La brecha salarial en el sector público alcanza el 8%: las mujeres con contratos temporales son el doble que los hombres

Gonzalo D. Velarde

Madrid

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16/02/2024
Actualizado 17/02/2024 a las 02:28h.

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En muchas ocasiones, al sector público se le presupone una posición ejemplificante a la hora de aplicar las normativas aprobadas principalmente en materia laboral como potente correa de transmisión para el resto del tejido productivo, y sin embargo no siempre se da esta circunstancia como se puede apreciar en el llamativo descuelgue de la Administración Pública en la labor de reducción de la tasa de temporalidad entre sus trabajadores que fomenta la reforma laboral aprobada por el Gobierno -dos años después la temporalidad roza el 30% en el sector público mientras que se ha reducido al 14% en el sector privado-.

Y una situación similar revela el estudio sobre diferencia salarial en función de género presentado este viernes por el principal sindicato de los funcionarios en nuestro país, CSIF, que da cuenta de cómo a pesar de ser un compromiso del Gobierno el aplicar la perspectiva de género en todas sus políticas con el objetivo de paliar las diferencias de rentas existentes entre hombres y mujeres se da la circunstancia de que la brecha salarial en el sector público alcanza nada menos que el 8% -el salario medio de los hombres es de 33.931 euros, frente a los 31.268 euros de las mujeres-.

En este punto, desde el sindicato atribuyen este desfase a que, según la EPA que publica Estadística, las cifras de inestabilidad en las administraciones son incluso peores que en el sector privado. En concreto, el número de mujeres con contratos temporales es el doble que el de hombres, mientras que las mujeres con contratos a tiempo parcial son más del triple (152.900 mujeres frente a 42.400 hombres), lo que fuerza en buena medida esta distinción en la percepción de rentas.

«El Gobierno es responsable de esta desigualdad entre hombre y mujer en el ámbito laboral, puesto que incumple la ley orgánica de Igualdad y los Reales Decretos 901/2020 y 902/2020 respecto a la elaboración de planes de igualdad y de una auditoría salarial entre hombres y mujeres en el ámbito laboral en el ámbito de las administraciones públicas», explica el sindicato asegurando que en el sector público se producen desigualdades salariales injustificadas en conceptos como el complemento específico, de productividad, de carrera profesional horizontal, etc.

Tomando como muestra a la totalidad de los trabajadores del sector público y privado, la brecha salarial en España se sitúa en el 19,89% (un 0,02% más con respecto al año anterior), con un salario medio anual de 25.137 euros para los hombres y 20.138 euros para las mujeres, según los últimos datos de la Agencia Tributaria ('Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias'), correspondientes a 2022, que han sido recientemente publicados y que recoge CSIF.

«Estos datos pueden suponer un cambio de tendencia si no se adoptan las medidas adecuadas y a este ritmo de avances y retrocesos tardaríamos medio siglo en eliminar la brecha salarial», advierten desde el sindicato presidido por Miguel Borra.

Para la organización, los efectos en el mercado de trabajo derivados de la pandemia «ponen de manifiesto el estancamiento e incluso un alarmante retroceso en el camino hacia la igualdad». «Los datos analizados nos indican que la pandemia ha supuesto un antes y un después en las relaciones laborales entre hombres y mujeres ya que estas últimas han visto aumentado los contratos temporales, las jornadas a tiempo parcial, las reducciones de jornada y el tiempo dedicado al cuidado de menores y personas a su cargo», advierte el informe.

En este punto, desde el sindicato plantean hasta nueve medidas que irían en l dirección de aminorar la diferencia salarial partiendo de un análisis y evaluación anual de la brecha salarial de género tanto en administraciones públicas como en empresas privadas, con especial atención a la retribución por trabajo de igual valor.

Además, se propone la implantación de medidas de conciliación sin pérdida retributiva. «Pedimos la correcta trasposición de la Directiva (UE) 2019/1158 de 20 de junio de 2019 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores que en España actualmente se ha transpuesto en el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio», señalan.

Por otro lado, estaría la creación universal de plazas para escuelas infantiles de 0 a 3 años de carácter público y gratuito y el fomento de la corresponsabilidad mediante campañas formativas y de sensibilización, además de la creación de la figura del delegado/a sindical especializada en Igualdad y contra la violencia de género en cada centro de trabajo que pueda velar por el cumplimiento de la Igualdad dentro del ámbito laboral.

Además, se plantea la integración del enfoque de género en las administraciones públicas; la creación de normativa específica similar al Real Decreto 902/2020 para realizar auditorías retributivas en las administraciones públicas; la negociación y puesta en marcha de Planes de Igualdad todavía pendientes tanto en empresa privada como en administraciones públicas, así como de protocolos contra el acoso sexual o por razón de sexo; y la puesta en marcha del registro oficial de Planes de Igualdad de Administraciones Públicas.