parte del gasto ferroviario se compute como gasto en defensa
Las maniobras del Gobierno para conseguir que la Comisión Europea le compute partidas como la reserva estratégica de medicamentos o las inversiones en determinadas infraestructuras ferroviarias como gasto en defensa, como cauce para cerrar a las bravas la brecha de esfuerzo inversor que separa ... a España de sus principales socios europeos y de los objetivos marcados por la OTAN e incluso por la Comisión Europea, no van a impedir que tenga que realizar un esfuerzo mayor al de otros países de la Unión para ponerse al día.
El mecanismo fiscal ideado por Bruselas para eximir la inversión en defensa del corsé que impone a los países europeos el procedimiento de déficit excesivo y de paso estimular el gasto en este campo con el objetivo de movilizar 650.000 millones de euros más de gasto en los próximos cuatro años será especialmente exigente para España.
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El dispositivo pretende proporcionar a los países un margen fiscal adicional equivalente al 1,5% de su PIB nacional (unos 20.000 millones de euros extra en el caso español) para que puedan invertir en defensa sin que ese gasto se compute como déficit. Pero tiene su letra pequeña.
Bruselas ha querido premiar a los países que han realizado un mayor esfuerzo en este campo desde el inicio de la invasión de Ucrania y ha tomado como punto de partida para la activación de este nuevo dispositivo fiscal el gasto en defensa de 2021.
¿Qué implica esto? Según expertos en contabilidad presupuestaria que han analizado la propuesta realizada por la Comisión en el marco del plan ReArm Europe, lo que implica es que el gasto adicional en defensa realizado por los países desde el estallido de la guerra de Ucrania (de 2022 y 2024) generará una especie de crédito fiscal. En otras palabras, ese gasto ya ejecutado se podrá computar a efectos de aprovechar el margen extra del 1,5% del PIB dispuesto por Bruselas, liberando de ese modo un espacio fiscal que les permitirá acometer otros gastos de naturaleza no militar sin elevar el déficit.
El problema de este esquema para España es que según los datos oficiales disponibles hasta la fecha apenas incrementó en una décima del PIB su gasto en defensa entre 2021 y 2023 y, por tanto, ese colchón extra para gastar solo estará disponible en la práctica para elevar de manera efectiva su inversión en defensa, que según el criterio establecido por la Comisión estaba en 2023 en el 0,9% del PIB, muy lejos del nivel entre el 2,5% y el 3% que Ursula von der Leyen fijó como objetivo a alcanzar la pasada semana.
De hecho, si se toman como referencia esas cifras el paraguas europeo ni siquiera cubriría todo el esfuerzo fiscal que tiene que hacer España para ponerse al nivel de sus socios. Mucho por hacer.
Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que todavía se está estudiando el esquema y es pronto para estimar su impacto. Otras fuentes consultadas recuerdan que Bruselas no ha ocultado que uno de los parámetros tenidos en cuenta a la hora de diseñar el dispositivo fue valorar el esfuerzo realizado por los países para elevar su gasto en defensa.
Un largo camino por recorrer
A España le queda un largo camino que recorrer. Es cierto que a día de hoy el único compromiso firme que tiene es con la OTAN, implica elevar el gasto al 2% del PIB antes de 2029 y se mide según una metodología más laxa que la de la Unión Europea, que ya situaría a España en el 1,3% del PIB a estas alturas, nada menos que 6.000 millones de euros más que con la metodología de Eurostat, que da un 0,9%.
Las fuentes consultadas esperan no obstante algún tipo de ajuste por parte de Eurostat, que podría suavizar el camino de España hasta llegar a los niveles por los que está presionando la UE. Recuerdan en este sentido que la estrategia europea de defensa presentada el pasado miércoles habla de la necesidad de actuar en el ámbito de la guerra híbrida y que esa referencia exige tener en cuenta el gasto en ciberseguridad, un campo que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya ha defendido que se tiene que tener en cuenta y que en España tiene un desarrollo notable.
El asunto es crítico porque es probable que las autoridades europeas tengan en cuenta el esfuerzo de cada país a la hora de dar acceso a los 150.000 millones en financiación barata, a modo de los Next Generation, que Bruselas pondrá a disposición de los países para impulsar el gasto en defensa a nivel europeo.
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