Bruselas lleva a España a la Justicia Europea por su retraso en aplicar el tipo mínimo del 15% para multinacionales

España ya había sido emplazada por Bruselas a aprobar la norma el pasado mes de enero y había sido objeto de un dictamen motivado en mayo, lo que únicamente sirvió para que el Ejecutivo aprobara el proyecto de ley que hace de soporte a la transposición de la norma a principios de junio y la enviara al Congreso. Desde entonces, poco o ningún avance ha habido sobre el asunto.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha restado este jueves importancia al hecho de que Bruselas haya decidido denunciar a España ante la Justicia Europea por su retraso a la hora de poner en marcha la norma. En su opinión, lo verdaderamente relevante aquí es que el Gobierno fue pionero en su día en instaurar un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades a las empresas españolas desde 2022, una decisión que fue muy cuestionada en su día por anticiparse a la norma en que ya estaba trabajando la Comisión y cuya entrada en vigor ya era inminente.

La maniobra del Gobierno va a obligar además a las grandes multinacionales españolas sujetas también al tipo mínimo europeo del 15%, que se aplicará únicamente a los grandes grupos empresariales que facturen más de 750 millones de euros al año, a observar el cumplimiento de dos normativas diferentes, mientras que en la mayoría del resto de países europeos solo estarán sujetas al impuesto europeo.

Montero ha recordado que el proyecto de ley de transposición de la directiva europea está en pleno trámite parlamentario y ha confiado en que su aprobación se produzca antes de final de año «así que tenemos tranquilidad en este sentido».

Más inquietos están algunos sectores empresariales. Fuentes de los sectores energético y financiero no ocultan su temor de que el Gobierno aproveche esta norma para colar una prórroga de los gravámenes extraordinarios instaurados a finales de 2022 sobre los bancos y las empresas energéticas, cuyo objetivo era supuestamente gravar sus beneficios extraordinarios pero que se han aplicado sobre su cifra de negocios.