Accionistas minoritarios de Indra piden a la CNMV que investigue si existe conflicto de interés ante la compra de la empresa familiar del presidente

Así, según la carta, a la que ha tenido acceso ABC, la Fundación Hay Derecho -fundación sin ánimo de lucro que promueve la defensa del Estado de Derecho, la regeneración institucional y la lucha contra la corrupción- avisa al órgano regulador de «la posible existencia de conflictos de interés graves en la proyectada adquisición por parte de Indra Sistemas, S.A. de la compañía Escribano Mechanical & Engineering (EM&E)», propiedad del actual presidente de Indra, Ángel Escribano, y de su hermano, Javier, hoy presidente de la empresa familiar.

Además, en la misiva, la Fundación que preside Segismundo Álvarez Royo-Villanova, recuerda a la CNMV que «la designación del presidente del consejo de administración de Indra» se hizo «sin el preceptivo informe previo de la comisión de nombramientos, contraviniendo lo dispuesto en los estatutos sociales y el reglamento del consejo», a lo que añade que podría darse también la circunstancia de que se haya reducido «la independencia del consejo de administración, mediante la sustitución y no renovación de consejeros independientes, pese a las observaciones realizadas por la propia CNMV en su informe de 2022.

Noticia Relacionada

Ángel Escribano diseña en Indra un consejo a su medida para atar la compra de su empresa

María Jesús Pérez

El consejo trata hoy la renovación o no de seis vocales -cinco independientes y un dominical- y los últimos avances de la compra de Hispasat a Redeia

Para los accionistas minoritarios representados en la Fundación «la posible actuación concertada entre accionistas significativos, especialmente entre la SEPI, Escribano Mechanical & Engineering Investments SL, Amber Capital LLC y SAPA Placencia SL« de confirmarse »podría obligar al lanzamiento de una opa conforme al artículo 131 de la Ley del Mercado de Valores y a la eventual suspensión de derechos políticos de las partes concertadas por aplicación de lo dispuesto por el artículo 132 del Real Decreto-Legislativo 4/2015 (TRLMV) y el artículo 27 del Real Decreto 1066/2007)«.

La carta pone en conocimiento del órgano regulador «la falta de transparencia y objetividad en la valoración de la empresa EM&E-, cuyo precio proyectado de adquisición resulta difícilmente justificable a la luz de operaciones anteriores y de su dependencia de contratos públicos«.

Por todas estas circunstancias, la Fundación Hay Derecho le pide a la CNMV que: «1. Examine la existencia de actuaciones concertadas entre los principales accionistas de Indra; 2. Evalúe la independencia real de los consejeros designados recientemente y la legalidad del proceso de nombramiento del presidente; 3. Investigue las condiciones de la operación de adquisición de EM&E y la forma en que se está gestionando el conflicto de interés derivado de la doble condición de vendedor y administrador del Sr. Escribano; y 4. En su caso, adopte las medidas disciplinarias o cautelares que resulten procedentes«.

No obstante, recordar que el consejo de administración de Indra constituyó a finales del pasado mes de julio una comisión para gestionar los conflictos de interés que supone la posible operación de integración con EM&E, de la que formaron parte vocales independientes del propio consejo: Belén Amatriain -que preside desde entonces la comisión-, Eva María Fernández, Josep Oriol Piña y Bernardo Villazán.

El propio consejo aprobó además el protocolo que regula «el marco de actuación y decisión de la potencial operación» para la «adecuada gestión de los conflictos de interés» y garantizar que el proceso se desarrolla «de acuerdo con los mejores estándares de gobierno corporativo».

Hasta ayer mismo, la comisión se mantiene activa con Amatriain al frente, junto a Josep Oriol Piña y Eva María Fernández, nombrados vocales independientes en mayo, y ya sin Villazán, que renunció al puesto un mes después de su creación.

Con cada vez más apoyos a la operación entre los consejeros y accionistas, Indra enfila, de la mano de su consejero delegado, José Vicente de los Mozos –al mando de las negociaciones en la operación puesto que el presidente y su hermano, sentado en el consejo representando el 14,3% del capital de EM&E, se inhibieron para cumplir con las normas de buen gobierno corporativo– una nueva etapa en la que no solo intentará sacar adelante la compra de la empresa familiar del presidente, si no también la de Hispasat. Ambas deberán ser ratificadas por los accionistas en próximas juntas, desligadas la una de la otra.