Sánchez adjudica de forma directa y en funciones 1,5 millones a RTVE para los Grammy Latinos

El Ministerio de Cultura se acoge a un apartado del artículo 22 de la Ley General de Subvenciones que señala que se podrán hacer concesiones directas de subvenciones solo en casos excepcionales, como los que acrediten razones de «interés público, social, económico o humanitario», u otras debidamente justificadas que dificulten la convocatoria pública.

En este sentido, la justificación que hace el equipo de Iceta es que «la inversión en cultura es siempre una apuesta de futuro segura y rentable; y en este sentido, se conciben estas aportaciones a diversas Administraciones Públicas e instituciones para la ejecución de actuaciones de interés cultural y deportivo».

La memoria en la que intentan justificar la concesión directa a RTVE añade también que «la actuación cultural que se prevé en este real decreto supone una herramienta fundamental para el impulso y el desarrollo de la actividad cultural». Asimismo, dicen que el ministerio considera necesario promover y apoyar la realización de determinadas actuaciones «ejecutadas por las administraciones públicas e instituciones que forman parte fundamental del tejido institucional que permite la extensión sobre el territorio de nuestra política cultural».

Todo ello, además, para hacer cumplir la Constitución, que establece la obligación de los poderes públicos de «garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la cultura y el deber de promover la cultura como derecho inalienable de todos los españoles». Por todo esto, y debido a los «propios fines» y al «carácter singular» de las entidades beneficiaras, sumado al «interés público, social, cultural y económico» existente, el ministerio «justifica la concesión directa de estas subvenciones», sentencia la citada memoria. Por último dicen que el procedimiento directo es «la opción más eficiente, eficaz, transparente y conveniente económicamente». «Al estar previamente contemplado, evita la implicación de nuevos recursos y determinación de los plazos que conllevaría su convocatoria pública».

La Abogacía del Estado, por otro lado, no hizo un informe favorable sobre la concesión pero sí dice que el ministerio «ha señalado la justificación del carácter singular de la subvención y las razones que acreditan el interés público, social, económico o humanitario que concurren, sin entrar esta Abogacía del Estado a valorarlas». Pese a que se pronuncia sobre esta cuestión, lo que se le pidió a la Abogacía del Estado es que determine si el Gobierno puede aprobar este decreto estando en funciones. La ley del Gobierno dice que el Ejecutivo debe limitarse al «despacho ordinario de los asuntos públicos» salvo casos «de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general».

En este sentido, el Ministerio de Cultura justificó la urgencia, primero en que los Grammy Latinos se deben celebrar sí o sí el próximo 16 de noviembre y, segundo, en que de acuerdo a comunicaciones mantenidas entre Cultura y RTVE la transmisión no podría tener lugar sin la ayuda del ministerio por no contar la cadena con «financiación suficiente», argumenta el equipo de Iceta y cita la Abogacía del Estado. El problema, o la paradoja, es que de aprobarse el decreto hoy martes no habría tiempo de que el dinero llegue a RTVE porque antes tiene que aprobarlo la intervención delegada. El argumento se cae.

Con todo, y teniendo en cuenta que la Abogacía del Estado hizo el informe cuando faltaba mucho más tiempo para los Grammy Latinos (25 de octubre) termina concluyendo que hay «interés público cualificado» y «urgencia» para hacerlo en funciones aunque remarca dudas respecto a la subvención: «No obstante sería conveniente un mayor desarrollo, dada la excepcionalidad de la forma de concesión».