Bruselas alerta de que el marco fiscal y laboral español disuade a las empresas de crecer

El artefacto ideado en el Ministerio de Asuntos Económicos de la ya exvicepresidenta Nadia Calviño, que se vendió con el eslogan de que permitiría crear empresas con un euro y en poco más de una semana, no ha debido convencer del todo a los funcionarios de la Comisión Europea, que han urgido al Gobierno a ir más allá de las medidas aprobadas en el marco del Plan de Recuperación y abordar una «reforma de la regulación en función del tamaño en los ámbitos del trabajo, la auditoría y la fiscalidad».

Para una empresa ganar tamaño en España es caro y particularmente farragoso. El simple hecho de contratar un nuevo empleado para elevar la plantilla hasta los 50 trabajadores se ha convertido en un quebradero de cabeza que miles de empresas prefieren evitar por la cantidad de nuevas obligaciones administrativas y laborales que les supone, en un fenómeno muy estudiado que se ha dado en denominar la maldición del empleado número 50 y que se aprecia de forma clarísima en las estadísticas, donde miles de empresas parecen plantarse en los 49 trabajadores para esquivar la obligación de redactar un plan de igualdad, constituir un comité de empresa o crear un comité de seguridad y salud en el trabajo solo por el hecho de incorporar un empleado más a la plantilla.

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Algo similar sucede cuando las empresas se asoman a la posibilidad de facturar más de uno o de seis millones de euros. En el primer caso se exponen a perder el tipo reducido del 23% en el Impuesto de Sociedades para entrar en el tipo general del 25%, en el segundo a entrar en el sistema fiscal que les obliga a reportar su facturación diaria casi en tiempo real o a tener que presentar declaraciones de IVA mensuales y no trimestrales y hasta cuatro nuevos modelos tributarios. Rebasar los diez millones de facturación supone la pérdida automática de una serie de beneficios fiscales reconocidos a las empresas de reducida dimensión.

Nada de esto tocó la ley Crea y Crece del Gobierno, que limitó su perímetro de actuación para mejorar el crecimiento empresarial al incremento de los ámbitos en los que no hay que pedir licencias específicas para operar en más de una comunidad autónoma y algún caramelo administrativo más.

La Comisión Europea considera que a España aún le queda mucho que hacer en el terreno de las cargas normativas y la mejora del clima empresarial , y así lo puso de manifiesto de manera explícita en el último informe de recomendaciones de política económica al país.

En Bruselas preocupa la falta de competitividad de las empresas europeas frente a las chinas, las norteamericanas o las pujantes nuevas firmas del sudeste asiático y se ha tomado la mejora de la productividad y de la competitividad de las empresas como un objetivo irrenunciable.

En un informe en el que la Comisión Europea aplaude los avances en empleo y en reducción de los desequilibrios fiscales de España, hasta el punto de no incluirla entre los países a los que se abre expediente por déficit excesivo pese a tener un desequilibrio superior al 3%, la Comisión sí ha querido dar un toque al Gobierno para que elimine los escalones regulatorios que benefician a las microempresas y a las pequeñas frente a las de mediano tamaño con el fin, asegura, «de mejorar la eficacia en la asignación de capital y mano de obra, apoyar la inversión y contribuir a la mejora de la productividad».

En un reciente análisis sobre la productividad en España difundido por el Banco de España, la institución apuntaba al menor tamaño medio de las empresas españolas pero sobre a sus dificultades para ganar tamaño como causa de la menor productividad española frente a otros países.