La banca mantiene a Roldán como presidente pese al rechazo inicial de De Guindos
El ministro se opuso al nombramiento por su reciente relación con el Banco de España

El consejo general de la Asociación Española de la Banca (AEB) ha acordado por unanimidad aceptar la candidatura de José María Roldán como sucesor de Miguel Martín, que se jubila. Así, el exdirector general de regulación del Banco de España asumirá finalmente la presidencia de la patronal bancaria el próximo 22 de abril, después de que su candidatura generara un fuerte conflicto entre el sector y el ministro de Economía.
Luis de Guindos no vio con buenos ojos que un ex alto cargo del supervisor pasara a defender los intereses de la banca y así lo transmitió a las entidades que, a su vez, interpretaron el mensaje como una intromisión de las autoridades en una decisión de carácter privado. La nota remitida esta tarde desde la AEB, después de la reunión celebrada este medio día entre los grandes banqueros nacionales, destaca que «Roldán cumple todos los requisitos legales exigibles» y que el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, ha sido informado «previa y debidamente» de la propuesta.
Así, después de mucha polémica , parece que las aguas han vuelto a su cauce. Fuentes conocedoras del proceso aseguran que ambas partes han decidido ceder para evitar que el conflicto fuera a mayores. La banca ha vuelto a consultar al Ministerio su candidato y le ha hecho saber que lo retiraría si no era de su agrado. De Guindos, por su parte, no habría querido intervenir en un nombramiento privado tras haber impulsado los cambios legales necesarios para tapar el «agujero» normativo existente en cuanto la incompatibilidad de los ejecutivos del Banco de España en comparación con otros altos funcionarios.
Lo cierto es que Roldán habrá cumplido ya los seis meses de incompatibilidad que exige la ley para estos cargos. Y es precisamente este límite el que va a ser ahora ampliado, tras la polémica generada. El Banco de España ha sometido a consulta del BCE una propuesta para que altos cargos de la institución no puedan saltar al ámbito privado hasta pasados dos años.
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