La Airef traslada a los diputados que habrá que afrontar un ajuste fiscal de 10.000 millones al año para cumplir con Bruselas

Así lo deslizó la Airef en la última actualización de su observatorio fiscal y así se lo trasladó la presidenta de la Autoridad Fiscal, Cristina Herrero, a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios representados en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso el pasado martes, según ha revelado este jueves el portavoz económico de Sumar, Carlos Martín Urriza, durante su intervención en el debate sobre la senda de consolidación fiscal del Reino de España para el periodo 2024-2026, que de nuevo ha iniciado su tramitación parlamentaria tras el rechazo de la mayoría del PP en el Senado.

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Las reglas fiscales europeas exigen a los países situar su déficit público por debajo del 3% del PIB y asegurar una reducción progresiva pero inexorable de sus niveles de endeudamiento cuando estos se sitúen por encima del 60% del PIB. España va a entrar en el nuevo marco fiscal con un déficit público que se prevé en el entorno del 4%, respecto al 3% en que se situaba justo antes de la secuencia de eventos que han sacudido la economía global desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020; y con una deuda pública del 107,7% del PIB, por debajo de la previsión inicial que el Gobierno había realizado para 2023 y 17 puntos por debajo del pico del 125,3% que se alcanzó en 2020, pero más de nueve puntos por encima del 98,2% en que se movía en el año 2019, según recordaba el Observatorio de Deuda de la Airef hace apenas unos días.

Esa sobrecarga fiscal generada durante la pandemia y la gestión de la crisis inflacionista, muy superior a la generada en el resto de grandes economías europeas según atestiguan los informes internacionales, es la que ahora le va a tocar purgar al sector público español y eso va a exigir un esfuerzo considerable. Según la Autoridad Fiscal, el sector público español tendrá que abordar un ajuste fiscal neto equivalente al 0,64% del PIB anual (alrededor de 10.000 millones de euros) en el periodo 2025-2028, que bajo determinadas condiciones podría ser algo más suave, del 0,49% del PIB (unos 7.500 millones), pero más prolongado, durante siete años.

Eso fue lo que le trasladó Cristina Herrero a sus señorías, convocados este jueves en el Congreso para volver a votar la senda de ajuste fiscal que propone el Gobierno para cumplir esa senda y que promete que se pueden lograr esos objetivos sin necesidad de realizar ningún recorte del gasto público.