Las comunidades energéticas avanzan a tientas en la maraña legislativa

Una filosofía que, por ahora, parece que no está al alcance de nuestras conciencias, pero en la que ya se están implicando ayuntamientos, comunidades autónomas, pymes, asociaciones empresariales, de vecinos, de consumidores e incluso empresas distribuidoras y grandes energéticas. A estas nuevas comunidades se han destinado 100 millones de euros del Plan de Recuperación del Gobierno. Desarrollarlas es un objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Y el Ministerio de Transición Ecológica ha cerrado una consulta pública sobre lo que ha denominado «comunidades energéticas locales».

Por tanto, ya no se trata de iniciativas de activistas en defensa del medio ambiente o de consumidores enfadados por la factura eléctrica o desencantados con las grandes energéticas. La UE ha dictado dos directivas para impulsar las comunidades energéticas con el mandato de que los Estados miembros proporcionen el marco jurídico para desarrollarlas. En una de ellas (2018/2001) se habla de Comunidades de Energía Renovables y es la que ya está recogida en nuestro ordenamiento jurídico a través del Real Decreto-ley 23/2020. Se definen como «entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria» de sus socios (personas físicas, pymes, autoridades locales y municipios), que «están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables», que son propiedad de la entidad jurídica, y cuya «finalidad primordial es proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras». Es decir, se trata de comunidades orientadas al autoconsumo a partir de fuentes de electricidad (o de calor y frío) renovables y de ámbito local.

Además, la Comisión Europea redactó una segunda directiva (2019/944) con la figura de Comunidad Ciudadana de Energía, no traspuesta aún a la legislación española. En este caso recoge expresamente que estas nuevas entidades participan «en la generación, la distribución, el suministro, el consumo, la agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia energética, la prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos o de otros servicios energéticos a sus socios». Están enfocadas al sector de la energía eléctrica, sea o no renovable, no son de ámbito local y puede participar cualquier actor.

Para el ciudadano, el protagonista de las comunidades energéticas, es un galimatías normativo a falta de concretar, como reclama parte del sector. En todo caso, los expertos hacen una interpretación de estos textos. Para Esther Izquierdo, presidenta del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEC), «con estas directivas lo que se quiere fomentar es el autoconsumo: que consumamos lo que podemos generar desde el lugar más cercano para evitar pérdidas. Eso llevará a una gestión más eficiente del consumo». Y así lo considera Pedro González, director de regulación de AELEC (Asociación de Empresas de Energía Eléctrica): «La normativa persigue que el consumidor a través de sus decisiones de consumo e inversión lidere el proceso de descarbonización. Hay que darle instrumentos para interaccionar con el sector eléctrico: que pueda producir energía, almacenarla, consumirla directamente o venderla a la red».

El espíritu de estas normas supone entrar en un nuevo paradigma en un sector como el energético ya de por sí complicado para los consumidores. «Que personas que no tienen ningún vínculo se unan para ahorrar energía y se pongan de acuerdo en producir, generar, gestionar y vender a la red de distribución... no hay otro paralelismo en ninguna rama de actividad», señala Tomás Gómez Navarro, director del Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería Energética de la Universitat Politécnica de Valencia.

«Que el 30% de la energía que necesita un municipio deje de comprarla en el mercado porque se autoabastece es un cambio revolucionario», sentencia Juan Sacri, presidente de Sapiens Energía, una comunidad energética renovable que opera en la Comunidad Valenciana. Ha desarrollado seis proyectos propios. Por ejemplo, la comunidad energética de Llíria que suministra energía a 40 usuarios (hogares, pymes y administraciones públicas) desde las placas fotovoltaicas instaladas en el techo del edificio de la Policía Local. O la de Fontanars dels Alforins que cuenta con 80 usuarios y las placas solares se han ubicado en el tejado de un colegio público.

Sacri defiende las ventajas de las comunidades energéticas (con fotovoltaica, la tecnología que parece mejor se adapta): son inversiones asequibles, «un socio se puede unir desde cien euros», dice. Los ahorros por autoconsumo suponen entre el 20 y 40% de la factura. Las placas solares tienen una vida útil superior a 25 años, con plazos de amortización entre 7 y 9 años, «con ayudas públicas, se puede reducir hasta 4 años», matiza. Y «la energía de proximidad no usa grandes redes de distribución, evitando parte de coste en impuestos», añade. Sin olvidar sus beneficios para el medio ambiente e impacto en el entorno.

Donde las comunidades energéticas tienen un gran nicho es en las ciudades, cree Gómez Navarro. «En lugares donde se agrupe mucha gente y haya recursos, en polígonos industriales, barrios residenciales... Pero en muchos municipios las comunidades tienen problemas al principio, los socios tienen que ponerse de acuerdo sobre cuánto invierte cada uno en la instalación, qué coeficiente de autoconsumo les corresponde a cada uno, necesitan permisos para las instalaciones, darse de alta bajo alguna forma jurídica, tener unos estatutos, saber si vuelcan o no a la red y cuánto les reporta y si tienen que pagar impuestos... Esto asusta al ciudadano. Pero a medida que los proyectos de Madrid, Barcelona, Pamplona, Valencia y otros salgan adelante no se verá tan complicado. Habrá ayuntamientos más proactivos, empresas de asesoría técnica y consultoras que ayudarán a resolver dudas... Se espera que muchos ciudadanos se quieran apuntar», prevé Gómez Navarro.

