Albert Soler, la intrahistoria del gobernante al que señala la Federación por el caso Negreira

El escándalo de Enríquez Negreira, los pagos que recibió del Barcelona como número dos de los árbitros, un asunto que espanta, presunto delito a la vista según la Fiscalía, ha atropellado a Soler, ex directivo del Barça con Bartomeu y después director general del CSD, una vez que Andreu Camps, secretario general de la Federación Española, lo acusase sin nombrarlo: «Una persona con responsabilidad gubernamental conocía los hechos y no lo denunció».

Esa persona es Albert Soler, exjugador profesional de waterpolo que militaba en el Mediterrani, de la División de Honor, y que según las crónicas de la época en los ochenta se manejaba en un nivel estimable como arco, actuando por fuera. Siempre ligado al deporte, el dirigente catalán encaminó sus pasos hacia la licenciatura en INEF por la Universidad Autónoma de Barcelona.

En su último año como estudiante en la carrera de la actividad física, Soler encontró su primer trabajo en el mayor evento deportivo que ha vivido su ciudad, los Juegos Olímpicos de 1992. En el Comité Organizador de Barcelona 92 inició la trayectoria que ha mantenido hasta hoy, la gestión deportiva. Más de treinta años.

Trece años como director general de deportes del Ayuntamiento de Barcelona lo catapultaron a la Champions de la dirigencia, el Consejo Superior de Deportes. Número dos en la casa del deporte, mano derecha de Jaime Lissavetzky, lidió con las secuelas del dopaje que entonces asolaban el panorama nacional. La operación Galgo con Marta Domínguez y Eufemiano Fuentes en el epicentro, el caso Contador, la sanción a Alejandro Valverde... Durante siete meses fue el secretario de Estado para el Deporte, primera autoridad en España.

Después de casi tres años como diputado por el PSOE en el Parlamento, su viejo conocido Josep Maria Bartomeu lo reclutó para el Barcelona con cargo de relevancia, director de relaciones institucionales en primera instancia y después director de deportes profesionales del club.

Entonces el Barcelona ya pagaba una minuta suculenta (7 millones desde 2001 a 2018) al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Según la información desvelada, el Barça abonó 532.728,02 euros en el año 2016, 541.752 euros en 2017 y 318.200 euros en 2018, tres temporadas en las que Albert Soler dirigía los equipos profesionales del club, el fútbol entre ellos.

Por este motivo el dirigente fue llamado a declarar en calidad de testigo el pasado octubre por la Fiscalía de Barcelona. Según las fuentes consultadas por ABC, Soler ratificó ante el fiscal que el club recibía informes técnicos de los árbitros firmados por el hijo de Enríquez Negreira, Javier Enríquez Romero, y también especificó que él no pactó ningún precio ni encargó los informes, sino que en el Barça se recibían esos documentos desde hacía tiempo. Ahora parte de esos dossieres redactados por la empresa de Negreira, Dasnil 95, están en poder de la Fiscalía.

Albert Soler permaneció seis años y once meses en la ejecutiva del Barcelona con Bartomeu hasta que este dejó la poltrona agobiado por una inminente moción de censura y las secuelas del desencuentro con Messi, quien pidió rescindir su contrato con el club.

De regreso al Consejo Superior de Deportes con el actual presidente del organismo, José Manuel Franco, a Soler se le encargó, según cuentan fuentes del CSD, profesionalizar el fútbol femenino, consolidar la Ley del Deporte, administrar el reparto de los fondos europeos, la realización del programa Élite de los Juegos Olímpicos y la plurianualidad de las subvenciones de las federaciones.

O sea, un directivo del Barça que conocía los pagos al hijo de Negreira accede a la dirección general de Deportes. Personas muy cercanas al dirigente indican que la versión de Soler es otra: que no contrató a la empresa de Negreira, sino que los pagos venían heredados, y que no sabía si ese tipo de acciones eran un delito.

El otro frente que ha atacado la reputación de Soler es la nueva ley del Deporte aprobada el pasado el 22 de diciembre. Uno de los puntos, el que se refiere a la prescripción del delito deportivo a tres años, se ha considerado desde diversos ángulos como un favor del CSD al Barcelona, ya que el escándalo Negreira habría prescrito. El artículo 112 de la ley recoge que «las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses». Según afirmó el CSD, este mismo precepto ya estaba legislado desde 1990.

La acusación de Andreu Camps ha ido acompañada de un rumor no confirmado, una posible querella de la Federación Española contra Albert Soler al considerar que tuvo acceso a información importante en relación a los pagos del Barça a Enríquez Negreira y, tras haber ejercido en un puesto de responsabilidad en el Gobierno, no comunicó ni denunció estos hechos. Según sus cercanos, Soler atribuye su conflicto con la federación a la profesionalización del fútbol femenino, ya que la Federación no era partidaria de perder el control sobre esta parcela.

Después de dos años, Soler se desligó del Consejo Superior de Deportes el pasado enero y se ha incorporado a la consultora Acento, creada en 2019 por el exministro socialista de Fomento José Blanco y el exministro de Sanidad por el PP Alfonso Alonso, y en la que también trabaja la exdiputada socialista Elena Valenciano.