Los ataques del Gobierno a Rafael del Pino desatan una insólita ofensiva de los empresarios

El Instituto de la Empresa Familiar (IEF), el influyente lobby al que están asociados los más conspicuos representantes de las principales sagas familiares de empresarios del país, como Juan Roig (Mercadona), Óscar García Maceiras (Inditex), José Manuel Entrecanales (Acciona), Francisco J. Riberas (Gesvalt), Simón Pedro Barceló (Barceló) o el propio Del Pino, difundió ayer una declaración institucional sin precedentes en sus casi 30 años de historia en la que bajo el revelador título de 'La España en que nos queremos quedar' insta al Gobierno a cesar en sus ataques a empresas y empresarios y a reinstaurar un clima de respeto y diálogo constructivo.

«Pedimos al Gobierno que evite descalificar a empresas y empresarios por decisiones adoptadas en el legítimo ejercicio de su libertad empresarial», reclama la declaración institucional lanzada ayer por la institución que preside Andrés Sendagorta, presidente del gigante de la ingeniería Sener. «Es imprescindible recomponer un clima de respeto y diálogo constructivo que permita la consolidación y el desarrollo de nuestras empresas, para contribuir a la prosperidad y bienestar de nuestra sociedad».

«También nuestras empresas son España», recuerda el Instituto de la Empresa Familiar. «Todos, pero particularmente nuestro Gobierno, debemos considerarlas y tratarlas como una parte esencial e imprescindible de nuestra realidad social», subraya, en el segundo tirón de orejas que propina al presidente del Gobierno por su falta de sensibilidad y empatía con la actividad de los empresarios en apenas medio año.

El anterior tuvo lugar en el último Congreso Anual de la Empresa Familiar, celebrado el pasado mes de octubre en Cáceres, en el que por primera vez el presidente de turno del lobby se refirió a los reiterados desplantes de Pedro Sánchez a las invitaciones formuladas por el Instituto. «No pretendemos imponer nada, pero sí que se nos escuche porque aquí hay algunos que algo saben», dijo Andrés Sendagora, en relación a la impresionante nómina de empresarios que el IEF es capaz de reunir en su cónclave anual.

La respuesta del Instituto de Empresa Familiar, del que Rafael del Pino es socio fundador y fue presidente, se une a la decidida defensa del empresario y de Ferrovial realizada la semana pasada por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que respondió a los ataques a Del Pino del presidente del Gobierno diciendo que «ojala hubiera más rafaeles del pino en España» y tachó la reacción del Ejecutivo como «increíble, absurda y peligrosa».

El ataque coordinado del Gobierno contra Ferrovial y contra su principal accionista y presidente ejecutivo se ha convertido ya en un enfrentamiento abierto del Gabinete Sánchez con los empresarios.

Ayer se cumplió una semana del anuncio de la compañía, que ha zarandeado la actualidad política y económica en España. Ha dado tiempo a que el ministro de Inclusión y Seguridad Social haya tachado de codicioso al presidente ejecutivo de Ferrovial, a que desde La Moncloa se haya deslizado que el movimiento obedece a su interés personal por esquivar el impuesto a las grandes fortunas, a que las tres vicepresidentas del Gobierno hayan cuestionado su patriotismo, recordándole los jugosos contratos públicos que han ayudado a la empresa a crecer, y a que el presidente del Gobierno le haya acusado directamente de empresario poco comprometido con el país. Sin embargo, según confirmó ayer un portavoz de Ferrovial en TVE, no ha dado tiempo a que Pedro Sánchez se le ponga al teléfono a Rafael del Pino, el empresario al que ha decidido poner en la diana y que lleva llamándole toda la semana sin que hasta ayer haya recibido respuesta.

La estrategia del Gobierno es poner en duda las razones de Ferrovial para trasladar sus cuarteles generales a otro país y explorar las posibilidades si no de bloquear la operación, algo casi imposible dentro del espacio de la UE según los expertos mercantiles consultados, sí de hacer pagar a la empresa por su salida del país.

Y el flanco más viable para conseguirlo es el fiscal. El Ministerio de Hacienda admite que está estudiando la sustancia de los motivos aludidos por la empresa, según la terminología acuñada ya por Nadia Calviño, y según los asesores fiscales consultados solo puede ser para intentar evitar que se acoja al régimen especial de fusiones y absorciones, que le permitiría realizar el movimiento sin ningún coste fiscal. Por el contrario, acreditar la inexistencia de un motivo económico válido abriría la puerta a que Hacienda aplicara a Ferrovial un impuesto de salida del 25% sobre las plusvalías latentes por activos objeto de deslocalización, una factura que en un contexto en el que la firma tiene previsto mantener la mayor parte de su estructura y activos del negocio español en España mediante una filial tampoco sería demasiado elevada, como aclara Stella Raventós, presidenta de Aedaf.

Desde algún ámbito del Gobierno también se ha deslizado que se está estudiando si la operación podría caer dentro del perímetro del escudo 'antiopas' para controlar inversiones extranjeras, pero tanto expertos como Economía no lo ven viable.