Gil, condenado a tres años y medio de cárcel y a devolver las acciones del Atlético
Tres meses después de que el juicio del «caso Atlético» quedara visto para sentencia, la Audiencia Nacional ha impuesto a los tres acusados -Jesús Gil, presidente; Enrique Cerezo, vicepresidente; y Miguel Ángel Gil Marín, hijo del primero y director general- una condena que, al menos de momento y hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que formularán las defensas, no supondrá variación alguna ni para la situación interna del club ni para la situación personal de los condenados. Fuentes jurídicas no dudan en afirmar que Jesús Gil seguirá ocupando su lugar en el palco del Vicente Calderón y controlando la gestión del club. Esto último, como viene ocurriendo desde hace más de un año, bajo la supervisión de dos interventores judiciales. Los tres condenados tampoco tendrán que ingresar en prisión.
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La sentencia dictada por la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional considera probado que, el 1 de julio de 1987, cuando Jesús Gil accedió a la presidencia del Atlético de Madrid Club de Fútbol, «estaba decidido a hacer suyo el club», objetivo para el que se dispuso a confundir su propio patrimonio con el del Atlético. Cerezo fue nombrado vicepresidente y la situación económica del Atlético presentaba un déficit de 1.883.586.643 pesetas.
Cuentas confusas
A partir de la temporada 1989/90 y hasta 1993, Jesús Gil utilizó para el club cuentas bancarias de las que él mismo o su empresa «Promociones Futbolísticas, S.A.» eran titulares. Los cargos y abonos reflejados en esas cuentas se derivaban tanto de operaciones financieras del Atlético de Madrid como de otras «cuya naturaleza -señala la sentencia- se desconoce».
De esta forma, explica el Tribunal, Jesús Gil creó «voluntariamente» un «estado de confusión entre el patrimonio del club, el suyo personal y el de sus empresas o de otras con ellas vinculadas que determinó la inexistencia de una contabilidad que fuese imagen fiel de la entidad».
En esa situación de confusión se llega a septiembre de 1991, fecha en la que la Asamblea General Extraordinaria, presidida por Jesús Gil y con la asistencia de Enrique Cerezo, «se aprobó la transformación de la Entidad Deportiva Club Atlético de Madrid en Sociedad Anónima Deportiva y se propuso ampliar el capital social».
Durante esos años, Gil afrontó gastos del club con su patrimonio personal, hecho que la sentencia «acepta» como cierto. «Pero -añade- precisamente por la confusión que él voluntariamente generó no ha podido determinarse la realidad de la deuda», pese a que Gil y Cerezo la hicieran constar en escritura pública. En opinión de los magistrados, ese reconocimiento de deuda en escritura pública también «se engloba en una maquinación de Jesús Gil, con la colaboración de Enrique Cerezo, para apoderarse del club» en el momento de la transformación en sociedad anónima.
Un nuevo plan
Según la sentencia, Gil pretendía cobrarse la deuda contraida por el club en acciones, una vez consumada la transformación. Esto, legalmente, no era posible, por lo que Gil «buscó una nueva fórmula para lograr sus fines».
«El nuevo plan -explica el Tribunal- consistió en ocultar la existencia de la deuda declarándola cobrada con la transmisión por parte del club de un nuevo concepto, «el contenido económico de los derechos federativos de la plantilla», para, en el mismo momento en que se hubiera de hacer efectivo el capital , volver a venderlos al club».
Gil y Cerezo hicieron aportaciones ficticias de 1.300. millones de pesetas el primero y de 650 millones, el segundo, para la adquisición de acciones. Sin embargo, Gil cobraría por la reventa al club del «contenido económico de los derechos federativos de la plantilla».
«De esta manera, Jesús Gil llegaba a ser el propietario del 95 por ciento de las acciones»; el club recién constituido en sociedad anónima deportiva volvía a tener con él una deuda de casi dos mil millones de pesetas; y el único dinero que entraría a formar el capital sociel sería el de los 3.174 socios que sí adquirieron acciones.
En esa situación, con un patrimonio por debajo del 50 por ciento del capital social, la sociedad debería haber quedado legalmente disuelta. Es aquí donde interviene Miguel Ángel Gil Marín, nombrado director general en noviembre de 1992. Padre e hijo desarrollaron, «hasta la intervención judicial, tareas de maquillaje de la contabilidad, en las que no consta se involucrara Enrique Cerezo, a fin de evitar que apareciera cómo el patrimonio estaba por debajo del 50 por ciento del capital social». Sin bien el maquillaje es un hecho constatado, el Tribunal no aprecia el delito societario que, según el fiscal, sí se habría cometido.
Una deuda de 2.700 millones
Finalmente, aprovechando la confusión contable, entre junio de 1992 y diciembre de 1997, aparece una deuda de Jesús Gil con el club por importe de 2.700 millones de pesetas. «Ante ello, Jesús Gil y su hijo diseñaron un procedimiento para cancelarla sin que supusiera el reintegro de esa cantidad». El plan consistía «en simular la cesión por parte de Jesús Gil al club de los derechos económicos y de imagen de unos jugadores que calificaron de profesionales, siendo el valor de esos derechos casi inexistente». La firma de este contrato simulado constituye el delito de estafa.
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