Agricultura no limitará la producción de vino por vía urgente, como le piden los productores para asegurar los precios

El problema no es nuevo, de hecho, desde la entrada en vigor de la PAC en Europa el sector está sometido a una serie de medidas intervencionistas, todas tendentes a limitar la producción. La más importante es el 'derecho de plantación de viñas', una autorización que se requiere para plantar y que los Estados miembro solo pueden poner a disposición de los productores en función de un cupo; como máximo, el 1% de la superficie plantada a 31 de julio del año anterior. Además de esto, cuando un agricultor elimina una parcela de vid dispone de tres años para replantarla –con esa variedad o con otra– antes de perder los derechos.

Pues bien, el pasado 12 de septiembre las tres principales organizaciones agrarias, Asaja, Coag y UPA, enviaron un documento al Ministerio de Agricultura en el que piden que se prohíba la plantación de nuevos viñedos hasta 2027 -poniendo el 'cupo' del año próximo a 0- y se alarguen los plazos para que los productores dispongan de seis años en lugar de tres para replantearse si volver al negocio.

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La respuesta del ministro Luis Planas llegó el 20 de octubre en forma de un 'no' que fue recibido con sorpresa por parte de los representantes de los agricultores. A su vez, esa misma semana el Ministerio aprobó un Real Decreto de modificación de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) en la PAC -el mecanismo que tiene España para aplicar las directivas comunitarias en materia de gestión vitivinícola- en el que no se tuvieron en cuenta ninguna de las medidas que propusieron las organizaciones agrarias en la misiva del 12 de septiembre.

En un comunicado muy duro, COAG manifestó su «indignación» ante una negativa que «pone en riesgo de abandono a más de 95.000 hectáreas de viñedo», aseguraron.

«No ha habido respuesta y nos encontramos estas declaraciones a la prensa sin diálogo previo para marcar la postura española en Bruselas. Planas a ha dinamitado la negociación antes de iniciarla en un momento en el que se está negociando con la Comisión Europea un paquete de medidas específico», protestó Joaquín Vizcaíno, responsable vitivinícola de COAG, añadiendo que «no se trata de un arranque masivo. Queremos que sea una medida quirúrgica en determinadas zonas, especialmente en aquellas con serios problemas en las variedades tintas cuya demanda ha caído de forma significativa en los últimos años por un cambio en las tendencias de consumo». En efecto, los datos del Panel de Consumo del Ministerio demuestran que el consumo de tinto ha pasado de 237,6 millones de litros en 2009 a 151,8 millones en 2023. Es decir, una caída en el consumo en hogares del 56,5%.

Además de esto, Vizcaíno recordó que en Francia, donde enfrentan el mismo problema, el Ejecutivo ha puesto a disposición de los agricultores -con el beneplácito de Bruselas- 4.000 euros por hectárea para arrancar un 5% de la superficie total.

ABC ha contactado con el responsable técnico del sector del vino en ASAJA nacional, José Ugarrio, que comparte la misma oposición a la negativa inicial del ministro y avisa de que, de no haber acuerdo, llevarán la petición a Bruselas. A pesar de esto, Ugarrio no le pone cifras al problema, porque recuerda que, en la práctica, cada año desaparecen hectáreas vitivinícolas en España. Como explica este experto, el objetivo de las ayudas es asegurar que los productores gocen de apoyo para llevar a cabo ese arranque; como se ha hecho en Francia, insiste también.

UPA, el tercer firmante de la carta, emitió un comunicado manifestando su «decepción» y «sorpresa» por el rechazo inicial a «la única salida que ven algunos viticultores profesionales», aseguraron. Por todo ello, piden una reunión bilateral con Planas.

Ante el ruido mediático causado, ayer el ministro se abrió a «dialogar» sobre el arranque de viñedo, aunque rechazó la reiterada comparación con el ejemplo francés, opinando que la situación no es similar. Además de esto, dijo sentirse «extrañado» porque se le haya atribuido una negativa a la propuesta. Soy una persona «poco dogmática», manifestó.

Todo esto lo dijo en unas declaraciones a los medios de comunicación tras asistir al acto del centenario de Bodegas Ramón Bilbao. «A día de hoy no hay ninguna comunidad autónoma que le haya planteado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una propuesta de arranque de viñedo, a día de hoy», dijo Planas, añadiendo que «son las propias denominaciones de origen y sus consejos rectores quienes mejor conocen la situación», así como las comunidades autónomas.

«Si como consecuencia de este debate surgen medidas que puedan ser efectivas, interesantes para nosotros y para nuestro sector, yo como ministro las apoyaré, pero siempre teniendo en cuenta los intereses de España, de nuestros productores, no las hipótesis que se puedan producir en otros países europeos», zanjó.

En resumidas cuentas, el ministro puso el foco de atención en las Comunidades Autónomas, que al fin y al cabo también tienen competencias en la política de derechos de plantación y el reparto de las ayudas. De momento ninguna se ha manifestado en un sentido o en el otro.