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Una juez imputa a Nacho Cano por delitos contra los trabajadores en 'Malinche'

El Juzgado de Instrucción 19 abre diligencias contra el productor por la supuesta contratación ilegal de migrantes en situación irregular para su musical

Nacho Cano: «Es una persecución política, van a por mí porque apoyo a Ayuso»

Nacho Cano, en la rueda de prensa que ofreció tras su detención José Ramón Ladra
Jaime G. Mora

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El caso Nacho Cano alcanzó este martes una nueva dimensión con la imputación del exmiembro de Mecano y tres de sus colaboradores por los presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores, en relación con la polémica participación de una veintena de becarios mexicanos en el musical 'Malinche', que en septiembre debería volver a los escenarios con su tercera temporada. A través de un auto, la juez María Inmaculada Sánchez, del Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, notifica a Nacho Cano la apertura de diligencias previas por las supuestas irregularidades cometidas en la contratación de los becarios y que tendrá que declarar como investigado, una vez queden sustanciados una serie de oficios; entre ellos, las declaraciones de la denunciante y del resto de becarios, que aunque de manera paralela han denunciada a la Policía por la «desproporción» de su actuación, en esta causa figuran como perjudicados.

La investigación contra Nacho saltó a la luz a primeros de mes, cuando se supo que la Policía había detenido al músico y productor, que en una rueda de prensa denunció que se trataba de una «persecución política» por su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «El criminal es la Policía, a ellos hay que investigar», llegó a decir Cano, y atribuyó el origen del caso a la denuncia de una becaria «conflictiva» que les amenazó con denunciarles. En efecto, fue la denuncia de Lesly Guadalupe la que motivó la investigación policial, el pasado mes de enero. La joven relató que, tras superar un casting en México para formar parte de la compañía de baile en España, se le comunicó que fue seleccionada junto a otras 19 personas.

La representante de Cano, Roxana D., les informó, según figura en la denuncia, de que el proceso de formación comenzaría en diciembre de 2023 y terminaría en noviembre de 2024 o enero de 2025, con una remuneración mensual de 300 euros y la posibilidad de trabajar en la discoteca 'Templo Canalla' para obtener unos ingresos extras. La compañía se comprometía a regularizar la situación a los tres meses de la llegada de los chicos a España y a regularizar su situación por medio de un permiso de estudiante.

El atestado policial remitido al juzgado, en cambio, apunta a una serie de irregularidades cometidas por la compañía 'Malinche The Musical S.L.', cuyo responsable último es Nacho Cano. Según acreditan los agentes en su investigación, los becarios entraron en diciembre en España como turistas, «siendo aleccionados para fingir que accedían como tales». Roxana D. les dijo en un mensaje que consta en el atestado: «Les recuerdo que viajarán de turistas, no deben mencionar en migración que van a estudiar». Los becarios no debían llevar consigo ninguna documentación corporativa de la compañía 'Malinche', recibieron un billete de regreso sin intención de usarlo «a fin de sortear este control», según el auto, e incluso les recomendaron portar una guía turística para evitar sospechas. Las veinte personas elegidas entraron en España por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en distintas fechas, de manera escalonada.

El instructor ordenó llevar a cabo vigilancias en cinco días distintos entre enero y junio para conocer la situación administrativa de estas personas becadas y en qué condiciones estaban trabajando. ¿El resultado, según la investigación policial? «Estas personas se encontrarían formándose y trabajando [...] sin haber obtenido ningún tipo de autorización para ello, encontrándose, todos ellos, de forma irregular en el país, al haber contravenido la obligación de abandonar el territorio nacional cuando les fue notificado, a través de su abogado y representante, la denegación de las respectivas autorizaciones de estancias por estudios donde se fija un periodo voluntario de salida de 15 días, siendo esta obligatoria».

La Delegación del Gobierno denegó las solicitudes de estancia por estudio en el mes de mayo

Según la investigación policial, la petición de esa estancia por estudio se cursó entre los días 25 y 29 de enero, después de la llegada de los becados. La Delegación del Gobierno de Madrid dictó resoluciones denegatorias en mayo, al «no quedar acreditado que los estudios objeto de la solicitud conduzcan a la obtención de un título o certificado de estudios».

La Policía también acreditó en su investigación, mediante el visionado de los vídeos publicados por los becados y la propia productora en sus redes sociales, que los jóvenes actuaron en la obra y trabajaron en la discoteca tras el espectáculo, «por lo que no solo se encontrarían 'ensayando', sino también actuando y trabajando en la fiesta 'postshow'». El auto de la juez señala que en varios vídeos «se reconoce perfectamente a alguno de los seleccionados que trajeron de México 'becados' bailando, cantando o tocando algún instrumento en la actuación, totalmente caracterizados, maquillados y vestidos con ropa del musical o camisetas con el logo de Malinche».

A finales de junio, además, agentes realizaron una inspección de trabajo en un local de ensayo: «En el momento de la inspección se hallan en el local de ensayos diez personas de nacionalidad española, entre profesores y alumnos, y dieciséis bailarines de nacionalidad mexicana, todos ellos en situación irregular».

Con todas estas diligencias practicadas, el atestado policial concluye que «existen indicios de delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros ya que los investigados de manera intencional habrían ayudado a personas no nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea» a entrar en España vulnerando la legislación vigente. Quienes entran en el país como turistas tienen que volver a su país de origen pasados los 90 días, «pasando a la situación de irregular en caso contrario, salvo que le sea concedida una prórroga o algún tipo de autorización».

La Policía ve «ánimo de engañar o inducir a error» por parte de la compañía que dirige Nacho Cano, lo que «viene afianzado por la demora en la tramitación de las respectivas solicitudes de autorización de estancia por estudios» Los becados llegaron a España entre el 2 y 10 de diciembre de 2023 y las solicitudes se cursaron el 27 de enero de 2024.

«De lo hasta ahora expuesto a juicio de los investigadores se desprende que los investigados, a través de la compañía 'Malinche The Musical Spain S.L.', se estarían lucrando de la actividad laboral de sus seleccionados, quienes tras un breve periodo de aprendizaje de canciones y coreografías, pasarían a trabajar en el musical representado en el recinto ferial de Ifema de Madrid, percibiendo una cantidad económica por ello [de 500 euros finalmente], por debajo de convenio, llegando a expresar el estado de necesidad alcanzado, teniendo que recurrir a familiares y ahorros personales para lograr subsistir cada mes», se indica en el auto de la juez.

Algunos becarios recurrieron a familiares y ahorros «para subsistir»

Expuestos los hechos, la juez de instrucción ordena una serie de diligencias: tomar declaración a la denunciante y al resto de becarios perjudicados, pedir a la Inspección Policial de Trabajo que remita copia del acta de inspección llevado a cabo en junio, certificar con la Tesorería de la Seguridad Social la identidad de los trabajadores dados de alta, pedir al Registro Mercantil los datos de la compañía, recabar las autorizaciones oficiales del centro de enseñanza y, en última instancia, tomar declaración a los investigados, con Nacho Cano a la cabeza. Desde su equipo de abogados aseguran que este es el proceso judicial normal, tras el enorme revuelo que se armó con la detención «desproporcionada», y celebran que por fin tienen acceso a la denuncia. Ahora el caso sale del ámbito policial y pasa al judicial, y el músico tendrá que explicarse ante la juez de instrucción. Hay culebrón para largo.

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