Reforma laboral a la vista
Reforma laboral a la vista
Después de casi cuatro meses de negociaciones y de que 94.000 personas hayan engordado aún más las listas del paro, que superan los 4,6 millones, la mesa del diálogo social sigue sin alcanzar un acuerdo sobre la pretendida reforma laboral.
El Gobierno puso sobre la mesa cinco amplias propuestas y ha pasado toda la responsabilidad a la patronal y a los sindicatos, exigiéndoles un acuerdo a finales de este mes. Si no, habrá «decretazo». Y nadie piensa ahora que el Ejecutivo va de farol, después de su reciente experiencia con las medidas de ajuste.
Mientras la CEOE coincide con el Gobierno en no extender el diálogo más allá de este mes, los sindicatos han radicalizado sus posturas y se hacen fuertes bajo el paraguas de la convocatoria de una huelga general. Más de uno piensa que CC. OO. y UGT prefieren no llegar a un acuerdo sobre la reforma laboral y que sea el Gobierno quien la apruebe mediante un «decretazo» para tener así más motivos para realizar ese paro.
De todas formas, en este supuesto habría que analizar la «intensidad y calibre» de la reforma, pues si ésta es de «mínimos», como siempre han buscado los sindicatos, tampoco habría motivos para una huelga general.
Lo que está claro es que la CEOE, CC. OO. y UGT tienen que ceder en sus pretensiones y el Gobierno no sólo conjugar los intereses de unos y de otros sino solucionar el problema de la financiación de la reforma, que algunas fuentes estiman en 5.000 millones.
Esa cantidad podría obtenerse de dos sitios: unos 1.400 millones del recorte de las bonificaciones a la contratación y 3.600 millones del excedente del Fogasa.
Una de las pocas cosas en la que están todos de acuerdo es en la reestructuración y limitación de las bonificaciones a la contratación, que se han universalizado con el paso del tiempo. El objetivo del Gobierno es redestribuir los 2.600 millones que destina cada año a esas bonificaciones y destinarlos a partir de ahora principalmente a menores de 25 años, mayores de 45 años y parados de larga duración.
También están de acuerdo Gobierno, patronal y sindicatos en reducir drásticamente la contratación temporal en favor de la indefinida. El problema es que habría que bonificar el cambio para hacerlo atractivo a los empresarios, lo que tendría un coste. Asimismo, mientras la CEOE no quiere que se penalicen los contratos temporales, los sindicatos exigen que se castigue la temporalidad injustificada.
El modelo austriaco de indemnización es otra de las propuestas del Gobierno que entrará en vigor sí o sí. Rodríguez Zapatero se ha vuelto un entusiasta de este sistema y su aplicación no tiene vuelta atrás. Consiste en que las empresas abren una cuenta a cada trabajador en la que mensualmente depositan un tanto por ciento de la indemnización que le correspondería por despido. Si el empleado se cambia de empresa, se lleva esa cuenta, donde le seguirán aportando las cantidades que correspondan. Al final de su vida laboral, esa cuenta se convierte en un importante complemento a su pensión de jubilación.
Ni este sistema ni nada parecido existe en nuestro mercado laboral, por lo que su aplicación ha desatado grandes dudas entre los expertos y, sobre todo, en la patronal, ya que piensan que supondrá un encarecimiento de los costes de despido. Directamente relacionado con este modelo austriaco está la intención del Gobierno de generalizar, para las nuevas contrataciones, el modelo de contrato de fomento, que tiene una indemnización de 33 días, frente a los 45 días del contrato indefinido habitual.
Abaratar el despido
Esta propuesta del Ejecutivo ha sido entendida por los sindicatos como un abaratamiento del despido, por lo que exigen algo a cambio. Aquí podría entrar el modelo alemán, que conjuga la reducción de jornada con el cobro del subsidio de paro. Se aplicaría sobre todo en los ERE.
Otra medida del Gobierno que parece contar con el beneplácito de los agentes sociales es que el Fogasa asuma parte del coste de los despidos objetivos en todas las empresas. Este Fondo de Garantía Salarial asumiría el 40% de los 20 días de indemnización, es decir, 8 días.
La reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social es una cuestión descartada para desilusión de los empresarios. La patronal se queja de que cotizan cinco puntos por encima de la media de la UE.
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