La Airef advierte de que la factura de las pensiones obligará a un ajuste más duro del gasto público para cumplir con Bruselas

En la presentación de su informe de opinión sobre las consecuencias de la reforma de la gobernanza fiscal de la Unión Europea y la entrada en vigor de la nuevas reglas fiscales europeas, que ha tenido lugar este miércoles, la Autoridad Fiscal ha advertido de que de no corregirse la evolución prevista de los gastos de la Seguridad Social el ajuste fiscal que tendrán que asumir el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos será mucho más exigente del inicialmente previsto por el organismo.

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Gonzalo D. Velarde

Las cuentas que ha realizado la Autoridad Fiscal indican que si el Gobierno de España opta, como parece, por abordar el ajuste estructural que le exigen las nuevas normas europeas de forma suave en un periodo de siete años -la otra alternativa sería un ajuste más duro en un periodo de cuatro años- su magnitud será de un 0,43% del PIB anual (unos 6.500 millones de euros), de modo que el gasto conjunto de las administraciones públicas españolas no podrá crecer más de un 2,7% anual.

Para valorar lo que esto supone se puede recordar que en 2023 el gasto público creció un 4,7%, que en los últimos cinco años el crecimiento medio fue del 5,9% y que en el cuatrienio anterior (2015-2019), aún bajo las restricciones del proceso de reducción del déficit el gasto público creció a una media del 3,2%. De hecho, el gasto público solo ha crecido por debajo del 2,7% en los años duros de los recortes posteriores a la gran crisis financiera.

Pues bien, esa contención en la evolución del gasto que de cumplirse a rajatabla y de manera equitativa por Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos obligaría a las autonomías, los municipios y la propia Seguridad Social a consolidar un superávit insólito en la historia presupuestaria española, podría ser aún más duro de no abordarse el gran elefante en la habitación del debate presupuestario doméstico: la evolución descontrolado de la factura de las pensiones.

La Autoridad Fiscal ha advertido este miércoles que de no tomarse medidas para tratar de contener la inercia de gasto de la Seguridad Social, para la que se prevé una evolución media del gasto del 3,9%, el Estado, las autonomías y los ayuntamientos tendrán que realizar un ajuste fiscal mucho más duro y su gasto no podrá evolucionar más que un 2,2% de media en los próximos siete años.

La consecuencia más inmediata es que comunidades autónomas y ayuntamientos estarían obligadas a presentar superávits presupuestarios todos los años para compensar la desviación respecto a la media del gasto en pensiones. Y ello en un periodo en el que, como ha advertido este miércoles la Airef, habrá presiones singulares por el lado del gasto sanitario y en servicios sociales por el proceso de envejecimiento de la población, que afectarán principalmente a las autonomías, que gestionan el 50% del gasto público.

Para tratar de tener bajo control esa factura, la presidenta de la Autoridad Fiscal, Cristina Herrero, ha pedido este miércoles al Gobierno que haga públicas sus estimaciones sobre las necesidades de gasto e inversión que tendrán que afrontar en los próximos años las administraciones públicas para hacer frente a la transición ecológica, el envejecimiento de la población o los compromisos internacionales de España.

La Autoridad Fiscal también ha instado al Gobierno a hacer más transparente todo el proceso y revelar la información sobre la trayectoria de consolidación fiscal propuesta por la Comisión, que obra ya en poder del Gobierno desde el pasado día 21 de junio y que países como Austria y Holanda sí han publicado. El envío de esa trayectoria inaugura el proceso de diálogo bilateral entre el Reino de España y la Comisión Europea que resultará en la presentación del plan fiscal estructural el próximo mes de septiembre.

La presidente de la Airef ha insistido este miércoles en que ese diálogo bilateral debería venir acompañado de un diálogo entre todos los niveles de la administración y también con el Parlamento para conseguir que la trayectoria que marcará la política presupuestaria española de los próximos cuatro o siete años goce del mayor grado de consenso posible. En cualquier caso, desde la institución se ha advertido que las reglas europeas permiten introducir ciertos cambios en ese plan estructural en caso de cambio de Gobierno.