El Gobierno advierte: «Si se ratifica la condena a Louzán, habrá que volver a convocar elecciones»

Laura Marta

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29/01/2025
Actualizado a las 15:22h.

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El próximo día 5 de febrero es crucial para el devenir de la Federación Española de fútbol. Ese día, el Tribunal Supremo resolverá el caso por presunta prevaricación de Rafael Louzán, actual presidente del ente federativo, lo que provocará que el Gobierno «actúe con arreglo a la Ley del Deporte y habrá que volver a convocar elecciones». Así lo ha ratificado Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, en unas declaraciones que recoge EFE.

Louzán fue elegido el máximo dirigente del fútbol español para el periodo olímpico 2024-2028 el pasado 16 de diciembre, tras ganar las elecciones con 90 votos a favor, del total de 138 asambleístas, por los 43 que logró Salvador Gomar. Pero tiene pendiente un recurso relacionado con el caso de prevaricación que protagonizó cuando era presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra por el Partido Popular, sobre la concesión de una subvención de casi 87.000 euros para remodelar el estadio de Moraña. En caso de ser negativa para Louzán, se vería privado de ejercer cualquier cargo público durante siete años.

Así que su continuidad queda expuesta a la resolución judicial del 5 de febrero, pues el Gobierno advierte de que, si se ratifica la condena, se convocarán nuevas elecciones. «Yo ya lo dije en su día, yo no podría ser concejal de mi pueblo. Y mi pueblo tiene 300 habitantes. Llevamos unos años trasladando una imagen desde luego nada constructiva. Todos tenemos muy fresco en la memoria lo que ha pasado con los anteriores presidentes de la federación. Es lo que votaron y eligieron los asambleístas. Nosotros vamos a esperar a esa vista oral que se va a celebrar el 5 de febrero y, si se ratifica esa condena de siete años por prevaricación, nosotros actuaremos con arreglo a la Ley del Deporte y habrá que volver a convocar elecciones a la federación», comentó Alegría.

Louzán mantiene, no obstante, que él podría seguir siendo presidente de la Federación porque la norma que rige el ente señala que, para ser elegible, el candidato debe «no estar inhabilitada para ocupar cargos directivos o de representación en el ámbito deportivo por resolución firme en vía administrativa dictada por el órgano disciplinario competente, ni estar inhabilitada para el desempeño de cargo público o de representación por sentencia judicial firme, ni estar inhabilitada en el ámbito deportivo por resolución definitiva de un Tribunal Deportivo, una federación nacional o internacional». Y el campo de batalla reside en ese «cargo público», pues el gallego sostiene que la Federación de Fútbol es un ente privado.

Y así lo atestigua una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid TSJM en la que indica que «la RFEF es una entidad asociativa privada, que ejerce funciones propias (de carácter privado) y funciones delegadas (de carácter público), actuando en ese último caso como agente colaborador de la Administración Pública». Y que, por tanto, no es de carácter público ni cuando actúe en «el ejercicio de funciones públicas delegadas». «Según sus Estatutos, la Real Federación Española de Futbol es una entidad asociativa privada, si bien de interés público, que tiene personalidad jurídica propia, y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines», señala dicha sentencia.

Otra posibilidad que maneja tiene fecha del día 10 de febrero, en una Asamblea Extraordinaria, se incluye en el orden del día un punto que se define como «adaptación de los Estatutos a la normativa vigente y modificación». Ambiguo y sin un objetivo demasiado claro, podría señalar un cambio de los requisitos para ser elegible.