Los asesores fiscales ven inconstitucional la maniobra de Hacienda para restaurar la reforma de Sociedades de Montoro

La maniobra concretada a través de una enmienda del grupo parlamentario socialista al decreto ómnibus aprobado por el Gobierno a finales del año pasado no se limita a restaurar el estado de cosas previo a la sentencia del Constitucional sino que incluye además dos disposiciones, ideadas para tratar de amortiguar el milmillonario impacto para las arcas públicas que tendría encajar los efectos de la sentencia y que algunas fuentes estiman en entre unos 4.000 o 5.000 millones de euros.

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"La modificación legislativa propuesta por el Gobierno no solo pretende restituir con urgencia una regulación recientemente declarada nula, sino que lo hace con una redacción aún más restrictiva que aquella a la que sustituye", con el único fin de solucionar la potencial pérdida recaudatoria que se puede derivar de la resolución del Constitucional, concluye el informe de Aedaf.

Los asesores fiscales estiman, por ejemplo, que la recuperación de la redacción original en cuanto a los límites a la compensación de bases imponibles negativas y a la aplicación de deducciones por doble imposición o la extensión discrecional al ejercicio de 2024 de la medida supuestamente excepcional y transitoria aprobada para 2023 de limitar la pérdidas de filiales que se pueden descontar, "afecta de modo sustancial a la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica de los contribuyentes por este impuesto" y "limita su derecho a compensarse pérdidas reales generadas en el pasado, del mismo modo que se les obliga a tributar por unos ingresos inexistentes".

El informe de Aedaf entiende asimismo que la enmienda que pretende sacar adelante el Gobierno y que tendría efectos ya este ejercicio de 2024, para amortiguar la potencial factura de la sentencia del Constitucional para las arcas públicas, trata de invalidar los efectos de una declaraciones de inconstitucionalidad y, por tanto, "invade la reserva de jurisdicción propia del Tribunal Constitucional".

Concluyen, del mismo modo, que "contraría la seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva" al lesionar la legítima confianza de los contribuyentes en ser compensados por una declaración de inconstitucionalidad, con el agravante de que se aplica de manera retroactiva.