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La Internacional de pelota valida que cualquier español pueda competir por la selección vasca

La FEP denuncia la normativa que regula la llegada de Euskadi al plano internacional

El Gobierno insiste en desprestigiar la práctica de la pelota en España fuera del País Vasco

Javier Asprón

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La Federación Internacional de Pelota ha abierto la puerta a que pelotaris navarros y del resto de España puedan competir en un futuro con la selección vasca, al publicar la normativa sobre la participación internacional del País Vasco, un texto que obligará también a los deportistas a elegir con qué federación quieren competir, sin posibilidad de dar marcha atrás. La Federación Española ha reaccionado enviando una nueva carta al Consejo Superior de Deportes para solicitar su amparo.

En esencia, el texto reglamentario presentado por la FIPV pretende suplantar la representación internacional de un país en base a criterios de nacionalidad por otros fundamentados en el empadronamiento o la vecindad administrativa; en este caso, la residencia en el País Vasco durante los últimos 36 meses. «Genera situaciones tan absurdas como que un deportista nacido en Bilbao y residente en Badajoz quede excluido de representar a Euskadi, mientras que un extremeño residente en Bilbao durante tres años podría hacerlo. Esta ficción normativa resulta ajena a cualquier estándar legal reconocible», alerta la FEP en su comunicado, que lleva la firma del presidente, el navarro Javier Conde.Si sale adelante, esta norma permitiría que pelotaris navarros, riojanos o de cualquier otra comunidad española pudiesen renunciar a competir con España para hacerlo con el País Vasco. Pero, por ejemplo, no podrían hacerlo pelotaris nacidos en el País Vasco francés, porque el reglamento exige también que quienes compitan por Euskadi tengan pasaporte español.

El texto presentado por la FIPV prohibirá también, a partir de ahora, que participen representando a España quienes lo hayan hecho previamente con la selección vasca. Es decir, si un jugador español que ya ha sido internacional con España decide jugar para la selección de Euskadi, no podrá volver a representar a España, y viceversa.

La normativa afecta a la participación en campeonatos del mundo, campeonatos del mundo sub-22 y ligas de naciones, y en principio está pensada para estrenarse en la Liga de Naciones en 54 metros, que se celebrará en Guernica a partir del próximo 31 de mayo, el lugar donde el País Vasco espera debutar a nivel internacional como selección independiente.

«Ninguna federación internacional está legitimada para limitar los derechos de representación de los ciudadanos españoles», denuncia la Española. «Esta cláusula vulnera principios básicos de libertad deportiva, igualdad ante la ley y autonomía del deportista», sostiene el órgano nacional de la pelota.

La FEP también alza la voz ante la invasión de competencias de la FIPV, al pretender regular sobre campeonatos que, de celebrarse en territorio español, requerirían de su autorización previa y, en su caso, del propio CSD. «La posibilidad de que se esté dando por hecho que el CSD obviará los cauces legales es una hipótesis que, por el bien del orden deportivo nacional, entendemos debe ser firmemente descartada».

Una resolución pendiente

Recuerda la Federación Española que la participación del País Vasco a nivel internacional se encuentra paralizada al estar en curso un procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo contra la legalidad de la Asamblea de la Federación Internacional que la aprobó. Y, de momento, tampoco ha sido refrendada oficialmente por el CSD (solo de palabra).

«Llama poderosamente la atención que la FIPV regule con efectos inmediatos y unilaterales sobre una situación que aún se encuentra pendiente de resolución arbitral», quien de nuevo pide la intervención del CSD. «Solicitamos que analice la legalidad de la normativa emitida por la FIPV en relación con la legislación española, y que garantice que ninguna competición internacional en territorio español será autorizada sin la participación y consentimiento de la FEP».

A pregunta de este periódico, el CSD aseguró que sus servicios jurídicos analizarán el contenido de la normativa.

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