Las ayudas del escudo social del Gobierno derivan en una ola de litigios contra el Estado

Los tribunales económico-administrativos, las instancias hacia donde los contribuyentes, particulares o empresas, dirigen sus reclamaciones cuando alguna actuación de la Administración perjudica sus derechos o intereses, reconocen un incremento «no esperado» de reclamaciones a cuenta de los paquetes de medidas urgentes aprobados para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania o para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica que sufrió en el mes de septiembre de 2021, además de por otras ayudas de diversa índole puestas en marcha desde la Administración del Estado o desde administraciones regionales.

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Según se detalla en el Plan Estratégico de los Tribunales Económico-Administrativos para el periodo 2024-2027 que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda, entre las ayudas que han desencadenado este caudal insólito de reclamaciones están también las ayudas para la sostenibilidad económica del sector del transporte, orientadas tanto a empresas como a trabajadores autónomos, y que incluyen tanto becas de estudios, como apoyo para la adopción de medidas que contribuyan al ahorro o la eficiencia energética, así como la reducción de la dependencia del gas natural.

El documento señala este repunte de la litigiosidad por la concesión de ayudas y subvenciones públicas como una de las amenazas para la actividad de los tribunales económico-administrativos en los próximos años, ya que el flujo de reclamaciones que tienen que atender con una dotación de plantilla escasa es uno de sus principales lastres, pero no precisa cuales han sido las ayudas concretas que más conflictividad han generado.

Los seis paquetes de medidas aprobados por el Gobierno han incluido un puñado de medidas polémicas, muy contestadas por los sectores afectados y que pueden estar detrás de este fenómeno. Una de las que más ruido causó fue la imposición de un tope de subida del 2% en los alquileres, lo que generó una ola de protestas por parte de los caseros y no pocos enfrentamientos con los inquilinos por las estrategias seguidas por los propietarios para tratar de esquivar esa restricción legal. El Gobierno también estableció un enrevesado sistema para que los propietarios pudieran reclamar el lucro cesante derivado de esta medida de cuya utilización poco se conoce y que desde el sector se señaló como una fuente de litigiosidad.

El descuento de diez céntimos sobre el litro de gasolina y gasóleo que el Gobierno estableció en los primeros compases tras el inicio de la guerra de Ucrania también fue una fuente de conflictos con los pequeños propietarios de estaciones de servicios, que se vieron obligados a adelantar el coste de la medida por el desajuste entre la aplicación del descuento y el pago efectivo del Estado a los distribuidores. Varias asociaciones denunciaron entonces que algunas estaciones de servicio se habían visto obligadas a echar el cierre por su incapacidad para asumir ese coste.

Otra medida cuya aplicación efectiva ha generado problemas ha sido el cheque de 200 euros para familias vulnerables, que ha arrastrado un elevado porcentaje de ayudas desestimadas por los en algunos casos exigentes requisitos que se han establecido para su cobro.

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El carácter selectivo de las ayudas al campo o al sector pesquero también pueden estar detrás de la ola de reclamaciones en la vía contencioso-administrativa. El sindicato COAG denunció que el paquete de ayudas al campo que se incluía en el primer paquete de ayudas por la guerra de Ucrania dejaba fuera al 70% de los agricultores.

Con todo la principal fuente de litigiosidad a juzgar por las denuncias realizadas en estos meses por sindicatos y organizaciones sectoriales ha sido el retraso en la recepción de las ayudas, que ha afectado de forma singular a agricultores y transportistas, principales receptores de las ayudas directas a colectivos habilitadas por el Gobierno.

La Oficina del Defensor del Pueblo aprobó una resolución para instar a la Administración a agilizar las resoluciones de pagos de ayudas pendientes para los afectados por el volcán de La Palma, especialmente en lo referido a la pérdida de vivienda habitual, ante las demoras detectadas.

La información pública proporcionada por el Ministerio de Hacienda no permite estimar el coste de la factura específicamente derivada de las ayudas y subvenciones aprobadas en los seis paquetes de la guerra de Ucrania, pero sí permite perfilar la factura millonaria para los ministerios de las reclamaciones económico-administrativas que plantean particular y empresas contra el Estado.

Los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Industria, dos de los que más subvenciones y ayudas directas a empresas y colectivos reparten, son los que tienen pendientes una factura más elevada por reclamaciones. En el caso del ministerio que dirige Óscar Puente acumula provisiones por 279 millones por este concepto, en tanto que Industria augura un coste de 138 millones.