Una ola de demandas zarandea el modelo de planes de pensiones de empleo impulsado por el Gobierno

El millar largo de afectados que han decidido acudir a los tribunales para defender sus derechos frente a los gestores de la entidad sugieren que su funcionamiento no era tan modélico como aparentaba. Reclaman el derecho a rescatar sus ahorros en un solo pago cuando así lo deseen, tal y como se reconocía en los estatutos originales de Geroa, y no obligatoriamente en forma de renta vitalicia, como los gestores del fondo les vienen imponiendo de un tiempo a esta parte.

Según la Asociación de Usuarios Financieros ( Asufin ), que ha asumido la representación legal de los afectados, todo viene de un cambio de estatutos introducido de forma unilateral por los órganos de gobierno de Geroa –controlados por empresarios y sindicatos– a espaldas de los partícipes (286.000, según la última Memoria de la entidad) por el que se bloqueó la posibilidad de rescatar los ahorros en un solo pago a todos aquellos trabajadores que tuvieran derechos acumulados por encima de los 45.120 euros

Los afectados no habrían sido conscientes del cambio hasta el momento de solicitar la recuperación de sus ahorros, cuando se les comunicó que solo tenían derecho a percibirlos en forma de renta vitalicia. «Se tomó una decisión con implicaciones relevantes para todos los partícipes entre 16 personas , sin su autorización y sin comunicarles nada», aseguran desde Asufin.

Esta aparente laguna de gobernanza ha puesto en guardia a Asufin, que ha solicitado una reunión con el ministro Escrivá para evitar que este problema se filtre a la regulación estatal de los planes de pensiones de promoción pública. «Geroa no ha garantizado los derechos de los ahorradores y hay que impedir que este problema se reproduzca en la legislación estatal», advierte Patricia Suárez , presidenta de la asociación.

El modelo de gobernanza ha sido uno de los principales focos de fricción en la tramitación del proyecto de ley de los planes públicos de empleo , que se está a punto de aprobarse en el Congreso. Escrivá se ha visto obligado a renunciar al poder de veto sobre las inversiones de los fondos públicos de pensiones que se arrogó en las primeras versiones del proyecto –y que le garantizaban un control total sobre un capital que según las estimaciones del Gobierno alcanzará los 100.000 millones en 2030– y también a reconocer un mayor peso de patronales y sindicatos en los órganos de gobierno.

El modelo que se perfila prevé una Comisión Promotora y de Seguimiento, controlada por el Gobierno, que definirá las líneas estratégicas de inversión de los fondos públicos, pero sin poder de veto sobre las que planteen los diferentes fondos. Y un segundo órgano, la Comisión de Control Especial, máximo órgano de gestión en cada fondo que se constituya, que en origen iba a ser controlada por funcionarios de Seguridad Social pero en la que finalmente no habrá mayoría del Gobierno sino de los agentes sociales.