Un solo cuadro: Urtasun escenifica la primera devolución de las obras incautadas por el franquismo

Urtasun se mostró «muy orgulloso» de ser el primer ministro que cumplía con este requerimiento prometido en la Ley de Memoria Democrática, aunque la medida se pusiera en marcha ocho meses después de tomar posesión de su cargo. En ese momento, el responsable de Cultura justificó el retraso por la necesidad de contar con un informe de la abogacía del Estado que diera luz verde a las devoluciones. Y este miércoles, por fin, realizó la primera de las devoluciones en un acto celebrado en la Biblioteca Nacional de España (BNE).

Solo ha sido un cuadro, «pequeño en su formato, pero grande y determinante en su significado», defendió Urtasun. Se trata del lienzo ‘Don Francisco Giner de los Ríos, niño’, realizado por Manuel Ojeda y Siles, que fue incautado al acabar la Guerra Civil, cuando el franquismo declaró ilegal la Institución Libre de Enseñanza en 1940. Esa ilegalización suponía la incautación de todos los bienes al considerar que esa organización era opositora al movimiento nacional. Según anunció Urtasun, «el cuadro se encontraba en precarias condiciones en un armario de la BNE» y ahora ha sido devuelto a la Fundación homónima del filósofo en «cumplimiento de una obligación legal» y en «el reconocimiento a la Institución Libre de Enseñanza, que impregnó la esperanza democrática de la Segunda República».

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«Este acto demuestra una voluntad firme de este ministerio para hacer valer el espíritu y la letra de la Ley de Memoria Democrática», añadió el ministro –que no ha aceptado las preguntas de los medios de comunicación–, en presencia del presidente de la Fundación Giner de los Ríos, José García-Velasco García, que vela por el legado de la Institución Libre de Enseñanza. «Esta es la prueba de que los sueños se cumplen y de que algunas de las luchas tienen resultado», añadió este último.

Fuentes del Ministerio consultadas por ABC no han querido dar más datos acerca de las próximas devoluciones de un proceso que parece que será lento. Calculan que en enero podría producirse la siguiente, pero no han especificado si se trata de otra obra perteneciente a una institución o a un particular. En junio, sin embargo, ya se habló de una acuarela de Sorolla, de un importante relieve del Museo de Escultura de Valladolid y de una serie de miniaturas del Museo del Romanticismo, entre otros cuadros, esculturas, joyas, vajillas, cerámicas, piezas textiles, mobiliario histórico y ornamentos litúrgicos de diferente valor. Fuentes del Ministerio han reconocido este miércoles que el trabajo de devolución es más complejo en el caso de bienes que no son obras artísticas.

Según documentó el Ministerio de Cultura, todas procedían de las incautaciones realizadas por la República, en primer lugar, con el objetivo de salvaguardar temporalmente los bienes de interés artístico durante la contienda y, en segundo, por la dictadura franquista, que no se los devolvió a sus dueños cuando esta terminó.

Según anunciaron entonces, se trataba de piezas que nueve museos estatales habían identificado entre sus fondos: el Museo del Traje-Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional del Romanticismo, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de América y el Museo Sorolla, en Madrid; el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias Gonzalez Martí, en Valencia, y el Museo Nacional de Escultura, en Valladolid.

Entre los bienes más singulares, por su procedencia, se encuentra una pintura conservada en la sede del Ministerio de Cultura y una serie de obras de la colección Weissberger que fueron a parar al Museo de Artes Decorativas. Estas últimas fueron incautadas al coleccionista y marchante de arte por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Aunque la mayoría le fueron devueltas cuando el régimen franquista le absolvió de sus cargos, todavía se conservan algunas que quedaron depositadas en esta institución.

En este inventario no se encuentra el Museo del Prado o el Reina Sofía, que si bien son públicos, tienen personalidad jurídica propia. El Prado ya localizó en sus fondos, en aquel momento, 70 obras procedentes de estas incautaciones durante la Guerra Civil y el franquismo, a las que se podrían sumar 7 medallas y 89 dibujos cuya procedencia en origen es desconocida, según una investigación publicada por la pinacoteca el pasado año. Entre ellas, cuadros de Brueghel el Joven, Joaquín Sorolla, Eugenio Lucas Villaamil y Francisco de Osona.

El estudio del catedrático Arturo Colorado, experto en patrimonio y Guerra Civil y responsable de la investigación abierta por el Museo del Prado, pudo identificar los nombres y apellidos de sus propietarios originales o el origen concreto de la procedencia de diez de las pinturas: la iglesia de Yebes en Guadalajara, el Marqués de Vilallonga y el que fuera alcalde de Madrid en dos ocasiones durante la Segunda República, Pedro Rico. «Hay miles de obras que están donde no deberían estar. Es uno de los temas pendientes del franquismo, una herida que hay que solventar y cicatrizar. En eso estamos», apuntó Colorado en junio a la agencia EFE.

En lo que respecta a Pedro Rico, tal y como pudo confirmar ABC en septiembre, el Cabildo de Gran Canaria ya dio luz verde a restituir a los herederos del último alcalde republicano de Madrid cinco de los cuadros que el franquismo expolió. La consejera de Cultura del Cabildo firmó ese mismo mes la resolución favorable y los interesados fueron notificados para fijar la fecha del acto de reparación. La institución regional presumió entonces ser la primera en tramitar un expediente de este tipo en aplicación de la ley de Memoria Democrática, adelantándose al Ministerio de Cultura, que durante meses retrasó y puso impedimentos a procesos como este.

El procedimiento de Rico comenzó en marzo de 2023, cuando sus nietos se dirigieron a varias instituciones solicitando la devolución de una quincena de obras incautadas por el franquismo a su abuelo tras la Guerra Civil. Cinco de ellas se encontraban en la Casa de Colón, en Las Palmas de Gran Canaria. El Cabildo abrió un expediente de restitución que era favorable a la petición, pero la resolución definitiva quedó en suspenso a la espera de un informe de la Abogacía del Estado que avalara su actuación, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Cultura. Urtasun, a cuyo departamento los herederos acusaron de «bloquear» y «silenciar» el proceso, hizo público en junio este informe.