Recuperadas 71 piezas arqueológicas procedentes de expolio en una galería de Barcelona

Capiteles de épocas nazarí y califal, basas, columnas, arcos de yesería, vigas islámicas, un fragmento de arrocabe, una estela funeraria árabe, varias esculturas y cuatro broches de cinturón visigodos. Hasta 71 piezas arqueológicas procedentes de expolio han sido incautadas en una operación de la Policía Nacional que se ha saldado con la detención del director de una galería especializada en arqueología de Barcelona y otras cinco personas en Granada, que pertenecerían a un grupo criminal.

Según los técnicos especialistas de los museos que han estudiado las piezas, su valor total ascendería a 403.000 euros, aunque esta cantidad se superaría ampliamente en los circuitos comerciales legales del arte.

Entre las piezas, intervenidas principalmente en la galería, destaca un fragmento de arrocabe (un adorno de madera a modo de friso) datado en el entorno del reinado de Yusuf I, en el siglo XIV, y valorado en 80.000 euros, así como varios capiteles califales de mármol del siglo X o principios del XI, que podrían proceder de talleres en la órbita de Medina Azahara o un capitel de etapa nazarí que estaría destinado a un edificio oficial palatino.

Fue precisamente un capitel de estilo califal el que despertó las sospechas de unos agentes de la Brigada de Patrimonio Histórico en la edición de 2021 de Feriarte, en Madrid. Por entonces habían aparecido en el mercado de arte piezas similares de procedencia ilícita y los investigadores solicitaron al stand la acreditación sobre su origen.

La pieza había sido adquirida junto a otros dos capiteles más en un establecimiento de Granada y tanto en la factura como en la documentación que las acompañaba los investigadores detectaron irregularidades.

En las actas sobre los capiteles, levantadas a nombre de la misma persona por una notaría de la capital granadina, se decía que habían sido heredados y llevaban en poder de la familia varias generaciones, ya que un antepasado suyo había sido restaurador en La Alhambra de Granada en el siglo XIX, "pero de ninguna manera se acreditaba la procedencia de los objetos", señala la Policía en una nota, por lo que se procedió a la intervención de las tres piezas arqueológicas.

Al investigar a dicha persona, los agentes comprobaron que otras notarías habían levantado actas similares a su nombre. Así localizaron piezas en poder de particulares en Valencia, Madrid, Granada. Todas las piezas habían sido proporcionadas por el mismo comercio de antigüedades, bien como empresa o a título particular por alguno de sus responsables.

La mayor parte de las incautadas se encontraban, sin embargo, en Barcelona, en poder de la persona que regenta una tienda especializada en arqueología y quien sería la encargada de dar salida a los objetos expoliados. Una vez intervenidas, las 71 piezas fueron llevadas a la instalaciones indicadas por el Ministerio de Cultura, entre las que están el Museo Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid, el Museo Arqueológico de Granada y el Museo de Prehistoria de Valencia.

El grupo criminal lo formaban diez personas, el responsable de la galería de Barcelona y otros nueve residentes en Granada, ocho de los cuales pertenecen a una misma familia. Algunos tienen nacionalidad brasileña y cuatro de ellos no fueron detenidos por encontrarse fuera del país. 

Tres hermanos responsables del negocio de antigüedades de Granada buscaban y localizaban piezas de arqueología expoliadas. A cada pieza se le confeccionaba posteriormente la documentación necesaria para introducirlas en el mercado legal, creando un pasado para ellas. Valiéndose de testaferros que firmaban contratos de compraventa, acudían al notario y en ocasiones llegaron a trasladar piezas como particulares a la galería de Barcelona, para que no se les relacionara con el resto de la organización.

Los agentes intervinieron los teléfonos móviles de dos de los hermanos responsables del establecimiento de Granada durante su detención y su análisis posterior reveló que su hija y su sobrina, respectivamente, eran quienes confeccionaban los contratos de compraventa en los que se afirmaba que procedían de una antigua colección heredada de un familiar, siempre con el fin de intentar dar apariencia de que el objeto se había sacado del yacimiento antes de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que no permite la propiedad privada de los objetos arqueológicos.

Los arrestados han sido acusados de diversos delitos contra el patrimonio histórico, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.