Los asesores concluyen que las reformas fiscales del Gobierno han alentado cambios de residencia y erosionado la inversión

Los asesores concluyen que las modificaciones en el marco tributario introducidas por el Gobierno en los últimos años han provocado un aumento de las consultas sobre cambios de residencia, tanto dentro del territorio español como para desplazarse a otros países, y han tenido impacto sobre la inversión empresarial, uno de los vectores del PIB que ha mostrado un comportamiento más deprimido tras la pandemia.

Noticia Relacionada

El impuesto a las grandes fortunas instala la inquietud en la vivienda de lujo

Alicia Aragón

El sector teme que la nueva carga impositiva y la incertidumbre que ha generado acaben impactando a corto plazo en la inversión extranjera

Desde 2018 las decisiones del Gobierno sobre temas fiscales se han concentrado en la fiscalidad patrimonial y de las empresas. Se ha creado un nuevo gravamen transitorio sobre las grandes fortunas para cubrir el vacío abierto por la decisión de varias comunidades autónomas de bonificar la cuota del Impuesto de Patrimonio y se ha mantenido durante todo este tiempo la amenaza de irrumpir en la financiación autonómica para garantizar unos ingresos mínimos tanto en ese impuesto como en los de las herencias, tanto en vida como por causa de muerte, lo que en muchos territorios podría traducirse en una subida de la presión fiscal.

Lo que acreditan las opiniones de los 5.000 profesionales del registro de asesores fiscales consultados es que esta ofensiva ha alentado las consultas de contribuyentes sobre potenciales cambios de residencia para esquivar este golpe fiscal. El presidente del Reaf, Agustín Fernández, ha aclarado este miércoles no obstante que este incremento de las solicitudes de información que admiten cerca del 70% de los asesores fiscales no implica que se hayan incrementado los traslados reales de residencia. «Desde el Reaf siempre advertimos de que es un asunto complejo y de que los traslados de residencia tienen que ser reales», ha recalcado.

De hecho, otro de los aspectos sobre el asunto que revela el barómetro de opinión de los asesores fiscales es que una mayoría de ellos considera que los traslados de residencia que se exploran a la hora de realizar esas consultas tienen pinta de ser ficticios, tanto hacia otros territorios de España como sobre todo hacia el extranjero. En cualquier caso, los asesores también consideran que el gravamen a las grandes fortunas instaurado por el Gobierno ha inhibido los traslados de domicilio dentro del territorio español.

El otro gran foco de la actuación gubernamental ha sido la fiscalidad empresarial. Desde el año 2018, el Ministerio de Hacienda ha elevado la tributación de las grandes empresas instaurando un impuesto del 5% sobre la repatriación de dividendos, ha aprobado un tipo mínimo del 15% para los grandes grupos empresariales, ha creado un nuevo impuesto sobre las grandes plataformas digitales y el negocio digital de las grandes empresas españoles, otro sobre la adquisición de acciones en empresas del Ibex, ha creado dos impuestos transitorios sobre las empresas energéticas y la banca que ahora quiere convertir en permanentes y ahora ha empezado a tramitar el impuesto mínimo europeo del 15% sobre empresas con facturaciones superiores a 750 millones de euros, que aunque puede tener un impacto recaudatorio limitado según ha avanzado este miércoles el miembro del Consejo del Reaf Jesús Quintás va a ser un foco de litigiosidad y problemas.

En primer lugar porque a su juicio pone en la picota el impuesto sobre determinados servicios digitales, que considera que se debería eliminar una vez va a existir una figura que obliga a tributar un mínimo del 15% por las rentas de las filiales que tribuyen en jurisdicciones en que tributan por debajo de ese umbral. Pero también porque dinamita los trabajos que desde hace años se llevan a cabo en Bruselas para armonizar una base imponible común.

El Registro de Asesores Fiscales admite que las reformas en el Impuesto de Sociedades han conseguido elevar su recaudación por encima de los 35.000 millones de euros, niveles no vistos desde la burbuja inmobiliaria, pero también advierte que el nivel de imposición en este impuesto afecta de manera significativa a la inversión de las empresas y que esos nuevos ingresos se han conseguido a base de ajustes y medidas transitorias como la aprobada para el ejercicio de 2023 que restringe únicamente para este año a los grandes grupos empresariales la posibilidad de aplicarse las pérdidas de sus filiales en su base imponible, solo podrán hacerlo en un 50%. Una medida que Rubén Gimeno, secretario técnico de Reaf ha catalogado como sorprendente, y que inflará artificialmente el pago por la declaración de 2023 y por tanto la recaudación de 2024 a cambio de reducirlo durante los próximos diez años.

En la misma sintonía se ha pronunciado Jesús Quintás que ha advertido que la recaudación fiscal por el Impuesto de Sociedades está creciendo más que los beneficios de las empresas, por una acumulación de medidas de diversa naturaleza cuyo efecto podría revertirse en los próximos años. "Hay que tener en cuenta que en este ámbito todo lo que sube de forma extraordinaria luego baja", ha dicho por lo que insinúa como una caída de la recaudación por Sociedades en los próximos años.

También apuntan en esa dirección la acumulación de resoluciones judiciales que están dando la razón a las empresas por muchos de los ajustes introducidos por los sucesivos ministerios de Hacienda y por los criterios adoptados por Tributos y la Agencia Tributaria respecto a numerosas cuestiones. El impacto más relevante en este sentido será el de la anulación del Decreto Montoro de 2016, que fue catalogado como la mayor subida de impuestos a las empresas de la historia de España y que el Tribunal Constitucional consideró ilegal el pasado mes de enero abriendo la puerta a una reclamación de devoluciones que podría rondar los 3.000 o 4.000 millones de euros y que el Gobierno ya ha empezado a maniobrar para diferir en el tiempo lo máximo posible.