El PSOE irrita a Podemos en el último trámite de la reforma del mecenazgo

Se trata de una enmienda introducida a última hora por los socialistas por la que la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y los Testigos de Jehová equipararán su fiscalidad a la de la Iglesia católica, judíos, musulmanes y evangélicos. Estas nuevas confesiones estarán exentas del IBI en los bienes destinados al culto y sus dependencias o edificios y locales anejos que estén destinados al culto, a la asistencia religiosa y la residencia de ministros de culto. Tampoco pagarán IBI por los locales destinados a oficinas y los destinados a la formación de ministros de culto. No tendrán que pagar el impuesto de sociedades y se beneficiarán de los incentivos al mecenazgo.

Este acuerdo, pactado a última hora con el PdCAT, impulsor de la proposición de ley, motivó este martes las críticas de varios partidos, entre ellos socios del Gobierno como Podemos, Bildu y Más País. También Cs. «Lo que hay que hacer es que la Iglesia católica pague los mismos impuestos que cualquier español y, a partir de ahí, equiparar a las demás confesiones, no a la baja», dijo Echenique, portavoz de Podemos. Íñigo Errejón, de Más País, no comparte la idea de «extender la barra libre» al resto de confesiones. Por el contrario, además del PdCAT, PP y Vox apoyaron esta medida. Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria popular, dijo que «en principio» la enmienda no le parece mal.

Con estas cartas sobre la mesa, el Congreso deberá votar la reforma de la ley 49/2002, lo más parecido que hay a una ley de Mecenazgo. Si sale adelante, será la primera reforma ambiciosa en 21 años tras varios intentos fracasados, con la salvedad de la modificación tributaria del PP en 2015. Después del Congreso, tendría que ser aprobada por el Senado y entraría en vigor en 2024. Sergi Miquel, el diputado del PdCAT que registró esta iniciativa en diciembre de 2020, esperaba un apoyo mayoritario, incluso hablaba de unanimidad, pero con el último movimiento del PSOE probablemente haya cambios en las posturas de algunos grupos.

Además de la equiparación fiscal de las confesiones religiosas, el nuevo texto pretende estimular el micromecenazgo, al incrementar los porcentajes de deducción. En el caso de las personas físicas, se eleva de 150 euros a 250 euros la base sobre la que se puede deducir el 80 por ciento en el IRPF. Es decir, si a un ciudadano que aportaba 150 euros a una ONG le costaba en realidad 30, ahora podrá elevar su aportación a 250 con un coste real de 20 euros más. En el caso de personas jurídicas, las deducciones en el Impuesto de Sociedades pasan del 35 al 40 por ciento.

La proposición de ley también actualizará el concepto de donativos y donaciones, incorporando las donaciones de servicios: asesoramientos jurídicos, proyectos de rehabilitación arquitectónica, espacios de publicidad en medios de comunicación... Otra novedad: los mecenas que aporten dinero a festivales o eventos culturales podrán recibir entradas como agradecimiento, siempre y cuando esta contraprestación no supere el 15 por ciento del valor de la donación y con un tope máximo de 25.000 euros. En total, se modificará una veintena de artículos.

«Nuestro texto tocaba cuatro leyes diferentes que iban desde cuestiones de impuestos hasta la ley de Patrimonio Cultural. Era más ambicioso. El PSOE nos pidió acotarlo a la ley de Mecenazgo», concede Miquel. En ese sentido, Luis Trigo, abogado y presidente de la fundación El secreto de la filantropía, explica que no estamos ante una nueva ley de Mecenazgo, sino ante una ley de incentivos fiscales al mecenazgo: «Ni mucho menos es una ley completa de Mecenazgo, pero es una reforma positiva porque va a dar a la gente mayor poder de actuación y mayor retorno fiscal, sobre todo si se complementa con cuotas de las leyes de las comunidades autónomas».

Se trata de una «ley de enfoque marcadamente liberal aunque con finalidad claramente social», resume Trigo. Por eso las reticencias iniciales de partidos como Podemos, más partidarios de que sea el Estado quien cobre los impuestos para después redistribuirlos. La Asociación Española de Fundaciones (AEF), por su parte, entiende que este tipo de medidas promueven que la sociedad civil pueda responsabilizarse de los problemas de la sociedad. Según su director general, Silverio Agea, esto afecta a temas de cultura, ciencia, emprendimiento, salud... «Está en juego el interés general. Se trata de mejorar desde la sociedad civil las condiciones de vida de la población vulnerable o personas excluidas. Lo que se va a votar podía ser mejorable, pero nos damos por satisfechos en estos momentos. Instamos a todos los grupos parlamentarios a que apoyen la ley».