Los expertos ven inviable cumplir el ajuste fiscal que exige Bruselas sin tocar el sistema de pensiones

Su primera medida ha sido instaurar de cara al año que viene un principio de prudencia financiera que, según las estimaciones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), forzará a España a situar su déficit público por debajo del 3% en 2023, dos años antes de lo previsto, lo que exigirá un ajuste extra de entre 7.500 y 15.000 millones de euros, según el nivel de gasto corriente en que finalice este año 2022.

El reto se antoja titánico y todo apunta, además, a que deberá mantenerse en el tiempo si no se quiere, como ya ha advertido la Airef, que el nivel de déficit público se estanque en el entorno del 3% del PIB y el de deuda por encima del 120% del PIB.

«Hace falta un plan creíble de consolidación fiscal, sí, pero sobre todo un replanteamiento general de la forma en que se gasta en España. El país lleva demasiados años gastando sin saber si ese gasto en que se incurre cumple los objetivos o es eficiente», señala Gregorio Izquierdo , director general del Instituto de Estudios Económicos, un centro de pensamiento que hace unos meses lanzó un estudio referencial cuya principal conclusión fue que el sector público español podría prestar los mismos servicios gastando 60.000 millones menos .

«Desde el año 1980, en 29 de los 42 ejercicios presupuestarios transcurridos el déficit público ha superado el 3%. Esto no es razonable», señala el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo y consultor del Banco Mundial o la Comisión Europea, Santiago Lago , para subrayar la necesidad de un plan de ajuste fiscal.

Lo que no se podría hacer es pagar las mismas pensiones gastando menos y eso es un problema. Si hay una coincidencia general entre los expertos consultados por ABC para la elaboración de este artículo es que cualquier plan de consolidación fiscal exigirá tocar el sistema de pensiones para resultar creíble.

«Lo más urgente es intentar hacer una reforma que ponga freno a la evolución del gasto en pensiones», asegura Ángel de la Fuente , director ejecutivo de laboratorio de ideas Fedea. «Luego hay que pensar en el gasto, para tener una actitud más contenida, y dar una vuelta al sistema fiscal para tratar de obtener más recursos, sobre todo ampliando las bases de los impuestos, pero lo prioritario es contener el gasto en pensiones».

«Las pensiones suponen ya cerca del 30% del gasto presupuestario, luego si las pensiones no contribuyen a esa consolidación fiscal será mucho más difícil que resulte creíble», afirma Raymond Torres , director de Coyuntura Económica de Funcas. «Si el compromiso de vincular las pensiones al IPC es inquebrantable, habrá que ver al menos cómo pueden contribuir las pensiones más altas al ajuste fiscal que se necesitará hacer en los próximos meses».

«Es evidente que el sistema de pensiones no puede quedarse al margen de la definición e implementación de un plan de ajuste fiscal, sobre todo si se piensa a medio y largo plazo», coincide Santiago Lago.

Funcas difundió hace unos días un sondeo realizado a ciudadanos para pulsar sus opiniones respecto a un eventual proceso de consolidación fiscal. Sus resultados pusieron de manifiesto los motivos que atenazan a los políticos a la hora de ejecutar ajustes de gasto. Parece haber una coincidencia general en que la población prefiere que los ajustes se realicen por la vía de gastar menos que por la vía de subir los impuestos, pero en caso de un eventual ajuste forzado por Bruselas tanto rebajar el gasto como subir los impuestos tendría un efecto negativo sobre las expectativas electorales del Gobierno que los ejecute.

«No es fácil pero no se pueden mantener los actuales niveles de déficit y deuda de manera indefinida», advierte Ángel de la Fuente, que añade: «Y es mejor hacerlo de manera gradual porque es más realista y porque es más sostenible». «Es importante que la consolidación fiscal se inicie ya», argumenta Raymond Torres. «Si no se hace ahora, de forma planificada, es probable que se acabe haciendo de manera forzada y ya sabemos qué implica eso, que se acaba hacienda a través de recortes de gasto y se hace peor».