Ángel Ron: «El Banco Popular no se murió solo, lo mataron»

—¿En qué situación judicial está hoy Ángel Ron tras esta ultima causa?

—Ahora mismo estamos recurriendo en apelación ante la sala de la Audiencia Nacional el auto de transformación del juez, tras casi siete años de instrucción, de una investigación interminable y con un sesgo, dicho con todos los respetos, absolutamente parcial. Y con el mismo respeto que se pronuncia él, quiero apuntar que lo que dice el instructor es inexplicable, tanto desde el punto de vista jurídico como fáctico, porque no hay un solo indicio en todo el procedimiento de la posible comisión de los delitos que nos imputan.

—Entonces, ¿por qué este nuevo juicio contra usted principalmente?

—No lo sé, pero lo que sí sé es que hay un informe solicitado hace cinco años por el propio juez a unos peritos inspectores del Banco de España, de más de 420 páginas, que explica, taxativamente, que la causa de resolución del banco es una crisis de liquidez, tras una retirada masiva de depósitos desarrollada en el segundo trimestre de 2017, bajo el mandato de mi sucesor. A esto le añado que, sin embargo, cuando yo me fui del banco, este tenía un excedente sobre el ratio mínimo de liquidez del 80%, y esa liquidez se evaporó en dos meses. El mismo informe apunta que esa salida de depósitos que causa la resolución se produjo bajo una cobertura mediática negativa que provocó el pánico entre los depositantes y los accionistas y, a lo largo del sumario, se dan innumerables pruebas de que esa cobertura fue provocada por mi sucesor. En el mismo informe, se dice que las causas de la pérdida de los inversores proceden de la resolución y que este banco estaba en condiciones en 2018 de cumplir con los objetivos de la ampliación. Los peritos concluyen también que el banco era solvente, rentable y viable. Y si un banco cumple estas condiciones, no se puede resolver, no se puede matar. El banco no se murió solo, lo mataron.

—¿Se podría haber evitado la resolución?

—Si yo hubiese seguido al frente del banco, el banco no lo habrían resuelto, eso lo tengo clarísimo. El Banco Central Europeo le concedió 9.500 millones de euros de liquidez al Popular el día 5 de junio de 2017, y Saracho y su equipo no dispusieron de esa línea. Quince días antes, el propio Saracho le dijo al consejo que el banco nunca iba a necesitar liquidez de emergencia, y en ese momento él ya sabía que habían desaparecido 12 ó 13 mil millones de depósitos. Eso no se investiga.

—¿Por qué cree que el juez archivó la causa para Emilio Saracho?

—La exculpación de mi sucesor para mí es inexplicable. Él ejecutó un plan que dijo que iba a ejecutar. Nos lo dijo en privado a mí y a otros consejeros. Yo lo denuncié ante los consejeros y obviamente les parecía que era una reacción mía porque no quería irme. Algo que no debería haber hecho. A la vista está. Saracho nos reconoció que no sabía gestionar un banco comercial, que la acción estaba cara y que había que montar una tómbola para vender el banco en el primer semestre del año y que para eso –y no voy a decir la expresión malsonante que utilizaba–, iba a asustar a las autoridades, a los depositantes, a los accionistas, a los políticos, y a los medios de comunicación. A buena fe que lo logró. La conclusión, por cierto, que me trasladó un exfiscal de la Audiencia Nacional es que el caso del Popular es la primera causa que ve que no se investiga ni el delito ni al delincuente.

Además, la consecuencia de este archivo es la protección de los intereses del Banco Santander, beneficiario del expolio. Como probé en un informe pericial aportado en un procedimiento civil, la ampliación de 7.000 millones del Santander, que éste achaca al Popular y la compra del propio Popular por un euro se destinan a cubrir las propias necesidades del Santander.

—El juez sostiene que los inversores acudieron «engañados» a la ampliación de capital de 2016 puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio del banco, cuando el Banco de España, el BCE, el FROB y la CNMV dieron el visto bueno a todos los ejercicios...

