La banca expresa su «enérgico rechazo» al 'impuestazo' y denuncia que el Gobierno le impide discutir el gravamen

«Si se mantiene esta iniciativa, España se convertiría en la única jurisdicción europea con un impuesto permanente de estas características, lo que constituye una desventaja competitiva para los bancos españoles y, por tanto, para el impulso de la economía, en un contexto en el que la banca española es el sector a nivel europeo que más impuestos paga», añaden las entidades en el comunicado, al tiempo que advierten de que este impuesto supone un «obstáculo» para la unión bancaria europea. Además, insisten en que va en contra de las recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el sentido de que estos «desaconsejan estos impuestos porque desvían recursos que podrían utilizarse para reforzar el capital de los bancos y mantener el flujo del crédito a familias y empresas».

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Raúl Masa

Este es el primer movimiento que realizan los bancos de manera conjunta en contra de la intención del Gobierno de hacer permanente el impuesto al sector. Las entidades salen, así, de un cierto letargo en el que habían estado instaladas en los últimos meses con un perfil más bajo de lo habitual a este respecto.

Y ese perfil bajo contrastaba, hasta ahora, con cómo se estaban moviendo las energéticas, el otro sujeto del 'impuestazo'. Algunas empresas energéticas habían llegado a amenazar con llevarse inversiones fuera de España si se hacía permanente el gravamen; eso les ha servido para generar dudas en grupos políticos como el PNV y para recabar apoyos en Junts en contra del impuesto, lo cual podría hacer descarrilar la tramitación parlamentaria.

Precisamente el modo de tramitar esta imposición es algo sobre lo que también advierten las entidades financieras. La banca denuncia que el Gobierno le impide participar en la discusión de la norma. «La incorporación de impuestos a nuestro ordenamiento jurídico por la vía de un decreto ley o, alternativamente, a través de una enmienda al articulado de un proyecto de ley que se encuentre en tramitación en el Congreso, como señalan las informaciones, merma la calidad del debate público e imposibilita que los sectores afectados puedan manifestar su posición sobre normas que afectan a su actividad», señalan AEB y CECA, para evidenciar su deseo de tener un papel más activo en el debate sobre el impuesto.

Asimismo, las patronales destacan que el argumento con el que el Ejecutivo aprobó el impuesto temporal hace dos años ya no está vigente. «Se justificó por el Gobierno por el crecimiento de ingresos derivado de la subida de tipos de interés desde 2022», recuerdan, y añaden que «dicha justificación ya no tiene vigencia» por las bajadas de tipos.

«Es preciso señalar que la evolución prevista de los tipos de interés no justifica la conversión del gravamen temporal en un impuesto permanente. El BCE ha comenzado a recortar los tipos oficiales. En concreto, a lo largo del año ya se ha producido un recorte de 75 puntos básicos que se ha reflejado en bajadas del euríbor. El euríbor a un año está en estos momentos por debajo del nivel de diciembre de 2022, cuando se aprobó el gravamen. Los analistas anticipan que esta tendencia descendente se mantendrá el próximo año de tal modo que los tipos de interés podrían situarse en el 1,75 % a finales de 2025», sostienen los bancos.

Más allá de ello, recuerdan algunas de las cifras que ya presentaron en su momento las entidades para rechazar el impuesto. Advierten de que este tipo de gravámenes tienen un impacto directo «sobre la capacidad de financiación de la economía real y, por ende, en la creación de empleo y en el crecimiento de nuestra economía. La recaudación del gravamen supone una merma estimada de 50.000 millones en España en la capacidad de financiación del sector bancario».

«En definitiva, gravar la actividad bancaria de forma permanente con un impuesto extraordinario significa frenar la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo en el conjunto de la economía», ahondan las asociaciones.