Economía Indexada

Indexar precios o rentas al IPC es una reacción tan lógica como cerrar los ojos cuando una mano se acerca a la cara. Sin embargo, carece de sentido que, por ejemplo, un aumento de los precios de determinadas materias primas repercuta, a través de su impacto en el IPC, en el precio de bienes que no las incluyen en sus costes de producción. Una economía muy indexada tiende a generar una inflación mayor y persistente. Ese era uno de los dolores de cabeza del Gobierno de Aznar en los primeros años del euro, cuando nuestro diferencial de inflación con la Eurozona estaba por encima de los dos puntos porcentuales y delataba la necesidad de reformas.

Hace seis años, el Gobierno de Rajoy aprobó la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española, una norma que desvinculó una serie de precios públicos de la evolución del IPC. La normativa, cuyo impulsor fue el entonces jefe de la Oficina Económica de Presidencia, Álvaro Nadal , se justificó en dos aspectos: la necesidad de mejorar la competitividad de la economía y la estabilidad de precios, reduciendo el alcance de los efectos de segunda vuelta. Los sindicatos como UGT y CC.OO. la rechazaron porque vieron que prefiguraba una posible arremetida contra la negociación colectiva. En términos generales, la ley pasó sin pena ni gloria porque se dictó en un momento en que la inflación era baja o inexistente (en 2015, el IPC fue 0%).

En su momento, este hecho fue tomado por algunos economistas para criticar la oportunidad de la ley. Sostuvieron que ya que la inflación no estaba erosionando la competitividad ni había efectos de segunda vuelta, no tenía sentido legislar. Cabe preguntarse si ahora, cuando España cierra los ojos ante una mano que se acerca, se podría aprobar una ley así y si la que tenemos resistirá al embate inflacionario. jmuller@abc.es