40 alcaldes se unen para detener el cierre de la nuclear de Almaraz

Ante este escenario, los alcaldes de las decenas de municipios más afectados por el cierre de la central nuclear han presentado un manifiesto en el que defienden la necesidad de prolongar la actividad de la instalación, «polo de desarrollo económico y social de toda la zona», sostienen los líderes de las corporaciones municipales.

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Por ahora, la situación está enquistada. En las últimas semanas han salido informes favorables para alargar la vida útil de las centrales; la propia presidenta de la Junta de Extremadura está llevando a cabo su propio plan para detener al cierre, tal y como avanzó ABC; y algunas formaciones políticas como Partido Popular y Vox están remando a favor, pero de momento el cierre es una realidad.

Los alcaldes recuerdan que la central «es el principal motor económico de la comarca, y el manifiesto pide el mantenimiento de su actividad, más allá del calendario previsto. Por motivos regulatorios y de organización, si no se revierte la decisión de cierre antes de terminar el primer trimestre de 2025, este será irreversible», recuerdan.

En esta carrera contra reloj, donde cada semana pone un clavo más en la tumba de la central de Almaraz, el manifiesto de los alcaldes califica la situación de «devastadora». La suma de los dos reactores supone más de 2.900 puestos de trabajo, a los que hay que sumar 1.200 por cada recarga de combustible; son puestos de trabajo mayoritariamente de alta cualificación y larga duración.

La gran preocupación que tienen los alcaldes es que actualmente no existe ningún proyecto empresarial en la región que pueda reemplazar a la central. Además, Extremadura perdería su principal fuente productora de electricidad y la capacidad de atraer nuevas industrias electrointensivas, que necesitan un suministro continuo, seguro y a precios competitivos. Esta situación ha provocado, por ejemplo, el apoyo incondicional de la Comunidad de Madrid, que se quedaría sin ese flujo continuo de energía estable que produce la nuclear.

Ante esta situación, los alcaldes urgen a las administraciones públicas y a las empresas para que entablen un diálogo que permita garantizar la continuidad de la central, abordando cuestiones críticas como su carga impositiva –435 millones de euros al año–, que la hace inviable económicamente. De hecho, ahora mismo la disputa real no es sobre el mantenimiento de las centrales, sino la presión fiscal que soportan los propietarios de las centrales.

Ante la urgencia de la situación, los alcaldes tienen previsto llevar a cabo nuevas acciones de movilización.