Los guardianes del patrimonio luchan para evitar más 'ecce homos'

Aunque la Constitución y otras 18 leyes contemplan que los poderes públicos deben garantizar la protección del patrimonio, subrayan que «en ninguna de ellas se tiene en cuenta a los profesionales que intervienen en el mismo a diario, lo cual pone en peligro seriamente su conservación y preservación para generaciones futuras».

Es una realidad que el propio Ministerio de Cultura reconoció hace algo más de un año, cuando presentó un anteproyecto de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico con objeto de poner al día una norma que en más de 35 años apenas había sido modificada. «El simple paso de décadas en el caso de una ley ya genera la evidencia de un análisis y actualización», admitía la exposición de motivos, e incluía un artículo que obligaba a que «las actuaciones de conservación, restauración y rehabilitación» de bienes culturales fueran ejecutadas «por profesionales especializados con titulación o capacitación oficiales reconocidas en conservación y restauración». Es decir, no más casos como el 'Ecce Homo' de Borja.

Pero esta reforma la presentó el antecesor de Miquel Iceta, el exministro José Manuel Rodríguez Uribes, e incluía otras disposiciones contra las que las comunidades autónomas se levantaron al entender que les quitaba competencias. Así que Iceta, federalista convencido, en una de sus primeras medidas al frente de Cultura declaró que la ley había nacido «muerta» y se comprometió a presentar otro texto este año, como se recoge en el Plan Normativo del Ejecutivo. ¿Tiene previsto hacerlo próximamente? «La reforma quedó paralizada a la espera de consenso con las comunidades autónomas», responden desde el ministerio.

El diálogo entre Gobierno y comunidades sobre esta materia se produce en el Consejo de Patrimonio, que se reúne cada semestre. En la reunión del pasado mes de abril, nadie habló de la posible reforma de la ley de Patrimonio. Cultura ha convocado otro consejo para octubre, pero aún no ha remitido el orden del día.

«Nos dijeron que a finales de este año se iba a retomar», dice Francisco Espejo, presidente de ACRE, esperanzado como Carlos Caballero, su homólogo en PEPA, en que reme a su favor el arqueólogo Isaac Sastre de Diego, director general de Bellas Artes, y les puedan presentar personalmente sus propuestas. En cualquier caso, el ministerio asegura que las regulaciones profesionales «exceden» sus competencias.

«Una regulación permitiría que los verdaderos profesionales hicieran los trabajos»

Carlos Caballero

Coordinador de PEPA

Actualmente solo en la última reforma legal en Canarias se especifica que toda restauración debe ser realizada por profesionales titulados en esta materia. En otras, como en la de Andalucía, se alude a «técnicos competentes», una denominación que «abre la veda a que un artista o un imaginero intervenga en una obra y no lo podemos ni denunciar porque no podemos hablar de intrusismo profesional cuando la profesión no está regulada», denuncia Espejo.

Anabel Barrena, directora de un estudio de restauración en Córdoba con 30 años de experiencia, percibe «mucho intrusismo profesional a nivel local» y especialmente en imaginería, donde es «muy normal» que las cofradías dejen sus tallas antiguas en manos que no son de restauradores. «Se da muchísimo, pero como el resultado no es tan desagradable como el 'Ecce Homo' no llama la atención, pero eso no es restauración. Es un daño para el patrimonio porque borra la huella histórica de la obra de arte», añade Espejo.

«Se dan muchos casos, pero como el resultado no es desagradable como el 'Ecce homo' no llaman la atención»

Francisco Espejo

Presidente de ACRE

Irene Merino, autora de una 'Propuesta de regulación de la profesión de conservador-restaurador' publicada en 2015, lamenta que aún se confunda al restaurador con un «artista» con habilidades manuales y que incluso se fomente este error desde las instituciones públicas. «Se promocionan minicursillos y talleres de empleo desde ayuntamientos que sirven para dar unas pautas, pero no acreditan al personal para trabajar como restauradores profesionales», asegura citando, por ejemplo, a una escuela taller de Toledo cuyos participantes «recientemente han intervenido el puente de Alcántara».

Las prospecciones y excavaciones arqueológicas requieren de una autorización previa por parte de la Administración que, en teoría, reduce los casos de intrusismo en el caso de los arqueólogos, pero en las convocatorias públicas no se detalla que deban ser realizadas por estos especialistas. «Otros profesionales no titulados para trabajar en patrimonio cultural pueden participar en intervenciones arqueológicas e incluso dirigirlas», denuncia Carlos Caballero.

La regulación de la profesión es, para el coordinador de la PEPA, «un paso previo» al fin de la precariedad de este colectivo formado por entre 2.500 y 3.000 arqueólogos en activo en España, de los que un 70% son autónomos y un 20% trabajan en pequeñas empresas de menos de tres empleados.

No cuentan con un convenio colectivo propio, salvo en Galicia, y a sus problemas de inestabilidad y discontinuidad en el empleo suman la arbitrariedad de la Administración -«muchas de las decisiones están sometidas al criterio de cada técnico en cada momento y dentro de una misma administración no hay criterios comunes»- y también la presión de constructoras y promotoras, obligadas por ley a pagar sus intervenciones, previas a las obras de construcción o urbanización de un suelo.

Porque aunque la arqueología de investigación sea tal vez la más mediática, Caballero estima que «el 90% de los trabajos que se hacen en España, si no más, son de arqueología preventiva», la rama también llamada de urgencia o urbana, que procura salvar el patrimonio que pueda estar en riesgo de desaparición por un desarrollo urbanístico o el trazado de una vía.

Rafael Varón, miembro de la Junta Directiva de la PEPA, lamenta el «limbo» en el que se encuentra la profesión y que no se les tenga en cuenta en procesos en los que la figura del arqueólogo es a su juicio imprescindible, como, por ejemplo, en la elaboración de los planes generales de ordenación urbana o en la definición de áreas de protección arqueológica. «En el País Vasco hay un área mínima de 15 metros alrededor de las iglesias medievales y, sin embargo, en Castilla y León no se considera. Son diferencias de criterio entre comunidades autónomas que, curiosamente, no tienen en cuenta la opinión de los arqueólogos e ignorarnos a nosotros es ignorar el patrimonio subyacente», afirma.

En su día a día, se enfrentan además al expolio continuo de detectoristas de metales, que al excavar para hacerse con una pieza destruyen toda la información de contexto que los arqueólogos recopilan minuciosamente para recomponer la historia del lugar. A Varón le acaba de ocurrir en Arce-Mirapérez, donde se encuentra la ciudad prerromana y romana de Deobriga. «Hemos visto agujeros de pitero de esta semana o de la anterior», comenta disgustado. Es un ataque más. En este yacimiento de Miranda de Ebro «brillan por su ausencia» los metales en las excavaciones . «Se los han llevado», asegura.

En la plataforma de arqueólogos admiten un sentimiento de abandono y desamparo ante estos «intrusos» que atentan contra el patrimonio y llegan a alardear de ello en las redes sociales. «No comprendemos que un señor pueda grabarse en vídeo cometiendo un delito y nadie le eche en alto», dice Varón. Y Caballero lo secunda: «Deberían ser denunciados y detenidos por la Guardia Civil y sin embargo no solo tienen un reconocimiento social muy considerable, sino que además se permiten acusarnos a los arqueólogos de ser una especie de mafia y a decir que ocultamos los hallazgos, como si no cumpliéramos con el protocolo que obliga a entregar todo a un museo, donde debe terminar el patrimonio de todos».