Los toros vuelven a Bogotá por orden de la Corte Constitucional colombiana
La plaza de toros más importante del país, cerrada por orden de Gustavo Petro entre 2012 y 2017 y por un acuerdo del Concejo bogotano desde 2020, abrirá sus puertas a los festejos taurinos en 2024 tras una nueva sentencia que apoya la «diversidad cultural»
Justo cuando las grandes ferias taurinas del país americano habían concluido su programación anual, no sin varios obstáculos interpuestos desde el gobierno prohibicionista, se ha producido la mejor noticia para el sector taurino: la Corte Constitucional colombiana ha emitido una sentencia en la ... que declara la inconstitucionalidad del acuerdo 767 de 2020 del Consejo de Bogotá, que prohibía el uso de puyas, banderillas y espadas en los festejos taurinos convirtiéndolos en espectáculos incruentos, contrarios a la Ley 916 de 2004 que reglamenta estos eventos en su integridad. De tal manera que el máximo ente judicial obliga de la actividad taurina de forma integral en Bogotá y reabrir el proceso licitatorio en la capital colombiana con efecto inmediato, además de extender la influencia de esta decisión a todo el territorio nacional.
No es la primera vez que esta Corte se pronuncia a favor del respeto de la constitución y las leyes que protegen la tauromaquia en Colombia, de hecho, es el decimosegundo fallo en este sentido, lo que sienta una jurisprudencia sólida que el gobierno de Gustavo Petro debería respetar, so pena de quedar ante el mundo como una dictadura.
Fue el mismo Petro quien en 2012 y actuando como alcalde de la capital colombiana ordenó rescindir de forma unilateral el contrato de explotación de la plaza de toros de Santamaría para los espectáculos taurinos. Decisión que, tras una ardua disputa jurídica, fue resuelta a favor del toreo tras una pronunciación de la misma Corte en 2017, tras un trabajo realizado por un equipo encabezado por Felipe Negret, quien hoy también lidera esta nueva victoria legal.
Pero esta nueva sentencia tiene mayores implicaciones, pues el acuerdo que deroga es el que el Concejo bogotano firmó con ciertos tintes de clandestinidad en el año de la pandemia, en una sesión virtual que contó con una muy baja participación y que impulsó la hoy senadora Andrea Padilla. Este acuerdo tenía por objeto «desincentivar las prácticas taurinas autorizadas en el Distrito Capital, contribuir a subsanar el déficit normativo de protección animal y fortalecer la cultura de los derechos de los animales», articulando para ello una carga impositiva mayor para los toros que para cualquier otro espectáculo cultural, así como varios requisitos abusivos y discriminatorios. En su texto, la decisión de la Corte dice que se deben rehabilitar en su integridad las «instalaciones de la plaza para la realización de espectáculos taurinos en las condiciones habituales de su práctica, como expresión de la diversidad cultural y el pluralismo social».
Según los plazos legales y administrativos, el cumplimiento de esta sentencia devolverá la actividad taurina a la Santamaría de forma efectiva para la temporada 2024. Hasta entonces, se prevén muchos nuevos intentos de prohibir la tauromaquia en el país, ya que en la actualidad la senadora Padilla tramita un proyecto de Ley antitaurino al que le quedan dos debates más para ser aprobado en el Congreso colombiano. Así pues, la batalla legal por el toreo en Colombia continúa.
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