La dos nuevas fórmulas que servirán para calcular las futuras pensiones
El comité de expertos presenta en rueda de prensa dos nuevas fórmulas que servirán para calcular las futuras pensiones
El comité de doces expertos designado por el Gobierno ha presentado este viernes el informe sobre la sostenibilidad de las pensiones, que ha salido adelante con diez votos a favor, uno en contra y una abstención. El comité de sabios ha abodado por aplicar este mecanismo «lo antes posible», es decir, dentro del periodo de 2014 a 2019 de forma inmediata o progresiva. De salir adelante esta propuesta, las pensiones se calcularán en base a dos factores : el de equidad generacional y el de revalorización anual.
La primera fórmula, el factor de equidad generacional (FEI) se calculará en función de la esperanza de vida respecto a un año base. Asi, a medida que la esperanza de vida va en aumento (a razón de 16 meses más cada diez años, según datos del INE), el ratio va disminuyendo. .
Para calcularlo se multiplicaría la pensión inicial con la que los nuevos jubilados entrarían cada año en el sistema por un Factor de Equidad Intergeneracional de las nuevas pensiones de jubilaciones. Este coeficiente resultaría de dividir la esperanza de vida de las personas que se jubilan por la esperanza de vida de esas mismas personas unos años más tarde. Se aplicaría una sola vez a los nuevos jubilados en el cálculo de su primera pensión.
Según los expertos, esta nueva modalidad, que solo se aplicaría a los futuros jubilados , otorgará a los trabajadores mayor capacidad de decisión sobre el momento de su retiro.
En palabras de Rafael Doménech, de Aviva, «trata igual a personas que van recibir la pensión durante años diferentes». «El objetivo es que la pensión inicial vaya aumentando en términos reales a los largo del tiempo», ha apuntado Doménech.
La segunda es el factor de revalorización anual (FRA) , cuya función es asegurar un «crecimiento equilibrado de las pensiones en función de los ingresos públicos». La fórmula tendrá en cuenta la sostenibilidad a lo largo del ciclo económico en base al crecimiento de los ingresos, del número de las pensiones y del efecto de sustitución de las prestaciones así como de la diferencia entre ingresos y gastos en el sistema de pensiones.
Aquí se tendrían en cuenta tres términos que sustituirán al IPC de noviembre: la tasa media de inflación, la tasa media de crecimiento público de las pensiones y el superávit o el déficit del sistema económico. Es decir, la cuantía de la prestación solo subiría si aumentan los ingresos por encima del crecimiento del número de pensiones.
Pese a que la pensión estaría relacionada con la situación económica del momento, el comité de sabios recomienda que la pensión de los actuales jubilados no disminuya por este factor, sino que que el peor de los casos, quede congelada. De este modo, se fijaría una «cláusula suelo» que impida la caída nominal de la prestación para quienes ya sean pensionistas en el momento en que se aplique el factor.
La pensión si podría disminuir nominalmente por la aplicación de este factor en tiempos de crisis en el caso de los pensionistas futuros. En este sentido, el comité aboga por «diferenciar entre los que están próximos a recibir la pensión por primera vez y los que están relativamente alejados de esta situación».
Un voto en contra
El comité de expertos lo han compuesto Víctor Pérez-Díaz, presidente del mismo; Manuel Lagares Calvo; José María Marín Vigueras; Santos M. Ruesga Benito; Miguel Ángel Vázquez Burgos; J. Ignacio Conde-Ruiz; Rafael Doménech Vilariño; José Enrique Devesa Carpio; Mercedes Ayuso, Miguel Ángel García Díaz; Francisco Castellano Real y José Luis Tortuero Plaza.
El único en votar en contra ha sido el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, relacionado con UGT, Santos M. Ruesga, ha sido el único que ha votado en contra del informe.
El catedrático del Derecho del Trabajo y afín al PSOE, José Luis Tortuero, se ha abstenido. Por su parte, el director del Gabinete de Estudios de CC.OO., Miguel Ángel García, ha votado a favor de las dos nuevas fórmulas de sostenibilidad del sistema de pensiones, pero ha solicitado que entren en vigor a partir de 2019 en vez de en 2014.
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