Hay que poner orden y concretar. Aunque el fin primordial de las comunidades energéticas, en cualquiera de sus definiciones, sea el autoconsumo por encima de «ganan cias financieras», como ya dice nuestro ordenamiento, a nadie se le escapa que si vierten la energía excedente a la red de distribución y hay una compensación económica puede ser considerada una actividad lucrativa. «Eso se definirá en la normativa que trasponga las directivas europeas al ordenamiento jurídico español», responden desde el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). En el caso de las Comunidades Energéticas Renovables (ya definidas en la legislación española, a falta de reglamentos que las desarrollen), el IDAE dirige a la directiva europea. Esta, según IDAE, «recoge que deben estar sujetas a procedimientos justos, proporcionados y transparentes, y a tarifas de la red que reflejen los costes, así como a los pertinentes cargos, gravámenes e impuestos, garantizando que contribuyen de forma adecuada, justa y equilibrada al reparto del coste global del sistema».

No obstante, el sector reclama un desarrollo más detallado. Por ejemplo, «hay que definir el criterio de proximidad», propone Irene Bartol, secretaria general de ASEME, la patronal de los distribuidores locales. Es decir, fijar la distancia de los socios al proyecto de energías renovables. «Puede ser el municipio, o que se agrupen los socios que se encuentran en radio de 5 kilómetros. Además, la comunidad energética puede ser titular de la red, por tanto hay que definir el alcance de sus derechos y obligaciones, sin soslayar otros titulares que ya existen. Y ser muy cuidadosos con el principio de sostenibilidad económica del sistema energético». Pedro Gonzalez añade otras dudas: «Qué tratamiento económico tiene los intercambios de energía de cara a una posible tributación o exención, si se paga o no peaje por volcar a la red, qué obligaciones y derechos tienen los participantes...».

A falta de resolver todos estos flecos, lo cierto es que las comunidades energéticas van surgiendo en nuestro país. «Son agrupaciones que ahora no tienen entidad jurídica porque no hay normativa civil ni mercantil. Se agrupan como cooperativas, comunidades de vecinos, asociaciones... El autoconsumo es solo una de sus posibilidades, porque también pueden volcar energía a la red o almacenarla», señala Lucía Dólera, directora de Proyectos de APPA Renovable.

«Hay suficiente cobertura legal para ponerlas en funcionamiento», afirma Joaquín Mas, director general de cooperativa Grupo Enercoop, que junto al ayuntamiento de Crevillent, quieren convertir este municipio alicantino (de 29.000 habitantes) en una comunidad energética. Las pruebas han comenzado en la pedanía de El Realengo, donde sobre el techo de una gran marquesina se han instalado placas fotovoltaicas que suministran electricidad a 300 personas. «Tendrán un 50% de energía solar y otro 50% llegará de la red», dice. Mas también insiste en las grandes posibilidades de las comunidades energéticas: «No solo producen energía sino que podrán gestionar la demanda. Los consumidores podremos aglutinarnos y tener un agregador de la demanda que será el verdadero interlocutor con el sistema. Por ejemplo, cargará nuestro vehículo eléctrico, según nuestras necesidades, cuando sea más barato en el mercado y volcará la energía que nos sobre a la red. Y eso se reflejará en la factura».

ECOOO (una empresa de no lucro) está empezando a crear las primeras comunidades energéticas en Madrid, provincias limítrofes y en Vitoria. «Instalamos placas solares en los tejados de las comunidades de vecinos. No se conecta directamente a cada vivienda, sino que se vierte la energía a un punto de conexión de la red. Después la compañía distribuidora lee cuánta energía se ha volcado. Y según los coeficientes fijos de cada socio, se lo descuenta de la factura», cuenta Laura Feijóo, responsable de Autoconsumo de ECOOO. Así son los primeros pasos de las comunidades energéticas, en las que quizá en unos años muchos seamos partícipes.

El Real Decreto 244 de 2019 regula el autoconsumo colectivo (una instalación compartida por varios consumidores), el verdadero germen de las comunidades energéticas. Así una comunidad de vecinos, las empresas de un polígono industrial o los negocios de una zona se pueden aliar para instalar placas fotovoltaicas (lo más habitual) en los tejados de sus naves, edificios... y compartir la energía que generen. Entre el punto de generación y los consumidores tiene que existir una distancia máxima de 500 metros. Y estar en la red de baja tensión (menos de 100 Kw). Existe la posibilidad de volcar el excedente de energía a la red. Entonces se negocia con la distribuidora o comercializadora un descuento en la factura. Si la instalación supera los 100 Kw, «es necesario darse de alta en el registro de productores, pagar IVA y todos los impuestos asociados», explica Lucía Dólera.