2024: Calendario del malestar cultural en España

El panorama

Escasean las reformas (la del INAEM, por ejemplo), los acuerdos sectoriales y los pactos de Estado. Predomina una absoluta inactividad ante la amenaza de las grandes tecnológicas y los desafíos de la Inteligencia Artificial. La cultura, como la educación, no consigue un plan coherente e intenta no ser devorada por el desinterés o el oportunismo.

Ni la coalición de Gobierno ni la oposición comprenden lo cultural más allá de lo electoral. Unos han monopolizado un discurso trasladado a las identidades, el género y el revisionismo histórico, mientras que los otros se limitan a reaccionar al credo oficial, sin proponer una agenda alternativa.

Tres meses después de ocupar el cargo de ministro, y justo cuando Pedro Sánchez había creado una oficina de Asuntos Culturales en Moncloa, Ernest Urtasun puso en marcha una reestructuración y la creación de una dirección de derechos culturales.

A esta instancia correspondía, en principio, elaborar un plan de igualdad, coordinar con el resto de ministerios el Estatuto del Artista, impulsar medidas y ayudas para la «vertebración territorial», reeditar el bono cultural joven y promover la Conferencia Sectorial de Cultura.

Urtasun definió la cultura como un lugar de combate desde el cual dar proyección a su partido, Sumar. Sus coordenadas venían trazadas a partir de una serie de consignas más ideológicas que de gestión. Sus prioridades no se dirigían a la financiación o las reformas, sino a la eliminación de lo que ya existía. Desde el revisionismo y la descolonización hasta, por ejemplo, la anulación del premio Nacional de Tauromaquia o la abolición de la Ley de Patrimonio para declararla patrimonio cultural español.

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Los hechos

En 2024, las goteras de la Biblioteca Nacional acabaron en inundación; Velintonia, la casa del poeta Vicente Aleixandre, se debatió entre el desinterés del Ministerio de Cultura y la declaración BIC por parte de la Comunidad de Madrid; los museos asistieron al debate sobre la descolonización y las denuncias de abusos sexuales en el sector pusieron en el tapete la pregunta sobre hasta qué punto interesan como burladero de ataques políticos, o si en verdad existe una política organizada de seguimiento, sobre todo cuando ya existe un Ministerio de Igualdad dedicado a esos asuntos.

Si la Cultura ha servido al PSOE de Pedro Sánchez para generar interlocución política con determinados actores culturales, a Sumar le sirve como escaparate de la batalla ideológica contra sus socios.

Del otro lado, el Partido Popular, que apenas atina a un diagnóstico del sector, ha dejado paso a la torpeza de Vox, que elabora una formulación obcecada y discrecional de la programación cultural. Algunas de sus precipitadas prohibiciones permitieron a Urtasun contrarrestar con un Plan de Derechos Culturales contra la censura. Está previsto para 2025.

Los antecedentes

La cultura en España ha sufrido reveses e infortunios durante más de una década. A lo largo de las dos legislaturas de Mariano Rajoy, el sector vio desplomarse sus presupuestos al menos un 40% entre 2012 y 2015; encajó el golpe de un IVA del 21%; asistió al pinchazo de la ley de Mecenazgo, uno de los mayores reproches que entonces recibió José María Lassalle, secretario de Estado con José Ignacio Wert.

Tras la moción de censura, José Guirao, destacado gestor cultural y ministro entre 2018 y 2020, tampoco consiguió avances en el tema. Incluso Miquel Iceta, quien venía de la cartera de Política Territorial y prometía mayor peso en el consejo de ministros, se volcó más en la federalización de la cultura que en propiciar cercanías con Hacienda para favorecer la política de incentivos fiscales.

La ausencia de una cultura del mecenazgo ha sometido al sector a innecesarias travesías. ¿El ejemplo más reciente? La pasada edición de los premios Goya, Pedro Almodóvar empleó parte del turno de palabra para contestar a las críticas de Vox a las subvenciones al cine. Su discurso tuvo más de soflama o, incluso, apoyo al Ejecutivo que de reivindicación. Que el propio sector no sea capaz de proyectar lo cultural lo hace débil.

Del otro lado, y salvo algunas excepciones como Marta Rivera, reina el desconocimiento. Al vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, su condición de portavoz político le impide abordar los problemas de la cultura. No los conoce y, cuando se asoma a los asuntos sectoriales, los despacha con escaso conocimiento y superficialidad. Ni en los partidos de la coalición ni en los de oposición existe un portavoz que estudie y haga seguimiento al sector.

#MeToo y Cultura

Es el tema pendiente, tanto por la naturaleza de las denuncias como por la evolución de las investigaciones. Comenzó poco antes de los Goya, cuando 'El País' publicó los testimonios de seis mujeres anónimas contra el director Carlos Vermut, a quien acusaron de violencia sexual. También el dramaturgo y director teatral Ramón Paso, el actor Juan Codina o el cineasta Armando Ravelo fueron señalados por acoso sexual.

La más reciente de las acusaciones fue contra Eduard Cortés, director de cine, señalado de abuso sexual por 27 mujeres que prestaron su testimonio a la misma cabecera. Actrices como Norah Alexandra Vega, Sofía Barco y Nicole León, así como la fotógrafa Silvia Grav, denunciaron lo sucedido después de que estallase el caso Íñigo Errejón, cuando la actriz Elisa Mouliaá denunció al líder político por presuntos delitos sexuales.

Justo en aquellos días, la periodista Cristina Fallarás presentó el libro 'No publiques mi nombre', que reúne más de mil testimonios anónimos contra la violencia sexual que le llegaban por las redes. Si bien el ministro Ernest Urtasun comunicó que impulsaría dentro de su departamento una unidad de atención y «prevención de las violencias machistas» en el sector cultural, la concreción del anuncio dejó en el aire la duda sobre hasta qué punto la falta de recorrido judicial de estos casos, en lugar de aclarar los hechos, comienza a servir como mecanismo de cancelación y confusión sobre un asunto muy serio.