El Tribunal Supremo celebra una vista sobre la nulidad del ERE de Coca-Cola

El Tribunal Supremo está a punto de pronunciarse sobre el despido colectivo realizado por la embotelladora única de la marca Coca-Cola en España, la empresa Coca-Cola Iberian Partners, que fue anulado por Audiencia Nacional al considerar que no realizó de forma adecuada el proceso de fusión de sus embotelladoras por no informar de forma debida a los trabajadores. El alto tribunal celebra hoy una vista en la que analizará si modifica o ratifica la posición de la Audiencia . El fallo podría conocerse hoy.

Esta situación llega después de que la empresa, que siempre ha defendido el proceso de despido colectivo por necesidades organizativas y de salud económica, recurriera el fallo de la Audiencia en casación. El ERE afectó a un total de 1.190 trabajadores y supuso el cierre de sus fábricas de Fuenlabrada (Madrid), Mallorca, Alicante y Asturias, la mayoría en Madrid.

El director general de Coca-Cola Iberian Partners, Víctor Rufart, comunicó a sus empleados esta semana, en una carta a la que accedió Europa Press, que «la decisión que adopte en los próximos días el Supremo no altera ni pone en riesgo los planes de futuro y el compromiso por el crecimiento de este gran proyecto empresarial», que calificó de «una gran apuesta de futuro».

El pasado mes de febrero, la compañía llegó a un acuerdo con los sindicatos para pagar 7,4 millones de euros a los 351 empleados afectados por el ERE que exigieron la ejecución de la sentencia de nulidad de la Audiencia , por sus salarios de tramitación. Es decir, por los salarios dejados de cobrar desde que se anuló el despido colectivo hasta que la Audiencia obligó a ejecutar la sentencia: de junio a noviembre del año pasado.

La Audiencia, en otra sentencia, obligó al pago de estas cantidades por considerar «irregular» la recolocación de los empleados afectados por el ERE en centros de trabajo que les obligaban a cambiar de domicilio, a pesar de que algunos lo aceptaron. La Audiencia eximió a estos empleados de trabajar hasta que el Supremo se pronuncie y obligó la compañía a pagarles los salarios de tramitación mencionados. Ahora, el Supremo está cerca de poner punto y final a este largo proceso.