La Airef ve inviable el objetivo del pleno empleo en esta legislatura y prevé una tasa de paro por encima del 10% en 2028

La Airef considera que el comportamiento del empleo está siendo favorable en los últimos meses, pero que esa creación de empleo no se está traduciendo en una reducción igualmente significativa de la tasa de paro, probablemente por el efecto de la afluencia de inmigrantes que está elevando la población activa. En ese contexto, sus previsiones apuntan a una reducción de la tasa de paro mucho más suave de la que espera el Gobierno que desembocaría en un nivel muy por encima del 8% al final de la legislatura. Su previsión es que este año el nivel de paro de la economía se reduzca solo levemente hasta el 11,4%.

La institución ha aprovechado su preceptiva valoración sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas para 2024 para revisar al alza su previsión de crecimiento para este año, que ha alineado con el 2% previsto por el Gobierno. El mejor comportamiento respecto a lo previsto en la segunda mitad del año pasado y el favorable arranque de 2024 ha determinado esta revisión al alza, que sin embargo no es el anuncio de una aceleración del crecimiento económico en los próximos años como sí estima el Ejecutivo. La Autoridad Fiscal considera, por el contrario, que es un jalón más en el progresivo avance de la economía española hacia su crecimiento potencial, que se estima en el 1,3%, lo que hará que en los próximos años el crecimiento se mueve en una horquilla de crecimiento de entre el 2% y el 1,5% en lo que queda de legislatura.

La moderación del crecimiento impedirá una reducción más potente del desempleo y los parámetros sectoriales de la creación de empleo tampoco van a contribuir todo lo que tal vez se esperaba. La Autoridad Fiscal no observa evidencias de cambios profundos en las pautas de creación de empleo, al contrario de lo que se vende desde el Ejecutivo. Las ramas en las que se observa un mayor crecimiento porcentual del empleo son sanidad y servicios sociales, actividades científicas y técnicas, educación o transporte, unos vectores muy similares a los que se ven en el resto de los países europeos y que no aportan ningún indicio sobre un comportamiento diferencial del empleo en España.

El buen comportamiento de la economía en los últimos meses facilitará el cumplimiento del objetivo de situar el déficit en el 3% ya este año. La Airef avala que ese nivel se alcanzará este año, como prevé el Gobierno pero de lo que desconfían la mayoría de los analistas, y permitirá a España esquivar el riesgo de que la Comisión le abra un procedimiento de déficit excesivo, como sí les podría ocurrir a otros grandes países del euro como Francia e Italia. Y lo conseguirá a pesar de incumplir la recomendación de prudencia financiera formulada por la Comisión Europea en virtud de la cual el gasto primario neto de medidas de ingresos no debería crecer más del 2,6%.

A la luz de la información incluida en los proyectos presupuestarios presentados hasta la fecha y en la prórroga presupuestaria del Estado, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas incumplirán de largo ese límite, lo que no tendrá consecuencia alguna ya que hasta dónde se sabe lo relevante a la hora de entrar en el nuevo marco fiscal europeo como cumplidor o incumplidor será el dejar el déficit público por debajo del 3%. Según las estimaciones de la Airef, de haber cumplido escrupulosamente la regla de gasto recomendada por Bruselas el déficit español cerraría el año en el 2,4%.

La Autoridad Fiscal advierte, no obstante, de que los objetivos de consolidación fiscal están lejos de cumplirse. El robusto crecimiento de los últimos años va camino de salvar la primera bola de partido para las administraciones públicas españolas, pero la presidenta de la institución, Cristina Herrero, ha alertado de que a partir de este año el crecimiento esperado ya no será suficiente para continuar reduciendo la deuda pública y el déficit como ha venido sucediendo hasta la fecha.

En ausencia de medidas el déficit público tocará suelo en 2025, con un 2,9%, y se estabilizará a partir de entonces por encima del 3% en el periodo 2026-2028, como consecuencia de la inercia al alza del gasto y el incremento limitado de los ingresos fiscales. Algo similar sucederá con la deuda pública, con el agravante de que con las nuevas reglas fiscales europeas pasará a ser el nuevo indicador de referencia. Tras la notable reducción de los dos o tres últimos años, las proyecciones de la Airef vaticinan que la deuda se estancará en ausencia de medidas adicionales de ajuste fiscal en el entorno del 104%, lejos de los niveles que Europa considera como asumibles.

Ante este escenario, la presidenta de la Autoridad Fiscal instó ayer al Gobierno a iniciar los contactos con los responsables de las administraciones territoriales para empezar a trabajar el plan fiscal estructural que deberá presentar a la Comisión Europea el próximo mes de septiembre. Dijo que debería convocarse lo antes posible el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Comisión Nacional de Administración Local para empezar a diseñar el plan e incluso planteó la necesidad de convocar una Conferencia de Presidentes para tratar el asunto. "No se podrá realizar un plan de consolidación fiscal creíble si no se hace con la participación de las comunidades autónomas, que son las responsables del 44% del gasto", ha asegurado este jueves Cristina Herrero.

El plan, ha advertido Herrero, deberá igualmente identificar todos los pasivos contingentes -impactos presupuestarios que se podrían aflorar en los próximos 15 o 20 años como consecuencias de procedimientos judiciales o de otro tipo- y los planes de inversión militar para los próximos años, ya que una vez formulado no se podrá modificar año tras año como sí venía sucediendo hasta la fecha con las actualizaciones del programa de estabilidad.

La Autoridad Fiscal descuenta que en los próximos años además de los gastos derivados de las pensiones y del envejecimiento de la población en general la inversión en Defensa se incrementará de forma significativa para cumplir los compromisos que ha alcanzado el Gobierno de España en los foros internacionales, singularmente con la OTAN para la financiación de la guerra de Ucrania. Más aún cuando la institución ha detectado un retroceso inesperado de la inversión militar durante el año 2023 de cerca de 2.000 millones de euros, pese al compromiso del Gobierno con sus socios de la alianza atlántica para incremente los gastos en Defensa.