Casi tres de cada diez contratos de trabajo duran siete días o menos

España tiene segmentados a los asalariados en dos grupos: los que tienen un contrato indefinido y una red de seguridad, y los temporales , con mayor probabilidad de perder su empleo dado el menor coste del despido. En 2020 esta brecha entre fijos y temporales volvió a manifestarse con toda su crudeza. La pandemia dejó un paisaje arrasado a su paso por el mercado laboral y los peores datos desde 2012. Se destruyeron 604.600 empleos y, de ellos, el 65% fueron temporales , nueva evidencia de que la economía española sigue atrapada en un desequilibro que distingue a nuestro país de los socios europeos.

La radiografía de la contratación que se realiza en España refleja que cada vez se realizan contratos de menor duración y que la rotación en el empleo, el signo más característico de la precariedad, ha llegado a límites desconocidos justo con un Gobierno socialcomunista. En 2020 casi tres de cada diez contratos realizados duraron una semana o menos , según refleja la estadística que realiza el SEPE. Pese a la penalización que se aplica en la cotización a la Seguridad Social por el uso de este tipo de contratos de mínima duración, el recurso de los empresarios a esta fórmula sigue en máximos.

Los asalariados temporales cada vez necesitan firmar un número mayor de contratos para lograr trabajar durante todo el año, debido a la mayor rotación laboral y la menor duración media de su relación laboral. En 2019 un trabajador temporal necesitó encadenar 5,8 contratos para trabajar todo el año cuando en 2008 fueron 3,8 contratos, según denuncia CC.OO. en uno de sus últimos informes.

El sindicato dirigido por Unai Sordo puntualiza también que tras la reforma laboral de 2012 la mayor rotación laboral no fue un problema exclusivo de los contratos temporales porque también afectó a los estables. Según sus datos, la firma de indefinidos cada vez se traduce menos en creación de empleo por la menor supervivencia de estos contratos, lo que implica que con más frecuencia haya que firmar más para consolidar un trabajo estable.

España había destruido el 50% del empleo perdido en Europa cuando se aprobó la reforma laboral . El objetivo de la norma fue proporcionar a los operadores económicos un horizonte de seguridad jurídica y confianza en el que desenvolverse con certeza para conseguir recuperar el empleo. Se facilitaron los despidos colectivos y las extinciones de los improcedentes pasaron de 45 a 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. También se dio prioridad a los convenios de empresa y se relajaron las condiciones para que las empresas pudieran descolgarse con mayor facilidad de estos últimos. La reforma hizo del despido el último recurso introduciendo altas dosis de flexibilidad en el mercado , pero lo que no consiguió es reducir las distintivas altas tasas de temporalidad en España.

Tras años de recesión y dos reformas laborales (2010 y 2012), los contratos que se firman cada mes son, en su gran mayoría, por tiempo limitado, lo que mantiene a nuestro país en el pódium de la temporalidad en Europa . La tasa ha pasado de representar el 19,6% hace poco más de cinco años a situarse cerca al 20%, lejos del Alemania (9,2% en 2019), Francia (12,3%) e Italia (11,5%). La brecha es mayor si se tiene en cuenta que la EPA del cuarto trimestre situaba esta tasa en el 25%, porcentaje que se eleva hasta el 30% en la Administración , tal y como avanzó ABC.

El pico más alto de temporalidad en España se produjo en 2006 , año en el que del total de los trabajadores, el 27,1% tenía condiciones eventuales. Tras el derrumbe de la economía, el porcentaje descendió hasta el 20,6%, lo que refleja que estos empleados fueron los primeros en ser despedidos por las empresas . También con la economía en recuperación fueron los primeros en ser contratados. Desde que en 2014 la economía comenzara a crecer y a crear empleo, la temporalidad no ha parado de crecer, una evolución quebrada por la pandemia.

Organismos nacionales e internacionales llevan años dando un toque de atención e instando a los sucesivos gobiernos en España a tomar medidas por una disfunción del mercado achacable, en parte, a la estacionalidad del mercado y al fuerte tirón del sector servicios y del turismo, muy intensivos en mano de obra.

Entre los organismos más críticos con la dualidad del mercado de trabajo está el Banco de España. La entidad ha alertado en varias ocasiones de este desequilibrio y ha recomendado «potenciar el atractivo de la contratación indefinida». El organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos insiste en los efectos negativos que la elevada temporalidad tiene sobre la productividad y la desigualdad de sueldos y sostiene que los cambios normativos de los últimos años no han permitido revertir esta situación.

Según el supervisor, la tasa de conversión de los contratos temporales en indefinidos se sitúa bastante por debajo de la registrada antes de la crisis. Si en 2006 y 2007 solo un 13% de los contratos acababa convirtiéndose en fijo al cabo de un año, ahora la ratio apenas alcanza el 10% . Una cifra algo mejor que la de 2016, cuando solo era el 6%, pero muy lejos de la media de la UE que se coloca en el 24%.

La Comisión Europea también ha dado un toque de atención a España por la temporalidad, que considera que no está justificada solo por el mayor peso de sectores como el turismo. Y las críticas han llegado igualmente desde el FMI , que habla de que el modelo no ha cambiado y de que persiste la baja cualificación. Sostiene que hace falta atajar la precariedad y que para ello es necesario es trechar las diferencias en costes de despido entre temporales e indefinidos.

¿Qué ha hecho el Gobierno para frenar esta escalada? A finales de 2018 aprobó un recargo del 40% en las cotizaciones por contingencias comunes para contratos temporales inferiores a cinco días. Una medida que justificó en la «necesidad de luchar contra la precariedad en el empleo y contra el abuso en la celebración de contratos de corta duración». Este incremento de cuota va ligado a una mejora de la protección social de estos trabajadores, a los que se aplica un «coeficiente de temporalidad» que les permitirá reunir un mayor número de días en alta. Así, por cada día cotizado se les computa 1,40 días de alta para el cálculo de prestaciones por jubilación, incapacidad temporal, paternidad o maternidad. Cuando se adoptó esta medida los contratos temporales de duración inferior a siete días ya soportaban un recargo del 36% en las cotizaciones empresarial por contingencias comunes.

En una vuelta de tuerca a las penalizaciones, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, también anunció una penalización por rescindir contratos en fines de semana. Las empresas que realizan estas prácticas dan de baja los contratos del trabajador el fin de semana para volverlo a dar de alta el lunes con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones a la Seguridad Social. Y junto a esta medida Escrivá también se ha mostrado partidario de revisar el «nicho de contratos temporales» que existe en los sectores de la educación y la sanidad.