La Comisión Europea dice a Sánchez que sí puede «intervenir» ante el alza de la luz
La comisaria de Energía recuerda, en respuesta al PP europeo, que se debe proteger a los consumidores más vulnerables y a las empresas
Quién fija los precios de la luz

El Gobierno tiene en su mano las herramientas para evitar que la mayor escalada de la luz de la historia afecte a los consumidores y empresas más vulnerables de nuestro país. Así lo pone de manifiesto la comisaria europea de Energía, Kadri Simson , ... en una respuesta remitida ayer a la portavoz de los populares en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat , que no deja lugar a las interpretaciones. Simson recuerda en el texto, al que ha tenido acceso ABC, que las empresas «son libres de fijar el precio al que suministran la electricidad a los clientes» y remarca que «los Estados miembros deben garantizar una competencia efectiva». Pero incide además en que «paralelamente, los Estados miembros pueden aplicar algunas salvaguardias, como intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad a los clientes domésticos en situación de pobreza energética o vulnerables».
La comisaria hace referencia también a la compleja situación que supone esta deriva de precios para las empresas y recuerda igualmente que el Ejecutivo puede poner en práctica algunas medidas compensatorias para evitar que el golpe de la factura derribe a unas compañías que aún batallan contra los efectos de la pandemia. «Las normas sobre ayudas estatales de la UE permiten que, en determinadas condiciones, los Estados miembros compensen a los grandes consumidores de energía parte de los costes de financiación de las energías renovables y parte de los costes indirectos de las emisiones de carbono», dice Simson. La respuesta de la comisaria llega tan solo un día después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , intentara esquivar la responsabilidad del Gobierno en la crisis energética y señalara a los expresidentes populares, José María Aznar y Mariano Rajoy , como responsables últimos de las subidas históricas en los precios que, en plena ola de calor, se están encadenando estos días.
En la misiva, Bruselas recuerda que el Ejecutivo ya hizo uso de parte de estas herramientas con la aprobación a finales del año pasado del estatuto electrointensivo español , que recogía una serie de ayudas públicas para las fábricas con mayor consumo energético. Compensaciones que, sin embargo, no han sido en absoluto efectivas, según denuncia la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) , que representa a industrias como la siderúrgica, la metalúrgica y la química. Su director general, Fernando Soto, detalla que «la electricidad supone hasta el 60% de los costes productivos».
Expertos en energía como el economista Daniel Lacalle no dudan tampoco en señalar la responsabilidad del Gobierno y critican que «no haya indexado la tarifa regulada (PCPV) al mercado de futuros para evitar la volatilidad» y se haya negado a utilizar «los ingresos fiscales por impuestos y CO2 extraordinarios» -que ha estimado en 11.000 millones para 2021- para reducir la tarifa «tal y como recomienda la Comisión Europea». Lo cierto es que el elevado coste de la factura energética que soportan las compañías españolas es uno de los lastres históricamente más pesados para su competitividad, incluso dentro de la UE. Una desventaja competitiva que Soto estima en más de 700 millones este año. En concreto, según el barómetro elaborado por AEGE, las grandes empresas francesas disfrutan de unos precios de la electricidad que son la mitad de los que soportan sus homólogas españolas, mientras que las alemanas pagan alrededor de un 30% menos (ver gráfico).
El nuevo estatuto del consumidor electrointensivo es el centro de muchas críticas en el sector. Para el director general de AEG se trata de una norma «insuficiente» para reducir las diferencias con sus homólogas galas y germana, que estima que superarán este año los 30 o 40 euros/MWH. «Es preciso completar el desarrollo del Estatuto», concluye.
La popular Dolors Montserrat recogía precisamente en su pregunta que la fuerte subida de los precios de la electricidad está provocando «mucha incertidumbre entre los consumidores particulares, los autónomos, las pymes y la industria».
200 euros más al mes
En esta misma línea se pronuncia también el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien avisa de que puede ser la «puntilla» para muchos negocios. Un ejemplo es Rosana Bermúdez , copropietaria de una carnicería en Villarrubia (Córdoba). El mes pasado pagó por la luz de su local 815 euros frente a los 686 euros de junio. «Más de 200 euros en un mes», lamenta esta autónoma quien teme verse obligada a cerrar a final de año.
La escalada de la electricidad también ha impactado en actividades como la construcción. El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) , Pedro Fernández, reconoce que «se ha notado mucho» en los costes y que estas alzas se suman a las de materias primas como el petróleo. Por este motivo, pide volver a «un sistema de revisión de los precios» en los contratos públicos.
Desde la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC) defienden que «las compañías eléctricas no se están beneficiando de la subida de los precios» y responden que la actual escalada de precios de la electricidad tiene un doble origen: el «extraordinario aumento» del precio del gas natural y «el alza del precio de los derechos de CO2». En concreto, AELEC pone en el punto de mira el modelo de tarifa regulada (PVPC) por «trasladar la volatilidad al cliente residencial» y hacerle cargar con impuestos, cargos y tasas. En este sentido, apuestan por avanzar en «la electrificación del modelo económico - productivo nacional y del conjunto de la sociedad a través de tecnologías de generación con renovables», para lograr un precio más asequible de la electricidad.
Sobre medidas adoptadas por el Ejecutivo como las rebajas del IVA y el impuesto a la generación, AELEC se ha mostrado partidaria de «la revisión de la tarifa regulada vinculándola a precios estables» y defendido los «importantísimos esfuerzos económicos» asumidos por las compañías eléctricas que estiman en 3.300 millones de euros anuales tanto en concepto de impuestos como de inversiones.
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