—Todas las autoridades dan el visto bueno a esas cuentas menos el instructor, amparándose en las conclusiones de una inspección del BCE de la que se derivaron unas recomendaciones al banco, que no requerimientos, y que el banco cumplió de carácter inmediato. Es decir, se va a abrir un proceso a unas personas que siguieron unas recomendaciones del supervisor que no tenían carácter ni de requerimientos, y que según el gobernador de entonces, Luis M. Linde, no deberían generar ni responsabilidad administrativa.

—Y si el supervisor hubiese encontrado algo de mayor gravedad, no le hubiese enviado una carta de recomendaciones...

—Claro. Con toda humildad, pero con total contundencia, lo que sostiene el juez no se corresponde ni con la realidad ni con la doctrina del Supremo, que ha dejado claro que las diferencias entre criterios prudenciales de las inspecciones y criterios contables –sobre todo cuando estos no son propios del banco sino que cuenta con el análisis de calidad de terceros, en nuestro caso Deloitte y PwC– no constituyen nunca un delito de falsedad de cuentas. Otra cosa es que el BCE te requiera e incumplas. Entonces hubiese iniciado un procedimiento sancionador, administrativo. No hay falsedad de cuentas por ningún lado, todo es transparente.

—Pues el juez directamente le acusa a usted de algo tan grave como de haber manipulado los datos de los estados financieros de 2015 y 2016...

—Es imposible que el presidente de un banco manipule ese tipo de información que además es pública. El juez además con esta grave acusación pone en duda mi larga e impecable trayectoria profesional. Jamás he recibido ni una sola amonestación. Además, hace algo gravísimo. Da al presidente un conocimiento omnisciente de lo que pasa en un banco de 160.000 millones de activos. Esa no es la función del presidente. ¿Por qué soy yo el que tengo que probar que no conocía unas irregularidades, que además se ha probado que no había? ¿No tendrá usted que probar que yo lo sabía? No hay ni una sola evidencia, ni de que yo conociera la irregularidad, ni de que la irregularidad existiese. Y hace esto cargándose también toda la doctrina del Tribunal Supremo al respecto de la división de responsabilidades en sociedades complejas. En definitiva, invierte la carga de la prueba y me somete a una especie de 'probatio' diabólica (que pruebe que no conocía la existencia de un delito que no se cometió). El presidente debe velar por el funcionamiento correcto de los mecanismos internos del banco para la determinación del capital y de las provisiones, precisamente el presidente del BCE me envió una misiva seis días antes de mi salida corroborando que no sólo los procesos internos eran sólidos, sino que el monto del capital y la liquidez eran suficientes para los riesgos a los que el Popular podía estar expuesto, incluido el inmobiliario. ¡Claro!

—El caso es que el banco se terminó vendiendo al Santander por un euro. ¿Era la mejor alternativa para todos?

—Esa solución no fue la mejor para el Popular, sino para el Santander y para aquellos que estaban cercanos a él, incluido Saracho. Un altísimo directivo del Santander me dijo en 2019 que todavía quedaban 5.000 millones de euros por aflorar de la operación del Popular que se había comprado en el 2017. Nadie ha pensado en el interés de los accionistas y de los bonistas del banco que perdimos todo –por cierto ni Saracho ni Reyes Calderón tenían ni una sola acción– y que tendríamos que ser resarcidos por Santander, que es el beneficiario, porque las autoridades, en mi opinión, actuaron bajo la presión provocada por mi sucesor y por esa salida de depósitos espantosa.

—Si pudiera volver atrás, ¿tomaría otras decisiones? ¿Cambiaría algo?

—Visto ahora con el beneficio de la retrospección como hace el instructor lo más conveniente hubiese sido quedarme. Porque no solamente habríamos sobrevivido, habríamos crecido. Se ha producido una situación de desamparo para los clientes. En siete años no he tenido nunca un incidente por la calle con nadie diciéndome que lo he estafado. No ha habido nadie que haya ido a declarar a la Audiencia Nacional que haya dicho que el presidente manipulaba las cuentas. Pero hay docenas, cientos de miles de empresas españolas que deben su posición a lo que el Popular les ayudó desde el principio. Esto es triste pero es así. Acabaron con el banco, acabaron con sus empleados. Me gustaría que Santander dijese cuántos empleados del Popular han quedado de esa magnífica plantilla que según Saracho iba a vivir tiempos mejores.